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En nuestro país es común que un político le endilgue a otro los peores calificativos o la acusación más grave, para al día siguiente abrazarse como si fueran grandes amigos. Uno de los más recordados casos al respecto lo constituye el despiadado ataque que en el 2012 dirigía el capo esteño Javier Zacarías Irún (ANR) contra Horacio Cartes cuando este se lanzaba en la arena política, comparándolo con el capomafioso Al Capone y acusándolo de ser un narcotraficante. Dijo también que Cartes pretendía “alquilar el Partido Colorado y el Palacio de los López”, para proteger sus empresas. Increíblemente, poco después Zacarías Irún se convirtió en el más ferviente admirador y compañero de ruta en los “negocios” con Cartes. Los descarados cambios de bando o de criterio son moneda común en nuestra política, todo dependiendo del monto de dinero o la importancia del cargo que se ofrecen para el efecto.
En estos días, el cartismo ofreció la presidencia de la “Honorable Cámara de Senadores” al “añetete” Silvio Ovelar (ANR), furibundo opositor a Horacio Cartes cuando el año pasado este intentó modificar vía enmienda la Constitución para asegurarse un segundo mandato. Ovelar fue filmado cometiendo delito electoral, cuando en abril de 2013 en un asentamiento de Coronel Oviedo, ofrecía cien mil guaraníes por cada voto colorado y otros tantos por cada cédula de identidad de un ciudadano liberal para que no sufragara. Que el Código Penal castigue el soborno al elector con hasta cinco años de prisión o con multa no le importó en lo más mínimo al senador colorado, porque ya perdió –o no tuvo nunca– conciencia de lo que es delito. Creía estar haciendo lo que para él es habitual en vísperas de unos comicios, una “zoncera” –al decir del expresidente Luis González Macchi (ANR) cuando se encontró en su poder un auto robado– que no podía acarrear ninguna sanción judicial. En efecto, la denuncia hecha ante el Ministerio Público no condujo a nada y sus colegas senadores se limitaron a suspenderlo por sesenta días, sin goce de dieta, como si solo hubiera tenido una inconducta. Reelecto en 2013 y en 2018, en los últimos tiempos llegó a liderar la bancada de su movimiento interno y ahora es nada menos que candidato a presidir esa “Honorable” Cámara y, por tanto, el “Honorable” Congreso Nacional.
Si un legislador de esta calaña puede llegar tan alto es porque el Poder Legislativo ha caído muy bajo, tanto en lo que respecta a la ética como a la idoneidad. La pavorosa degradación moral se advierte también en que, estando procesado por dos delitos de lesión de confianza, que le causaron al erario un perjuicio total de 71.700 millones de guaraníes, el ahora exsenador Enzo Cardozo (PLRA) fue elegido para representar al Senado ante el Consejo de la Magistratura, órgano que conforma las ternas de candidatos a miembros de la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados y jueces. Pese a sus pésimos antecedentes, Cardozo fue electo ahora como uno de los representantes de nuestro país en el Parlamento del Mercosur (Parlasur); es decir, un acusado ante la Justicia representará a los paraguayos y a las paraguayas en una institución internacional. ¡Qué vergüenza!
En la misma sesión del 17 de junio de 2017, en la que se eligió a Cardozo, el entonces senador Jorge Oviedo Matto (Unace) fue elegido para integrar nada menos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pese a que menos de dos años antes había alentado a los precandidatos a concejales de Asunción por su partido a “aprovechar” las oportunidades que brindan las licitaciones públicas para “acrecer” su patrimonio. El 26 de diciembre pasado se vio forzado –por la fuerza de la opinión pública– a renunciar a su banca, tras haberse divulgado el contenido de ciertos audios relativos a su tráfico de influencias, una práctica diaria escandalosa para nuestros legisladores ávidos de riqueza.
Otro ejemplo palpable de la falta de conciencia jurídica en nuestros políticos y representantes es el caso de Óscar González Daher (ANR), despojado de su investidura de senador por tráfico de influencias, y que ahora volverá a ocupar una banca en la misma Cámara en representación del Partido Colorado, que lo incluyó en su “lista sábana” en las últimas elecciones nacionales.
El propio Juan Darío Monges, hoy líder de la bancada cartista en el Senado, insinuó en su momento que Horacio Cartes tenía vínculos con el narcotráfico.
Lo mismo ocurrió con Cándido Aguilera (ANR), quien en 2010, siendo diputado, insinuó a través de una emisora que el actual jefe de Estado ofrecía a sus colegas más de diez mil dólares para que se modifique un proyecto de ley sobre el tabaco. Hoy Aguilera es consejero de la entidad Itaipú Binacional, tras haber sido embajador en Panamá, y jamás volvería a emitir tan condenatorios conceptos sobre su actual líder.
En noviembre de 2014, varios legisladores, entre ellos Bernardo Villalba (ANR), fueron señalados en un informe elaborado en la propia Cámara de Senadores como vinculados con el narcotráfico. Aparte de que nunca fueron molestados por una investigación judicial, el citado Villalba fue designado poco después por su Cámara, entonces presidida por el actual vicepresidente electo de la República, Hugo Velázquez (ANR), para integrar nada menos que una Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia. Una burla total a la ciudadanía.
En un país serio, donde las instituciones actúen conforme a la ley y la clase política tenga conciencia del delito, estos escándalos tendrían graves consecuencias para los individuos involucrados, impulsando una investigación exhaustiva. Pero en el Paraguay, nuestros políticos y legisladores han perdido totalmente la conciencia del delito y chapotean en el fango de la ilegalidad. Por eso, los ciudadanos y las ciudadanas deben reclamar con firmeza y perseverancia al presidente electo Mario Abdo Benítez, desde el mismo comienzo de su periodo gubernamental, que se empeñe en poner fin a tan degradantes burlas a la Constitución y a las leyes.