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15 de Junio de 2018

 

Combatir el sucio y peligroso tráfico de armas

El mismo día en que la Policía brasileña interceptó en la ciudad de Tres Lagoas –a 560 km de Pedro J. Caballero– un cargamento de armas de fuego y municiones que habría salido de nuestro país, se supo que el Departamento de Estado de los EE.UU. prohibió la exportación de esos pertrechos al Paraguay y que, por lo tanto, el Gobierno nacional había suspendido su importación, por tiempo indefinido. Es decir, hubo que esperar una decisión del país del norte para que el nuestro tomara una decisión fundada en que las firmas importadoras habían ingresado en los últimos meses de 2017 una cantidad de armas de fuego y municiones muy superior a la que podría absorber el mercado local. Es de suponer que el Gobierno norteamericano sabe muy bien que ellas son reexportadas al Brasil para fortalecer el crimen organizado. También el brasileño está al tanto de que el Paraguay, aparte de producir cigarrillos en cantidades excesivas para la capacidad de consumo de su población, importa incluso armas de guerra y no necesariamente para sus fuerzas armadas. Si el Gobierno entrante de Mario Abdo Benítez no toma firmes decisiones, nuestro país continuará apareciendo como la meca del contrabando de cigarrillos, del tráfico de armas y drogas, del lavado de dinero y otros delitos transnacionales.

El mismo día en que la Policía brasileña interceptó en la ciudad de Tres Lagoas –a 560 kilómetros de Pedro Juan Caballero– un cargamento de armas de fuego y municiones ocultas en un vehículo que las habría transportado desde nuestro país, se supo que el Departamento de Estado de los EE.UU. prohibió la exportación de esos pertrechos al Paraguay y que, por lo tanto, el Gobierno nacional había suspendido su importación, por tiempo indefinido. Es decir, hubo que esperar una decisión del país del norte para que el nuestro tomara una decisión fundada en que las firmas importadoras habían ingresado en los últimos meses de 2017 una cantidad de armas de fuego y municiones muy superior a la que podría absorber el mercado local.

Es de suponer que el Gobierno norteamericano sabe muy bien que ellas son reexportadas al Brasil para fortalecer el crimen organizado. También el brasileño está al tanto de que el Paraguay, aparte de producir cigarrillos en cantidades excesivas para la capacidad de consumo de su población, importa incluso armas de guerra y no necesariamente para sus Fuerzas Armadas. El tabaco mata al fumador, pero una ametralladora mata a terceros y con mayor rapidez, de modo que sería comprensible que también las autoridades del país vecino estén preocupadas por el “armamentismo” paraguayo. 

Es que nuestras fronteras son muy permeables, tanto para la entrada como para la salida de mercaderías de todo tipo. En lo que a las armas respecta, el ingreso masivo no sería clandestino, según se desprende de los dichos del Tte. Cnel. Hugo Ayala, jefe del Registro Nacional de Armas (Renar): “Se trató de establecer un trato igualitario a todas las empresas importadoras, sin poner límites, pero eso hizo que se excedieran en las compras”. Es realidad, no se excedieron, ya que, a sabiendas, no pretendían satisfacer solo la demanda local. Ni mucho menos. Como es de pública notoriedad que las agrupaciones mafiosas Primer Comando Capital y Comando Vermelho se proveen de armas de guerra dentro de nuestras fronteras, cabe preguntarse si ellas fueron introducidas por una aduana autorizada, en contravención del art. 16 de la Ley N° 4036/10, que prohíbe la tenencia y portación de “armas de fuego automáticas” y de las de “uso privativo de los órganos de defensa y seguridad del Estado”.

Si estas operaciones se realizaron pese a que las armas no podían ser importadas para venderlas a los particulares, estaríamos en presencia de un feroz tráfico, con ropaje seudolegal, realizado desde nuestro país para las organizaciones mafiosas. Se puede recordar que, hace dos años, el exjefe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Luis Rojas dijo que el Paraguay ya no era solo una ruta para el tráfico de drogas, sino también para el de armas de grueso calibre, como las decomisadas en aquella ocasión en un depósito capitalino. 

Según el jefe del Renar, toda entrada de cargamentos de armas de fuego está rigurosamente registrada y controlada por la Dirección de Material Bélico (Dimabel) de las Fuerzas Armadas”, aunque admitió que hay ventas irregulares que de vez en cuando son detectadas por los organismos de seguridad. Agregó que “se trataría más bien de una especie de microtráfico”, aunque ya hace ocho años la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano hablaba de una venta anual al Brasil de unas 30.000 armas de fuego. La pregunta que se plantea es qué necesidad tenía el Gobierno de suspender la importación si ella está sometida a un régimen tan severo, y si, además, de la venta al mercado negro solo se ocupan “algunas personas”. La respuesta obvia sería que tal control no existe, que el tráfico de pertrechos es intenso y que se creyó oportuno responder a la medida de EE.UU. con un gesto tardío e inútil, ya que, de todos modos, los exportadores de ese país ya no podrán abastecer al mercado paraguayo ni, por extensión, al brasileño. 

A los dueños de las 27 empresas importadoras que operan regularmente en este rubro cabría preguntarles si a ellos les interesa o no conocer a sus clientes o si están dispuestos a vender armas de fuego y municiones a cualquiera que esté dispuesto a pagar por ellas, sin importarles el destino que les darán. El art. 48 de la ley antes citada dispone que los importadores y los exportadores registrados ante la autoridad competente pueden comercializar armas de fuego y municiones “con las personas previamente autorizadas por esta institución”. ¿Cumplen las empresas registradas con esta última cláusula? Aun suponiendo que las armas de fuego importadas sean solo aquellas cuya tenencia está permitida a los particulares, la Dimabel tendría que explicar cómo es que llegan a Río de Janeiro o a São Paulo. Los trámites de importación y exportación solo pueden realizarse por las oficinas de Aduana de la Capital y del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, pero es sabido que las armerías de Ciudad del Este “reexportan” o venden a “turistas extranjeros”, pese a la prohibición expresa de la mencionada norma. Por cierto, el terrorismo internacional no solo podría beneficiarse del tráfico de divisas, sino también del de armas de fuego, considerando la facilidad con que la ley resulta burlada.

La decisión estadounidense es una clara señal de que el Paraguay se ha convertido en una amenaza para la seguridad interna de al menos un país vecino, debido a la permeabilidad de sus fronteras provocada por la corrupción reinante. Que las autoridades de un país de solo 406.752 kilómetros cuadrados y siete millones de habitantes no puedan impedir que desde aquí se provea de equipos bélicos a grupos criminales de diverso tipo, es una demostración palmaria de un envilecimiento que clama al cielo una solución. Mientras el Paraguay, desde hace tiempo, aparece en el mapa como si se tratara de un Estado delincuente que lucra con la muerte y al que, por tanto, se le debe privar de una sucia fuente de ingresos, el Gobierno acaba de darse cuenta de que las firmas importadoras compraron en demasía.

Si el Gobierno entrante de Mario Abdo Benítez no toma firmes decisiones, nuestro país continuará apareciendo como la meca del contrabando de cigarrillos, del tráfico de armas y drogas, del lavado de dinero y otros delitos transnacionales.

 
 

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