Como es sabido, el contubernio carto-lugo-llanista se extendió a asuntos ajenos al propósito inicial de atropellar la Ley Suprema para aprobar la reelección por la vía inconstitucional de la enmienda, en beneficio del presidente Horacio Cartes y del senador Fernando Lugo. La resistencia ciudadana provocó el abandono del malhadado proyecto, pero el complot de la triple entente continúa para soliviantar la legalidad en otros campos, removiendo a los representantes de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, o convalidando sesiones “mau” en ambas Cámaras del Congreso y destituyendo a sus autoridades, para colocar al frente de los dos cuerpos legislativos a parlamentarios funcionales a la coalición.
En coincidencia con estos acontecimientos que apuntan todos a allanar el camino para que la entente vaya acaparando el poder, llamativamente, se aprobó en el Senado, en general, un proyecto de ley que grava la exportación de granos en estado natural (conocido como de “impuesto a la soja”), presentado por la bancada del Frente Guasu, contra la oposición de amplios sectores de la producción, del presidente del Banco Central, Carlos Fernández Valdovinos, y hasta de la propia ministra de Hacienda, Lea Giménez. Más aun, el propio presidente Cartes suele pronunciarse en contra de una iniciativa similar.
Cabe preguntarse, entonces, cómo es posible que los senadores “cartistas” hayan apoyado un proyecto de ley cuestionado por la propia ministra encargada de la administración tributaria, siendo público y notorio que obedecen ciegamente las indicaciones del jefe del Poder Ejecutivo. Se podría responder que celebraron un “pacto de caballeros”, y que se vieron moralmente constreñidos a retribuir los servicios prestados por sus socios luguistas en las otras cuestiones, sin perjuicio de que también hayan creído necesario mantener la connivencia ante la próxima designación del fiscal general del Estado y, eventualmente, del nuevo titular del Ministerio de la Defensa Pública.
Sin embargo, las interpretaciones que anteceden igualmente son compatibles con la de que el presidente Cartes quiera tener colgada una espada de Damocles sobre la cabeza de quienes participan en la producción y exportación de granos, primera fuente de ingreso de divisas al país, porque el caso es que esto no apeligra solamente a estos empresarios, sino a todos los demás sectores que intervienen en la cadena productiva, tales como las entidades crediticias que operan con ese poderoso sector, los proveedores de insumos, los vendedores de maquinarias agrícolas, los camioneros, los navieros, etc., etc.
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Asimismo, debe recordarse que el presidente Cartes anunció más de una vez que vetaría una ley sancionada en el sentido original y que el proyecto aún debe ser estudiado en particular por el Senado. No obstante, nadie ignora que el Primer Mandatario puede cambiar de opinión en cualquier momento, tal como lo demostró al seguir insistiendo con la enmienda inconstitucional tras haber desistido de ella en su mensaje del 31 de octubre de 2016. Pero, dados los tejemanejes de esta cuestión, puede pensarse que se está ante una maniobra política muy sutil, destinada a forzar a los sectores afectados por el posible gravamen a apoyar la candidatura de Santiago Peña, y, eventualmente, contribuir para su campaña electoral, teniendo pendiente la amenaza de que la ley podría ser finalmente sancionada y promulgada.
A ningún gobernante sensato que aspire a ser reelecto o busque imponer un sucesor se le ocurriría promover o consentir nada menos que la creación de un impuesto tan nocivo a poco más de un año de que concluya su mandato. Sería un suicidio desde el punto de vista político-electoral, ya que no se ganan votos metiendo la mano en el bolsillo de la gente. Por lo tanto, es poco probable que el titular del Poder Ejecutivo incurra en tamaño despropósito, salvo que el objetivo sea castigar a quienes se nieguen a secundar sus pretensiones. Como los indicios señalan que su candidato es incapaz de concitar el fervor de sus nuevos correligionarios, necesitaría lograr para él la adhesión de la mayor cantidad de círculos influyentes, aunque sea mediante el chantaje encubierto.
Según el senador Hugo Richer (Frente Guasu), la aprobación del proyecto de ley, acordada entre los conjurados, “está en situación de espera”. Esta es justamente la situación que podría estar buscando el Presidente de la República para alinear detrás de Santiago Peña a los sojeros, a sus proveedores de insumos y a sus acreedores comerciales y bancarios, pues el “cháke” del gravamen resulta para ellos mucho más convincente que los discursos del delfín.
Es lógico que la actual incertidumbre preocupe bastante a los productores de soja y demás sectores involucrados en dicha actividad, que, como hombres de trabajo, aspiran a que sus legítimos intereses sean atendidos y a poder elegir libremente a un candidato. Si los funcionarios públicos pueden ser extorsionados, está visto que también pueden serlo quienes se dedican a producir, mediante la amenaza de aplicarles un impuesto, por ejemplo.
La arbitrariedad es la regla cuando el Poder Judicial depende de los políticos y estos descuellan por su indecencia, hasta el punto de fraguar las más raras alianzas cuando está en juego el poder. El país carece de seguridad jurídica, porque la magistratura no es confiable y porque las leyes no suelen responder a criterios racionales, siendo sancionadas o derogadas según los intereses políticos de la hora.
Seguramente esta “situación de espera” se prolongará hasta que los amenazados tomen una decisión personal y Horacio Cartes, de quien depende el destino del proyecto de ley, resuelva en consecuencia.