En los últimos días, la Justicia Electoral entregó al Ministerio Público una lista de quienes votaron dos veces en los comicios internos simultáneos de la ANR y del PLRA, realizados el último 26 de julio. Allí aparecen los nombres de 2.652 electores, afiliados a ambos partidos, que incurrieron en un delito que se sanciona con pena de uno a tres años de prisión, más una multa equivalente a doscientos jornales. Así lo dispone el art. 323, inc. b), Código Electoral, que en la práctica constituye letra muerta.

Hasta ahora, el delito electoral ha sido tolerado como si no tuviera importancia o, en todo caso, como si fuera un fenómeno propio de nuestra cultura política y, en consecuencia, tolerable. Se diría que muchos compatriotas no saben que se trata de una práctica ilícita, pero ocurre que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. No solo se retienen cédulas de identidad para impedir el sufragio, sino que también se compran votos, como es de pública notoriedad. Quienes votaron tanto en las elecciones internas coloradas como en las liberales, realizadas el mismo día justamente para impedir ese delito, no lo hicieron por su adhesión a ambos partidos, sino por el dinero que pidieron o les ofrecieron.

Si no se sanciona a quienes cometieron el delito, sería acaso excesivo pretender que también se investigue a quienes les indujeron a delinquir, pues el art. 278 del Código Penal castiga con hasta cinco años de cárcel o con multa a quien coaccionara a otro para ejercer su derecho en cierto sentido, mediante la “presión económica o el abuso de una relación de dependencia profesional o económica”. Por lo demás, hay que admitir que la venta del voto suele ser voluntaria, pues hay bribones que solo desean sacarle un provecho económico a los comicios de todo tipo, y que incluso integran el plantel de los operadores políticos mercenarios. También se debe castigar a los miembros de las mesas receptoras que admitieron deliberadamente el doble voto, según el art. 317, inc. d), del Código Electoral. Para comenzar, la Fiscalía se debería concentrar en perseguir y en lograr la condena de quienes, según el informe de la Justicia Electoral, delinquieron por algún motivo, con el fin de que la pena tenga también un efecto disuasorio.

Esta es la primera vez que la Justicia Electoral denuncia ante el Ministerio Público a determinadas personas que habrían cometido un delito electoral, de acuerdo a un Código promulgado en 1996. Tuvieron que pasar casi veinte años para que dé ese paso y ahora solo cabe esperar que los fiscales y los jueces competentes no demoren demasiado para acabar con la impunidad en materia electoral.