Los “cuidacoches” de Asunción ya no están de acuerdo solo con que la firma concesionaria del sistema de estacionamiento tarifado incorpore como empleados a 450 de ellos. Ahora quieren que el sistema sea administrado por la Municipalidad y que, para el efecto, contrate a más de 700 de ese grupo, previo compromiso firmado por el intendente Mario Ferreiro. O sea que quienes de hecho han venido usurpando espacios del dominio público municipal con prepotencia, hostigando a los automovilistas que rechazan sus servicios, todavía tienen la osadía de exigir al jefe comunal que no suscriba el contrato de concesión y que, además, los ponga a sueldo de la Municipalidad.
Es obvio que no tienen el derecho que se arrogan, y que el personal municipal ya es demasiado amplio como para que también deba incluir a unos avivados que no hacen más que extorsionar a los conductores. Su repudiable actuación callejera no debe ser regularizada a costa de todos los contribuyentes, incluidos aquellos que carecen de vehículos. Si los vendedores ambulantes instalados en la zona de obras del viaducto de Madame Lynch y Aviadores del Chaco habían exigido una indemnización de diez millones de guaraníes, los “cuidacoches” van mucho más lejos en su descaro al reclamar una contratación que, por lo demás, sería ilegal, porque excluiría un previo concurso de méritos. Estamos, así, frente a una verdadera extorsión.
Si una empresa privada quiere contratarlos, es cosa suya, pero el dinero público no debe ser malgastado para cohonestar una actividad a todas luces irregular. Quieren forzar al intendente a que se comprometa a satisfacer sus exigencias como si solo de él dependiera que el presupuesto municipal incluya las partidas para crear nuevos cargos. Invocan su condición de “humildes” como justificativo para violar la ley. Los damnificados por ellos son mucho más numerosos, pero tienen la desventaja de no estar organizados. Hay toda una “Asociación de Cuidacoches” que se preocupa de sus miembros, pero no hay una integrada por los automovilistas que rechazan su servicio no solicitado.
Mientras quienes en la práctica privatizaron tramos de muchas calles de la capital demandan una tajada del presupuesto municipal apelando a la sensibilidad “social” del intendente, los contribuyentes apelan a su sentido común para que se niegue a aceptar una pretensión tan disparatada. De ser aceptada la exigencia, autorizaría a cualquiera que en el futuro se crea afectado por alguna medida urbanística legal a reclamar también su contratación, al margen de las necesidades administrativas, de las disposiciones legales y de la situación financiera de la Municipalidad. El intendente y los concejales deben evitar dejar un precedente tan nefasto.
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