La esquizofrénica obsesión del presidente Horacio Cartes por el rekutu consumió inútilmente para el país un tercio de su gestión gubernamental. Durante dicho lapso, la mayoría de los ministros y presidentes de entes públicos dependientes del Poder Ejecutivo dejaron de lado sus responsabilidades institucionales básicas, para dedicarse primordialmente a impulsar el atolondrado proyecto de enmienda constitucional con el objeto de habilitar la reelección presidencial, cada uno en el ámbito de su gestión administrativa y despilfarrando los recursos del presupuesto asignado a su repartición para la atención de las necesidades de la población en general: seguridad, salud, educación, servicios e infraestructura.
Como toda conspiración criminal contra el orden constitucional de la República, la de la enmienda necesitaba de cientos de millones de dólares para impulsar el proyecto de rekutu, con el fin de cooptar con sobornos y prebendas clientelistas a los demás Poderes del Estado, y a las élites políticas y de otros sectores. Obviamente, el presidente Cartes ya no estuvo dispuesto a volver a gastar dinero de su bolsillo para tal propósito, con seguridad una cantidad muy superior a la que debió desembolsar para “alquilar” el Partido Colorado, reformar a su gusto y paladar sus estatutos, y financiar su costosa campaña electoral que lo llevó al Palacio de López.
Como los recursos del Estado a su disposición no eran suficientes para destinarlos a tal menester, echó mano de dos fuentes potenciales de financiamiento para impulsar su ambiciosa conspiración política: endeudar al país más allá de sus posibilidades de pago, y a cualquier costo impulsar un acuerdo con el Gobierno argentino para la repotenciación de la central hidroeléctrica de Yacyretá, mediante la instalación de turbinas adicionales y la concomitante maquinización del brazo Aña Cua. Proyectos largamente acariciados por los gobernantes de ambas márgenes del río Paraná, más interesados en sacar provecho personal del emprendimiento hidroenergético inflando sus costos, antes que optimizarlo como debieran.
A tales efectos, a fines de 2016 el Ministerio de Hacienda, mediante la complicidad del representante en Paraguay, Eduardo Almeida, concretó un préstamo por US$ 200 millones ¡a libre disposición!, vale decir, no sujeto a la Ley de Contrataciones Públicas, sino a la zigzagueante normativa del organismo otorgante, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asegurando así su discrecional utilización. A raíz de la renuencia del Senado de la República a aprobarlo, dado que no tenía objeto específico como manda la ley, el Ministerio de Hacienda se apresuró a declarar que US$ 100 millones del mismo serían destinados al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el financiamiento de obras de infraestructura vial, y la mitad restante a otros ministerios y entes con responsabilidad social, en particular el de Agricultura y Ganadería, el Indert, el Crédito Agrícola de Habilitación y la Senavitat.
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Con esos recursos a su disposición discrecional, el MOPC buscaría cooptar a favor del proyecto de enmienda del rekutu presidencial a los poderosos empresarios viales de Cavialpa prendidos a las tetas de esa cartera de Estado. En tanto que las demás reparticiones públicas lo utilizarían para ganar apoyo popular del campesinado y sectores pobres de la sociedad, mediante obras de infraestructura habitacional, apoyo crediticio y otras asistencias comunitarias primordiales.
Por su parte, el costo de la gran torta de Yacyretá cocinada el pasado jueves por los presidentes Cartes y Mauricio Macri aumentó a la friolera de US$ 1.600 millones iniciales. En el mejor de los casos, si se mantiene el sobrecosto histórico para las comisiones establecidas al inicio de la construcción de la represa por el director ejecutivo argentino y su par paraguayo, al presidente Horacio Cartes le tocaría disponer para su campaña de rekutu alrededor de US$ 100 millones, destinados en principio a captar a una mayoría de legisladores y de ministros de la Corte Suprema de Justicia en la hasta ahora no descartable hipótesis de que a última hora revea su renuncia a la reelección, lo que podría ocurrir si la Corte resuelve pisotear de nuevo la Constitución y habilitar a Fernando Lugo para optar por la reelección. Ya lo hizo en el 2000, consagrando a Luis Ángel González Macchi como presidente “constitucional” de la República, cuando en ninguna parte de la Carta Magna figura tal atribución, que es privativa del pueblo soberano.
Así las cosas, con el memorándum de acuerdo –acordado entre gallos y medianoche– firmado por los presidentes Cartes y Macri, como de costumbre, el Estado paraguayo –y por consiguiente, el pueblo– fue nuevamente estafado. En el mismo se ha vuelto a consagrar el principio básico tolerado por todos nuestros negociadores, de máxima ventaja para la Argentina versus mínima para el Paraguay, aunque seguramente está siendo calculada la coima como ingrediente de la apetitosa torta a favor de los partidarios de los protagonistas del “histórico” acuerdo. El tiempo nos dirá a qué manos finalmente fue a parar esa gran fortuna –tal vez, en las de los “barones de Aña Cua”–, la que por último terminarán pagando las futuras generaciones de paraguayos y argentinos.
Pero no serán únicamente los sobornos lo que los paraguayos tendremos que pagar. También el presidente Cartes nos dejará como estúpida herencia la de tener que pagarnos nosotros mismos la mitad de la compensación por el perjuicio de nuestro territorio inundado por las aguas del embalse de la represa.
Si bajo la dictadura de Stroessner la voluntad popular estaba impedida de reaccionar contra este tipo de abierta vil entrega de nuestra soberanía energética en las usinas binacionales, ahora en democracia el pueblo tiene la libertad y la obligación patriótica de reaccionar contra este infame acuerdo suscrito por el presidente Horacio Cartes con su homólogo argentino.