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En la madrugada de ayer, una banda de sesenta presuntos miembros de la organización criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC), munidos de fusiles de gran poder, granadas y armas antiaéreas, atacaron en Ciudad del Este las oficinas de la firma transportadora de caudales “Prosegur” y se llevaron unos treinta millones de dólares.
Durante la bien planificada operación, que convirtió la ciudad en una zona de guerra durante casi cuatro horas, los asaltantes mataron a un agente policial e incendiaron quince vehículos. Cualquier turista que presenciara la operación habrá pensado que en la capital esteña se estaba filmando una de esas películas tan violentas que suelen exhibir el cine y la televisión.
Este atraco de ribetes cinematográficos, que a estas horas ya recorre el mundo en lugares destacados de la prensa, es el mayor operativo en su tipo cometido en nuestro país y uno de los más grandes también de la historia mundial. Confirma, tal como lo sostuvimos en nuestro editorial del último 21 de abril, que “el Paraguay se ha convertido en un aguantadero del crimen organizado”. En efecto, aunque todos los delincuentes habrían sido brasileños, una acometida de semejante envergadura no se trama de improviso ni sin contar con informaciones y apoyo logístico suficientes, obtenidos a nivel local. Todo indica, pues, que la capital del Alto Paraná es un campo propicio no solo para el lavado de dinero, el contrabando de cigarrillos y la venta de productos falsificados, sino también para la preparación y ejecución de impactantes crímenes. Allí residen narcotraficantes disfrazados de comerciantes honestos, que cuentan con la protección policial que también había obtenido el criminal argentino Ibar Pérez Corradi, a cambio de más de cien mil dólares que pagó a unos uniformados que siguen impunes. Ocurre lo mismo que en Pedro Juan Caballero, donde el facineroso Jorge Rafaat se movía a sus anchas, con sus guardaespaldas matones, como si solo hubiera sido un próspero empresario, pese a que tenía cuentas pendientes con la Justicia brasileña por los delitos de formación de cuadrilla, tráfico de drogas y lavado de dinero.
Con toda certeza, puede afirmarse que también en Ciudad del Este hay “empresarios” ligados al crimen organizado que tienen permiso de residencia permanente y hasta guardia policial ante sus mansiones, a sabiendas de las autoridades nacionales. Algunos pocos grandes delincuentes que fueron detenidos pueden dirigir sus negocios sucios incluso desde la penitenciaría, tal como lo venía haciendo el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão desde su lujosa reclusión en la cárcel de Tacumbú. Gracias al dinero y a la violencia, el crimen organizado se está apoderando del país, ante la indiferencia o la complicidad de los agentes policiales y fiscales, así como de los magistrados y del Poder Ejecutivo. Con frecuencia, pobladores de ciudades pequeñas se animan a denunciar que los narcotraficantes y otros delincuentes sentaron sus reales en sus otrora pacíficas comunidades.
El encargado de despacho del Ministerio del Interior, Lorenzo Lezcano, dijo que ya tenían la información de que se iba a perpetrar un asalto como el referido en Ciudad del Este, pero se ignoraban la hora, el lugar y la dimensión. O sea que se sabía muy poco, pese a que la Policía Nacional cuenta con todo un Departamento de Inteligencia y a que los capomafiosos de Ciudad del Este son conocidos por el común de los habitantes.
El presidente de la República, Horacio Cartes, por su parte, dispuso el despliegue de fuerzas militares para que cooperen con la institución policial, por lo visto desbordada por los acontecimientos. Es plausible que nuestro Primer Mandatario empiece a ocuparse de la seguridad, un asunto de suma importancia del que se había olvidado por culpa de su descabellado proyecto reeleccionista. También el exministro del Interior Tadeo Rojas había estado muy ocupado los últimos meses con el maldito asunto del rekutu, así que no tuvo tiempo para instruir a la Policía Nacional que mantenga el ojo avizor, dada la información recibida.
Más allá del impacto provocado en la opinión pública, lo acontecido es solo una nueva muestra de que el crimen organizado se está afianzando cada vez más en nuestro país. No solo cunde la zozobra en las capitales del Amambay y del Alto Paraná, sino también en localidades del departamento de Ñeembucú y de la Zona Central, entre otras.
La dramática situación es una consecuencia más de la corrupción imperante: si el dinero mal habido no contaminara a los encargados de preservar la vida, los bienes y la libertad de las personas, de investigar y juzgar los hechos punibles y de impartir las instrucciones para velar por la seguridad de la población, no habría tantos latrocinios y hechos de sangre que lamentar. No es cuestión de sacar a los militares a las calles para perseguir a los delincuentes una vez que los hechos están consumados, sino de sanear el aparato estatal y la política, infiltrados por los grandes delincuentes.
A este paso, tampoco bastará con aumentar el presupuesto de la Policía Nacional, el que por cierto ha tenido notables incrementos en los últimos lustros. No se trata de dinero, sino de honestidad. El problema “no es que falta plata, sino que sobran los ladrones”, como acaba de afirmar una diputada argentina refiriéndose a una de las provincias de su país.
La tragedia ha sido bien resumida por el presidente del Congreso, el senador Roberto Acevedo: los delincuentes “viven tranquilos, porque pagan a la Policía Nacional (...), reciben visitas de patrulleras, que pasan cada semana a cobrar”.
El Paraguay es un aguantadero del crimen organizado gracias a la complicidad de quienes ejercen funciones públicas. Si los ciudadanos no quieren correr el riesgo de salir a pasear y ser acribillados en el curso de un atraco o de una balacera entre bandas criminales, deben esforzarse por limpiar con su voto el aparato estatal de políticos corruptos, y tener el coraje de denunciar a los uniformados, a los fiscales y a los jueces que están a sueldo del crimen organizado. Es hora de sanear el país, combatiendo a los empleados de la mafia en la administración pública.