El sector estatal en general de nuestro país, esto es, no solamente el Poder Ejecutivo y sus organismos sino también los demás Poderes, las empresas, las universidades, las FF.AA. y policiales, está plagado de deshonestos y de actos de corrupción que todos los días, por riguroso turno, van saliendo a la luz pública por medio de la prensa o divulgadas en las redes sociales, y no pasa nada. Esto lo sabemos bien; pero, ¿será posible que nuestra sociedad esté tan acostumbrada a este ambiente maloliente que la indecencia generalizada ya le resbala?
Todos los días se publican hechos de descarados robos en el manejo de bienes y fondos públicos. Desde los puestos de aduanas hasta la presidencia de las Cámaras legislativas se producen toda clase de actos de latrocinio o abusos del Presupuesto nacional, que se denuncian con pruebas irrefutables. Y resulta que, con excepción de las pocas personas que se toman la molestia de denunciar a los corruptos y clamar por justicia, el resto, la gran mayoría de la población, permanece indiferente.
¿Cómo es posible que tan pocos levanten la voz rechazando la putrefacción progresiva que ocurre ante sus ojos, que no haya una sola organización civil, gremio o sindicato que, por ejemplo, acuda al presidente de la República o a la ministra de Hacienda a reclamar medidas eficaces y convincentes contra la banda de asaltantes que se apoderó de la Aduana, o contra los abusos de la Subsecretaría de Estado de Tributación en el escándalo de las multas, o contra las licitaciones y contratos amañados que son el pan de cada día en ministerios, secretarías nacionales y municipalidades?
¿Cómo es posible que algunos diputados y senadores se tomen la libertad de hacer vito del dinero de los contribuyentes en su provecho personal, tragándose viáticos, combustibles, comisiones, extras de todo tipo, recurriendo a cuanto pretexto sirva para darle un mordisco a la torta estatal, y que nadie, ningún dirigente sindical o estudiantil, ningún líder político o de organizaciones civiles, vaya a ponerles en evidencia, a darles lo que se merecen?
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¿Por qué la ciudadanía se mantiene silenciosa ante el grotesco dispendio que hace el Poder Judicial de los escasos y preciosos recursos del país, a cambio de brindar un servicio de justicia cada vez más deficiente o irregular? Frecuentemente se dan a conocer en la prensa trapisondas cometidas por jueces, mediante las cuales liberan irregularmente a procesados, la mayoría involucrados en narcotráfico y otros delitos graves, como es el caso reciente del juez Édgar Ramírez, de Pedro Juan Caballero, investigado por la Corte por haber levantado la orden de captura contra dos prófugos acusados por homicidio, sin que estos se presentaran ante el juzgado, como manda la ley.
¿Por qué en las localidades del interior los ciudadanos y ciudadanas no salen a la calle en manifestaciones de protesta contra sus intendentes ladrones, esos que se apropian de los fondos para escuelas y educación infantil, centros de salud y obras públicas? La titular de Senavitat, Soledad Núñez, acaba de declarar que varios intendentes violan abierta y despreocupadamente las reglas de este organismo para apoderarse de las viviendas que se construyen para gente necesitada de techo y se las dan a sus parientes o correligionarios. En esos pueblos, ¿no hay alguien que levante su voz de protesta por estas arbitrariedades?
Algo está sucediendo con la conciencia de los paraguayos y paraguayas, algo que les acobarda, les silencia, les convierte en encubridores de sus autoridades tramposas cuando se dan cuenta de que se están robando recursos públicos que deben aplicarse al beneficio comunitario, pero asisten indiferentes a los despojos en los que pierde él o ella, se priva a sus hijos de salud y educación y a sus padres de atención hospitalaria. ¿Cómo pueden seguir tan campantes?
La mayoría de los dirigentes de sindicatos, de asociaciones profesionales, de empresarios, de obreros y trabajadores, de campesinos, parecieran estar domesticados por el régimen generalizado y descarado de clientelismo político. Si consiguen un puestito en alguna dependencia pública u otra forma de prebenda, para sí mismos, un pariente o un recomendado, ya queda neutralizada su conciencia y anulada su opinión. Y como esto lo saben bien quienes manejan los hilos sucios de la politiquería, no tienen más que averiguar qué necesita el que les está molestando o podría hacerlo, tentarle y, finalmente, comprar su aquiescencia o su silencio cómplice.
Ante la vista de esta situación de pusilanimidad moral que estamos describiendo, la calificación que merecemos es la peor imaginable. A los paraguayos y a las paraguayas nos están privando de la virtud más importante del patriotismo, que es la valentía. La corrupción convierte en eunucos a los prebendados, porque la política en nuestro país ya solamente consiste en averiguar cuál es el precio de cada persona o a qué le teme, y anularla por cualquiera de estas vías.
El Paraguay requiere redención moral. ¿Quiénes iniciarán esta larga marcha hacia la recuperación de la dignidad nacional perdida? Tendrán que ser las organizaciones civiles, porque de las políticas no cabe esperar que se reformen a sí mismas, menos aún si la corrupción les favorece tanto.
Aguardemos que los gremios se pongan de pie, que recuperen su virilidad, que los dirigentes –sindicales, campesinos, estudiantiles, comunitarios, profesionales, empresariales, etc.– que todavía no hayan vendido sus conciencias terminen de percatarse de que si el beneficio de un régimen corrupto es solo para unos pocos, los daños tendrán que pagarlos todos, incluyendo nuestros descendientes. El Paraguay está esperando de esos dirigentes –y de todos nosotros– una reacción que enfrente y aniquile a la lacra de la corrupción que lo sumerge en la ignominia y el atraso.