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El último viernes, unas cuarenta familias afectadas por la crecida del río Paraguay levantaron casillas en las emblemáticas plazas de Armas y Juan de Salazar, situadas frente al Palacio Legislativo y al Centro Cultural de la República (El Cabildo), respectivamente. Se instalaron en dos inmuebles del dominio público municipal, en vez de dirigirse a los refugios habilitados por la Municipalidad de Asunción y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Para erigir sus albergues, cavaron pozos destruyendo baldosas, cuya sustitución costaría 50 millones de guaraníes, según el jefe municipal de Áreas Verdes, Gerardo Rolón Pose. La reparación del daño patrimonial causado se encarecerá mientras prosiga la ocupación, pues la experiencia indica que también se robarán focos y se estropearán bancos, cordones de aceras e incluso algún monumento. El art. 158, inc. 4°, del Código Penal castiga con hasta tres años de cárcel o con multa a quien destruya, total o parcialmente, “una cosa destinada al uso público o al embellecimiento de vías públicas, plazas o parques”. La misma normativa sanciona el robo de la energía eléctrica, que ya se estaría perpetrando, porque la administración municipal creó la condición propicia.
Y bien, tanto el citado funcionario como Enrique Chávez, de la Dirección General de Riesgos y Desastres de la Municipalidad, mintieron al negar que la ocupación irregular haya sido autorizada por dicha institución. El ministro de la SEN, Joaquín Roa, reveló que el sábado, en su despacho, el jefe de gabinete del Intendente, Marcelo Mancuello, le dijo cuanto sigue: “Vamos a dejarles que se instalen hasta que se termine el proceso de evacuación”. El engaño fue reforzado con la denuncia contra personas innominadas hecha ante el Ministerio Público por el asesor jurídico municipal, Juan Carlos Ramírez Montabetti. Se trata de una tomadura de pelo, atribuible a la desfachatez de quien se ha venido burlando de la confianza ciudadana recibida hace poco más de tres años.
El culpable de la ilícita autorización y de la canallesca falsedad montada es el intendente Mario Ferreiro, que debe “disponer el inventario y la buena conservación de los bienes mobiliarios e inmobiliarios del patrimonio municipal”, según el art. 51 de la Ley N° 3966/10. Permitió que se estropearan dos plazas, que la población asuncena fuera privada de su uso normal y que sus subordinados apelaran al engaño, a lo que debe sumarse que obligará a los contribuyentes a reparar los destrozos causados. Para ocultar su complicidad, llegó al colmo de denunciar a quienes su propia administración había autorizado a ocupar dos plazas, que debía mantener en buen estado. ¿Desmentirá a las decenas de familias del Bañado Norte, que se mudaron “provisoriamente” a las aceras y los sitios de descanso de la Avda. Costanera Norte, con el permiso de funcionarios comunales, según sus voceros? Permanecerán allí porque Ferreiro no quiere defender el bien común, sino dar rienda suelta a su vocación populista. Es un vulgar demagogo a quien la Ley Orgánica Municipal le importa un bledo, lo mismo que el Código Penal.
Se facilitó la comisión de un delito, a plena luz del día y a pocos metros de la sede de la Comandancia de la Policía Nacional, institución encargada de preservar la seguridad de las entidades y de sus bienes. El art. 6°, inc. 5°, de su ley orgánica le obliga a “intervenir de oficio” los hechos delictuosos, y el inc. 32, a “prestar auxilio” a las instituciones que legalmente lo requieran. Cabe citar esta última cláusula, pues Rolón Pose –imputado desde 2014 por el delito de lesión de confianza en perjuicio de la Senavitat– también mintió al contar que fue inútil pedir la ayuda de la Policía Nacional. Al respecto, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, señaló que la Municipalidad había solicitado que los de uniforme acompañaran el traslado de los damnificados a las plazas, es decir, que los protejan mientras se aprestaban a dañar el patrimonio municipal.
Por si fuera poco, su colega Roa requirió al ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, que se les brinde asistencia médica con un puesto de salud, en el mismo lugar donde se instalaron. Para huir de una inundación, todos los años se ocupa un bien del dominio público municipal, ante la pasividad de las autoridades nacionales y municipales, en perjuicio de los asuncenos, privados así del uso normal de plazas, parques, calles, avenidas o veredas. Lo novedoso aquí es que la ilicitud fue perpetrada gracias, incluso, a la generosa ayuda de la propia Municipalidad, a la que se sumó un par de entidades nacionales.
No se desconoce que son numerosas las familias que deben ser atendidas en situaciones como esta, pero como ni la riqueza ni la pobreza autorizan a ignorar la ley, es preciso que se tomen de una vez las medidas preventivas y represivas que precautelen el patrimonio de todos, sin caer en la tentación populista de permitir o hasta de alentar la “privatización” anual de bienes del dominio público municipal. Ella no siempre es provisoria, como lo demuestra el caso del Parque Caballero, parcialmente ocupado por intrusos ante la indiferencia del lamentable intendente. “Vinieron para quedarse”, como otros que se ubicaron en sitios menos céntricos, molestando a los vecinos. Según el ministro de la SEN, la Municipalidad ofrecerá a sus referidos “permisionarios” irregulares ubicarse en dicho parque, con lo que solo trasladarían el problema. No sería menos perjudicial para todos que se muden allí, quizá por tiempo indefinido. Se dice que no quieren alejarse de sus casas, como si tuvieran el derecho de que tengan a su disposición un parque o una plaza cercanos. Es como si uno pudiera reclamar al Estado o a la Municipalidad que autorice a ocupar un inmueble del dominio público aledaño a su lugar de trabajo. Para Ferreiro, la pretensión sería admisible.
Puede que la velocidad de la actual inundación sea extraordinaria, pero el grave problema referido es de muy larga data. Se desechó la idea de levantar una defensa costera, porque el “efecto palangana” impediría el desagote de las aguas de lluvia. Se prefirió construir una larga avenida costanera que reduciría el impacto de las crecidas, sin impedir que las familias residentes en zonas pantanosas –declaradas habitables por una ordenanza que redujo la cota– escapen del todo a sus efectos. Es patético que no se pueda solucionar definitivamente un drama anual, que no solo afecta a quienes viven junto al río. También incide en las finanzas municipales, pues reubicar a las víctimas cuesta unos 20 millones de dólares anuales. Las crecidas son aprovechadas por los politiqueros para ganar el voto de los damnificados mediante la distribución de chapas, alimentos o maderas terciadas, de lo que se deduce que estarían interesados en que la triste historia se repita. También el intendente, claro, apunta a una contrapartida electoral, autorizando a los damnificados a asentarse donde se les antoje.
Urge solucionar este drama periódico, cuyas víctimas tienen que ser socorridas, pero sin violar la ley. El 19 de febrero, altas autoridades nacionales y municipales, así como el arzobispo de Asunción, firmaron en el Palacio de López un “Memorándum de Entendimiento sobre Proyectos y Mecanismos para el Desarrollo y la Ejecución del Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción”. Uno de los firmantes fue el defraudador de esperanzas Mario Ferreiro, lo que hace dudar de que los trabajos sean ejecutados, al menos antes de los próximos comicios municipales. Si cree que actuaciones como las referidas le permitirían ser reelecto, está muy equivocado. Los votantes de Asunción no se dejarán engañar de nuevo por este farsante.