El presidente Horacio Cartes y su antecesor Nicanor Duarte Frutos se aprestan a asumir inconstitucionalmente sus bancas en el Congreso como senadores activos, en vez de hacerlo como senadores vitalicios, según manda la Constitución en su art. 189. Lo harán mediante un espurio pacto político concertado por ambos con el presidente electo, Mario Abdo Benítez, para que los legisladores que responden a este apoyen la moción de quienes están a favor de ese flagrante atropello al ordenamiento jurídico de la República, y cuyas imprevisibles consecuencias políticas podrían socavar los cimientos del orden democrático del que la nación disfruta desde el derrocamiento de la dictadura.
Ante esta ominosa perspectiva, los ciudadanos y las ciudadanas deben tomar conciencia de que estamos ante un quiebre institucional muy grave, cuyas consecuencias podrían conducirnos de nuevo hacia los tenebrosos senderos del autoritarismo y la anarquía por los que penosamente hemos transitado durante largo tiempo. Corresponde, en consecuencia, que la gente demuestre firmemente su disconformidad con que ese antidemocrático binomio ocupe sus curules como senadores elegidos, en vez de hacerlo como vitalicios, de conformidad con nuestra Carta Magna. Esto porque, siendo la nuestra una sociedad libre y democrática, ella debe estar presta para defenderse contra quienes han tenido la desfachatez política de desnaturalizar claras disposiciones constitucionales, con la complicidad de la Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Ambas instituciones están miserablemente corrompidas, cooptadas e instrumentadas por el Poder Ejecutivo, con la espada de Damocles del juicio político pendiente sobre sus cabezas en manos de un Poder Legislativo indigno e igualmente corrupto.
Defender a como dé lugar la vigencia de la Constitución debe convertirse en una causa ciudadana para todos los que valoran la libertad y la democracia: todo el pueblo, obreros, estudiantes, líderes empresariales, culturales, deportivos, académicos y políticos con sentido de responsabilidad y patriotismo genuinos.
Lo que Nicanor Duarte y Horacio Cartes se aprestan a consumar es un alevoso atentado contra la democracia que debe merecer el espontáneo repudio de la ciudadanía. El dinero sucio, originado en el robo al Estado y en cuestionados negocios, del que ambos se valdrían para comprar la conciencia de legisladores codiciosos y sin ética, no podrá servir para hacer lo propio con la gente digna que no está dispuesta a tolerar una regresión autoritaria de la mano de aventureros mesiánicos, como lo son ambos.
La ciudadanía sana no debe amilanarse ante la violencia política en que incurren esos marginales políticos, ni ante la torcida vara de la justicia prevaricadora siempre presta a confabularse con los políticos averiados, habilitándoles para transgredir la Constitución y las leyes, al tiempo de asegurarles impunidad. En contrapartida, si el pueblo se decide firmemente a defender la legalidad y a oponerse al juramento de Cartes y Duarte Frutos, será con justa causa, amparado en el art. 138 de la Constitución, que “autoriza a los ciudadanos” a resistir “por todos los medios a su alcance” a quienes intenten detentar un poder público en contra de los postulados de la propia Carta Magna.
Ciertamente, las instituciones democráticas no garantizan que la gente elija a gobernantes sabios y con ética de responsabilidad, pero al menos proporcionan una forma regular y no violenta para reemplazar a los malos gobernantes. Por tal razón, los liderazgos antidemocráticos, como los propiciados por Nicanor Duarte en su tiempo y por Horacio Cartes en la actualidad, unidos ambos ahora para atropellar la Constitución, pueden ser costosos y hasta sangrientos, como pudo comprobarse con la muerte violenta del joven Rodrigo Quintana en la madrugada del 1 de abril de 2017. En aquella ocasión, cuando la ciudadanía tomó las calles para oponerse al inconstitucional proyecto de reelección de Horacio Cartes, el presidente electo, Mario Abdo Benítez, tomó valiente partido en contra de la violación de la Constitución, ganándose espontánea simpatía pública, tanto de sus correligionarios colorados como de integrantes de otros partidos, así como de la ciudadanía en general.
Sin embargo, su vergonzoso cambio de actitud tras su victoria electoral, en el sentido de mostrarse ahora dispuesto a apoyar la ilegítima investidura de senador activo por parte del binomio Cartes-Duarte Frutos, no deja de sorprender, ya que, con base en esos antecedentes, se esperaba de él una postura institucional firme en cuanto a que ambos debieran acatar la calidad de senador vitalicio con que la Constitución los distingue por haber tenido el honor de fungir como presidentes de la República democráticamente electos.
Además, conocidos de sobra los antecedentes inmorales de los personajes aludidos y sus lacayos, no debe descartarse que, una vez inmersos desde sus nuevos cargos en el lodazal de los sucios manejos a que están acostumbrados, “Marito” quede atrapado en algún entuerto. En este escenario, en cualquier momento en el futuro, los aludidos mercaderes de la política y sus aliados mercenarios le podrían tender una celada para apartarlo del poder.
Por la salud democrática de la República, “Marito” debiera atender muy bien el peligroso paso que va a dar, para no acabar convirtiéndose en vulgar títere del binomio de la autocracia criolla. Aún está a tiempo de rever su fatal decisión.