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En Ciudad del Este cundió la alarma porque una comisión de la Cámara de Diputados del Brasil aconsejó aprobar un proyecto de ley que crea una zona de libre comercio en Foz de Yguazú. La preocupación es tal que el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Alto Paraná (Cicap), Charif Hammoud, declaró que la capital de ese departamento “tiene un solo camino, que implica formalizar, ordenar y mejorar la infraestructura”, agregando que para que pueda competir con la zona de libre comercio planteada se necesita que “el turista se sienta confortable, seguro, a gusto, para pasear con su señora, sus hijos, pasar más tiempo en Ciudad del Este, divertirse y hacer compras”. Todo esto es muy cierto. Ahora bien, los propios esteños siempre quisieron sentirse en su ciudad como ese turista al que se quiere atraer con mayores incentivos, sin que hasta ahora sus requerimientos hayan sido atendidos por nadie. En otros términos, tenían y tienen derecho a vivir en una ciudad acogedora y segura, aunque no se cierna sobre ella ninguna amenaza comercial. El titular de la Cicap ha de saber desde siempre que los esteños no pueden sentirse cómodos si deben soportar frecuentes cortes de luz y de agua potable, si la delincuencia y la drogadicción proliferan, si la principal avenida está llena de baches y los baldíos son basureros, si faltan veredas o están ocupadas por talleres mecánicos. Es de suponer que, gracias al dictamen de la citada comisión brasileña, se impulsará ahora una campaña para que la Essap y la ANDE mejoren sustancialmente sus servicios, para que la Policía Nacional tenga presencia más activa en las calles, y para que la administración municipal sea eficiente y honesta, justo lo contrario de lo que es hoy.
En efecto, la parte paraguaya de la Triple Frontera y Ciudad del Este están siendo desde hace muchos años feudos del clan colorado de los Zacarías Irún, teniendo en cuenta que el jefe del clan, el exdiputado Javier Zacarías Irún, fue intendente local; su esposa Sandra McLeod es la actual intendente, y su hermano Justo Zacarías Irún, exfuncionario de Itaipú y exdiputado, es el gobernador del Alto Paraná. Tablero completo. En consecuencia, este clan es el gran responsable de los males que aquejan a esa importante región, que el titular de la Cicap desea mejorar.
Sandra McLeod es la misma jefa comunal que, a mediados del año pasado, sostuvo que la Municipalidad no estaba en quiebra y que no adeudaba a sus 2.655 funcionarios, para terminar solicitando en noviembre un préstamo ilegal de 8.500 millones de guaraníes, con la complicidad de la Junta Municipal, para poder pagar los salarios. El disciplinado voto de los diputados “cartistas” le salvó en agosto de 2016 de la intervención solicitada por siete concejales que invocaron nada menos que veinticinco causales. Está claro, entonces, que para aspirar a mejorar la ciudad, como pretende el titular de la Cicap, se debe extirpar del gobierno local y del departamental a los integrantes de este perjudicial clan que como garrapatas se aferran a los principales cargos políticos del departamento.
Los Zacarías Irún son los amos y señores de un municipio en el que la calidad de vida de sus pobladores no preocupa en absoluto a los que mandan, y en el que las llamadas “fuerzas vivas” no se han distinguido, precisamente, por expresar con la energía que corresponde las inquietudes de los vecinos. La mayoría de sus miembros son paracaidistas, residen en Foz de Yguazú donde depositan sus ganancias, y les importa un bledo que Ciudad del Este sea insalubre, incómoda y un antro de delincuentes. Los residentes, en cambio, tienen el mayor interés en que esas deplorables características de la urbe sean eliminadas.
En vez de seguir siendo un sucio cobijo para adquirir productos de contrabando, Ciudad del Este debe convertirse en un área de comercio legal y ventajoso, así como de recreación por los numerosos atractivos con que cuenta la zona. Urge esa transformación porque, hasta ahora, los turistas suelen visitar Ciudad del Este solo por un par de horas, y no precisamente para admirar sus parques o la magnífica obra de ingeniería como lo es la represa de Itaipú. Vienen y se van apresuradamente, en tanto que los esteños deben resignarse a permanecer en una urbe abandonada, azotada por bandas de delincuentes, la mayoría extranjeros, que gracias a la complicidad o protección de las autoridades locales y regionales, se mueven allí a sus anchas. El municipio en cuestión tiene una mala fama bien ganada.
Esta capital departamental tiene potencialidad para ser mucho más que un caótico mercado de paso. Para que llegue a ser una metrópoli confortable, se debe empezar por desterrar la corrupción y a sus principales responsables, así como la desidia y el autoritarismo que distinguen a la vergonzosa administración municipal. Para eso, hace falta que los pobladores salgan a las calles a reclamar con fuerza su derecho a vivir en la ciudad que se merecen, si es que se quiere fomentar el turismo y competir con Foz de Yguazú.