Según varias denuncias aparecidas en los medios de prensa, efectivos de la Policía Nacional y de la Patrulla Caminera se dedicaron el martes a aplicar inusuales controles a ómnibus y personas, con la evidente intención de dificultar la llegada de gente para participar en la manifestación de protesta contra el proyecto de enmienda de la Constitución para permitir la reelección que impulsan el presidente Horacio Cartes y sus seguidores. La respuesta de algunas de las autoridades involucradas en los operativos fue la que ya conocíamos en estos casos: “se trató de controles de rutina”, aunque llamativamente hayan aparecido justo en el momento en que las personas y vehículos se desplazaban con toda claridad para el acto de protesta contra una iniciativa del ámbito gubernamental.
Las denuncias de este inusual “control” provinieron de localidades de Itapúa, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Ñeembucú, lo que sugiere que el mismo obedeció a una “orden superior”, de triste vigencia durante la dictadura de Stroessner.
Quien está dispuesto a satisfacer su sed de poder a costa de la Constitución, mediante el dinero y el contubernio, pese a haber reconocido reiteradas veces la ilegalidad de la medida pretendida ahora –la enmienda para instaurar la reelección–, no tendrá reparos en violarla también para atropellar los derechos de quienes se atrevan a repudiar esa ilegítima pretensión. Hay signos, pues, de un renovado autoritarismo, que la dignidad de los paraguayos exige rechazar con firmeza desde ahora mismo, porque de lo contrario sus libertades irán siendo cercenadas sistemáticamente, como enseñan la experiencia nacional y la de la región. Un atropello pequeño lleva a otro mayor, de modo que lo que hoy está en juego no es solo el respeto a la Constitución en lo que hace al procedimiento a seguir para modificarla, sino también el propio sistema democrático.
Si el presidente Cartes expresó alguna vez su admiración por el stronismo, puede tratar de emularlo siempre que la ciudadanía tolere que sus derechos sean avasallados. No sería raro que su “asesor político” Darío Filártiga, que fungió de secretario de aquel infame ministro del Interior Sabino Augusto Montanaro, que hablaba de “tuerca, tuerca” para referirse a la represión, le sugiera hoy medidas similares a las adoptadas en aquella época que, seguramente, mucho añora.
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Lo que se vislumbra, considerando las últimas actuaciones del Poder Ejecutivo, resulta alarmante para la parte de la ciudadanía que cree en los valores democráticos y recuerda asqueada aquellos tiempos de oprobio en que imperaba la voluntad del dictador, pese a las leyes y a los jueces. Como ocurría entonces, ahora se está poniendo nuevamente al personal público al servicio del poder y en contra de quienes disientan con la pretensión oficial. A este paso, no puede descartarse que en breve resuciten los “garroteros de la Chacarita” o los “macheteros de Santaní” para “corregir” a quienes defienden la Constitución y sus libertades.
De hecho, a esta altura ya se ha conseguido generar la “crispación” de la que habló el olvidadizo presidente Cartes en su mensaje del 31 de octubre último, y la culpa de ella la tienen él mismo y el senador Lugo, su flamante aliado izquierdista en esta peligrosa aventura y también de flaca memoria. La espiral autoritaria que se avizora puede ir acompañada por una violencia desatada por la codicia de estos dos irresponsables, ambiente al que aludió el titular de la Feprinco, Eduardo Felippo, al pedir que “se termine de una vez por todas con este asunto, que crea división e inseguridad”.
En igual sentido, el nuncio apostólico, Mons. Eliseo Ariotti, manifestó a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores su preocupación por un brote de violencia, para luego referirse a la “madurez democrática” del país, hablando ante el jefe del Poder Ejecutivo, en nombre del cuerpo diplomático. Debido a esa madurez, justamente, estamos seguros de que no resultará fácil imponer el proyecto autoritario en ciernes, ya que los demócratas sabrán defenderse de quienes colocan sus ambiciones por encima del interés general de preservar el orden jurídico, severamente amenazado en función de “intereses egoístas, personales o grupales”, al decir de la Unión de Gremios de la Producción.
Mal que les pese a quienes desean quebrar la Constitución para aferrarse al poder o retornar a él, la población ha ganado el derecho de vivir en libertad, se ha acostumbrado a ella y es impensable que se resigne hoy a perderla fácilmente por ningún motivo. El Paraguay necesita enfrentar sus problemas con la rigurosidad que brinda el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, tanto por parte de los gobernantes como de los gobernados. Es de esperar, por lo tanto, que una mayoría patriótica en el Congreso comprenda esta realidad y no avale un quiebre institucional en el país.
En esta alarmante coyuntura, se impone más que nunca que, como ha ocurrido pacíficamente el pasado martes, los ciudadanos y las ciudadanas se vuelquen a las calles para oponerse a quienes hoy pretenden volver a oscuras épocas que sumieron a los paraguayos y las paraguayas en la indefensión, en el sufrimiento y la miseria.