Erosionando la confianza de los ciudadanos en el Gobierno, la corrupción ha llegado a un punto tal de desborde que no solo mantiene al Paraguay en los peores lugares de las estadísticas internacionales, sino que ha hecho añicos el vínculo Estado-sociedad que sostiene la estabilidad de una nación democrática. Si hay que señalar con certeza a los Poderes del Estado primariamente responsables de este infortunio político, ellos son el Legislativo y el Judicial. El Poder Ejecutivo se aprovecha de la situación y la fomenta.
Los políticos instalados en el Parlamento se convierten en verdaderos dueños de los principales cargos de la Justicia, son los que deciden los nombramientos, y son también quienes disponen a quién hay que sancionar y sacar del cargo, a través del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Son, asimismo, los que resuelven cuándo someter a juicio político a los ministros de la Corte Suprema, y con ese cuco pendiente como espada de Damocles sobre los magistrados, les tienen de las orejas a ellos y a la Justicia en general.
Una prueba de lo que afirmamos es que hasta ahora el Senado no decide aún si somete o no a juicio a varios de esos magistrados –los ministros Miguel Óscar Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay–, pese a que hace ya tres años que la Cámara de Diputados resolvió que se inicie el proceso y aprobó la acusación correspondiente. Para los legisladores, es más útil mantenerlos en una angustiosa incertidumbre, pues así pueden ordenarles hacer lo que se les antoje, ya sea para ellos mismos o para sus allegados. Allí están, como ejemplo, los casos de los legisladores colorados Víctor Bogado y José María Ibáñez, y de los liberales Enzo Cardozo y Milciades Duré, cuyos respectivos procesos están estancados a causa de repetidas chicanas presentadas por sus abogados y “toleradas” por la Corte Suprema.
Siendo así, la sociedad paraguaya debe estar consciente de que, mientras los políticos mantengan sometidos a los miembros de la Corte Suprema, a los jueces y a los fiscales, la corrupción va a continuar carcomiendo los cimientos de nuestro país, con una clase política rapaz cada vez más poderosa y rica, y una población con necesidades cada vez menos satisfechas.
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Ni corto ni perezoso, el presidente Horacio Cartes ha sabido sacar provecho de esta anómala situación institucional de un Poder Judicial totalmente sometido al Legislativo. Y lo ha hecho mediante una estrategia política de aproximación indirecta para imponer sus intereses, aliándose con diputados y senadores cooptados con prebendas y privilegios, y, a través de los mismos, instrumentar a la Justicia para lograr los objetivos políticos y económicos propios de una inescrupulosa claque empresarial. Cultiva una fachada de Gobierno invocando principios democráticos que subvierte en la práctica. De ese modo, el presidente Cartes, al modo de Stroessner, ha logrado construir una democracia con prácticas que enmascaran un contenido autoritario y una administración permeada por la corrupción.
No se puede pensar de otra manera cuando la administración del Estado tiene como soporte a una caterva de legisladores cuyo rol es mantener secuestradas a las cabezas del Poder Judicial y de la Fiscalía con el “cháke” permanente de la destitución vía juicio político. Esta antidemocrática entente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo tuvo su punto alto con el inconstitucional proyecto de enmienda impulsado por el Jefe de Estado, que, de no mediar la masiva oposición ciudadana, hubiera contado con la presta aprobación de la Corte Suprema de Justicia, con lo que a estas alturas hubiera sido él, y no Santiago Peña, el precandidato presidencial por la ANR.
El sistema clientelista que en lo político impulsa el Presidente de la República tiene un claro objetivo económico, cuyo caldo de cultivo es la corrupción. El éxito y la sobrevivencia de los negocios que maneja una claque próxima al poder dependen del apoyo de patrones poderosos, que pueden proteger a un hombre de negocios o a una empresa contra asaltos de competidores o de funcionarios que quieran cobrar impuestos. O, valga un reciente ejemplo, simplemente evitar la obligación de pagar una multimillonaria póliza de seguro al Estado, como habría ocurrido con Royal Seguros SA, la empresa vinculada a Juan Carlos López Moreira, allegado del Jefe del Poder Ejecutivo, en alianza con autoridades del MOPC.
Lo que permite que en nuestro país la corrupción sea un cáncer tan propagado es la impunidad, que hace casi imposible probar que ella existe, debido precisamente al contubernio entre los Poderes del Estado. Es decir, la Justicia está maniatada por el Congreso e instrumentalizada por el Poder Ejecutivo para avalar las trapisondas y negociados de políticos y sus amigos.
El asalto contra la frágil democracia paraguaya y la subversión del Estado de derecho que estamos presenciando reclaman una enérgica respuesta de hombres y mujeres de todas las esferas, que ya no deben aceptar mansamente que pisoteen sus derechos y roben los recursos públicos que deben destinarse a satisfacer las necesidades comunitarias. Las élites democráticas del país deben maximizar sus esfuerzos y acciones para que se eliminen las “listas sábana” y se transparente el financiamiento de los partidos y de los políticos en las campañas electorales, que son las ventanas que permiten que los impresentables, los narcotraficantes, los evasores de impuestos y los ladrones de fondos públicos accedan a los cargos electivos, o coloquen en ellos a sus representantes.
Las próximas elecciones constituyen una oportunidad para que los paraguayos y las paraguayas rechacen la encubierta pretensión de los actuales gobernantes de seguir controlando las palancas del poder político y económico del país, para perpetuar este siniestro combo político responsable de la inseguridad jurídica y de la corrupción en la República.