Cargando...
Es muy saludable que el expresidente Horacio Cartes haya sido convocado para declarar el próximo viernes ante la Comisión Bicameral de Investigación. Siendo evidente que sabe mucho acerca de su “hermano del alma” Darío Messer, sería incomprensible que se prescindiera de las valiosas informaciones que puede brindar sobre los manejos financieros del hoy prófugo antes y –sobre todo– después del 15 de agosto de 2013, en que Cartes asumió la Primera Magistratura.
A la fecha, ya se ha confirmado que compró a título personal bonos soberanos emitidos bajo el Gobierno anterior, recurriendo al banco del mismo Cartes, es decir, a BASA, según la Fiscalía. También se sabe que estaba asociado con Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, primo del exjefe de Estado, en la empresa Matrix Realty SA, abierta luego de aquella fecha y a través de la cual, así como de la empresa Chai SA, adquirió más bonos soberanos con la intermediación de la Casa de Bolsa de Valores Puente. El director de esta firma corredora, Patricio Fiorito, admitió ante la comisión que las cuentas de las citadas firmas fueron abiertas a sabiendas de que Messer estaba procesado en el Brasil, pero se excusó con que fueron recomendadas por entidades del sistema financiero local, y mencionó a BASA y al Banco Nacional de Fomento (BNF). Ya se sabía que la Seprelad –órgano dependiente de la Presidencia de la República– nada hizo en 2015, tras haber recibido del BNF un reporte sobre las operaciones sospechosas del aún fugitivo.
Hace un par de días, la exfuncionaria de esa Secretaría Raquel Cuevas reveló que el “hermano del alma” era observado por el organismo desde 2012 y confirmó que un informe completo, de junio de 2017, en el que se hacía constar la cercanía de Messer con el exjefe del Poder Ejecutivo, fue ampliado por orden del ministro Óscar Boidanich, quien luego disolvió el comité que investigaba el caso. El extitular de Seprelad remitió el informe final al Ministerio Público recién en abril de este año, el mismo día en que este diario publicó que, entre 1988 y 2000, Messer abrió 19 cuentas en el mismo banco suizo en el que lo hizo Horacio Cartes en 1989. “La investigación sobre el sujeto principal ya estaba terminada” y “la oportunidad se perdió cuando no se envió el primer informe”, según la declarante. En suma, fue “cajoneado” por orden de un subordinado directo del entonces presidente de la República, aún no investigado por la Fiscalía.
Como ciudadano particular que es actualmente, Cartes está obligado a comparecer ante la comisión conjunta de investigación, creada con respecto a un asunto de indudable “interés público”, según lo dispone el art. 195 de la Constitución, para brindarle la información y los documentos que ella le requiera. El diputado colorado Pedro Alliana y el senador del mismo partido Sergio Godoy –abogado asesor en 2013 del pedido de naturalización de Messer, siendo Cartes ya presidente electo–, aconsejaron a su líder que no responda a la citación, pues la comisión sería “ilegal” por inmiscuirse en el ámbito judicial. Valga como réplica a tan antojadiza sugerencia lo que dispone la penúltima parte de la norma antes citada: “La actividad de las comisiones investigadoras no afectará las atribuciones privativas del Poder Judicial (...); sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni menoscabarán las resoluciones judiciales, sin perjuicio del resultado de la investigación, que podrá ser comunicado a la justicia ordinaria”. No existe, pues, interferencia alguna. El mismo art. 195 dice que la ley establecerá las sanciones por el incumplimiento de la obligación de comparecer. Lo hace la N° 137/93, en su art. 5°, al prever una multa de entre treinta y cien jornales mínimos diarios o un arresto domiciliario de seis a quince días, a ser dispuestos por un juez en lo criminal de turno, dentro de un plazo no mayor de tres días, incluso aunque el citado asista pero se niegue a declarar, todo ello sin perjuicio de las disposiciones penales que correspondan. La comisión bicameral puede hacer que Cartes comparezca con el auxilio de la fuerza pública, si este escuchase el mal consejo de sus asesores. En tal caso, la opinión pública podría creer que tiene aún mucho que ocultar en este mayúsculo escándalo, en el que se ha evidenciado que no solo la Seprelad, sino también el BNF, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y la Subsecretaría de Estado de Tributación no examinaron, como debían, las operaciones financieras del delincuente brasileño, cuyas empresas aumentaron en gran medida sus respectivos capitales, con dinero mal habido.
Según el exministro de Hacienda y precandidato colorado cartista a la Presidencia de la República, Santiago Peña, “no es una información relevante quién compra los bonos. Cada instancia tiene su órgano regulador que cerciora el origen de los fondos”. Dejando de lado la contradicción y que, por lo visto, al susodicho no le importaría que el crimen organizado fuera acreedor del Estado paraguayo, convertido en una gran lavandería, es de subrayar que quizás no fue una mera casualidad que la notoria negligencia de los órganos mencionados se haya dado bajo el anterior Gobierno. Quien lo ejerció tenía relaciones fraternales y financieras con quien aún anda oculto, tanto de la Justicia brasileña como de la paraguaya.
Si tuviera la dignidad de declarar ante la comisión bicameral de investigación, no lo haría como acusado, sino como alguien que debe ayudar a que se conozca la verdad en una cuestión que interesa a toda la ciudadanía.
Ella tiene derecho a saber cómo es que Messer pudo actuar con tanta libertad, hasta el punto de ser favorecido por un veto del Poder Ejecutivo que envió al mazo una ley que convertía en reserva forestal una parte del Paraná Country Club, de Hernandarias, donde residía, y por otro decreto sobre un predio estatal en el que se iba a instalar un hotel-casino en Ciudad del Este, proyecto frustrado por la opinión pública y en cuyas tratativas había intervenido el “hermano del alma”, junto con el clan Zacarías Irún.
Es de esperar, pues, que Cartes tenga el coraje de cumplir con su obligación como ciudadano, además de convertirse en el primer expresidente del país que contribuya a ilustrar a sus compatriotas, compareciendo ante el órgano ad hoc previsto en la Carta Magna.