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El actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el colombiano Luis Alberto Moreno, asumió el cargo por primera vez en julio de 2005, con la promesa de luchar contra el derroche y la corrupción que permeaban la administración del organismo financiero multinacional. Su compromiso con la honestidad de gestión institucional se diluyó en un mar de escándalos de corrupción, incluso mayores que los sucedidos durante los 17 años de la presidencia del uruguayo Enrique Iglesias al frente del banco. El más sonado de los cuales se dio en Haití, a fines de la década del 2000, cuando en ese país fungía como el representante del BID el actual representante en nuestro país, el brasileño Eduardo Almeida.
Son de conocimiento público los pormenores de la sarta de malos manejos durante su administración en la infortunada isla caribeña, a la que el banco estaba supuestamente ayudando a levantarse tras el terrible terremoto que la había azotado dejándola virtualmente en ruinas. Tan descarada fue la corrupta gestión del señor Almeida en Haití que provocó el bochorno de que sus desprolijidades fueran denunciadas al tribunal de ética de la administración central del banco. Obviamente, de conformidad con la regla no escrita de encubrimiento que regía en la institución, el presidente Moreno aplicó la lógica de las palomas del campanario, destituyendo a la funcionaria Mariela Antiga Bovio, quien en cumplimiento de su deber ético de responsabilidad había denunciado el grave desaguisado de su jefe.
Por su parte, el señor Almeida fue olímpicamente exculpado con base en una sentencia tramitada por un bufete de abogados de EE.UU. tras dos años de proceso. Pero las pruebas que constan en el expediente de marras no eximen de culpa al señor Almeida, aunque en última instancia su culpabilidad haya sido trasladada al organismo financiero internacional, protegiéndolo así en lo personal. El escándalo suscitado por las irregularidades cometidas en Haití por la administración del señor Almeida y el posterior encubrimiento del delito en que estuvo incurso en el desempeño de su responsabilidad institucional en el país caribeño desató fuertes críticas de organizaciones civiles que monitorean la transparencia de los organismos financieros multinacionales como el Banco Mundial (BM) y el BID. Incluso de legisladores de EE.UU. –el mayor aportante de fondos en ambas instituciones–, como el senador republicano Richard Lugar, quien desde entonces se ha convertido en el más severo crítico de la gestión del presidente del BID.
Con semejante negativo saldo de gestión, nueve meses después de ser reelegido como presidente en julio de 2010, el señor Luis Alberto Moreno se esforzó en lanzar una encendida aunque poco efectiva campaña para supuestamente combatir la corrupción imperante en el ámbito financiero del BID en sus programas de crédito a los países miembros, tanto de parte de los sectores prestatarios como de las propias autoridades del banco involucradas en la responsabilidad de velar por la correcta administración de los empréstitos en cada país.
Así, el 23 de marzo de 2011, comunicado de prensa mediante, el BID anunció que a partir del 1 de abril de ese año toda denuncia de corrupción será investigada y sancionada bajo un nuevo proceso que incluye un oficial de casos y nuevo comité clave que incluirá a miembros externos, entre otros cambios. La Oficina de Integridad Institucional (OII) seguirá investigando denuncias sobre prácticas prohibidas en actividades financiadas por el grupo BID y, bajo el nuevo marco, entregará el resultado de sus investigaciones al oficial de casos, que a su vez decidirá si procede una sanción en contra de un individuo o una firma. Las partes afectadas podrán apelar la decisión al Comité de Sanciones.
Cinco años después, el pasado 23 de junio del corriente año, el presidente del banco, Luis Alberto Moreno, declaró jactanciosamente durante una conferencia en la Universidad de Stanford (California) que la lucha contra la corrupción en Latinoamérica marca “un punto de inflexión histórico” en la región. En la ocasión, Moreno aludió al popular dicho brasileño “roba, pero hace algo”, afirmando: “nadie dice ya eso en Brasil o en ninguna parte de la región”, justo en momentos en que el escándalo de la petrolera Petrobras estaba en plena ebullición. Lapsus linguae que delata su cinismo, pues era algo que no podía ignorar como presidente del BID.
En ese tiempo, tampoco podía desconocer que su representante en Paraguay, el señor Eduardo Almeida, había autorizado el desembolso de US$ 4,5 millones del crédito del BID para el proyecto Metrobús y la reconversión del centro histórico de la ciudad, ANTES de que el Congreso lo aprobara por ley. No podía ignorar también que el señor Almeida aprobaría la contratación de una firma consultora argentina para el estudio del proyecto de reconversión urbana, sobrando consultores paraguayos especializados.
Lo que resta por verse es cómo el señor Almeida va a administrar el financiamiento del Metrobús. Como el mismo está a disposición de la discrecional normativa del banco, no debería sorprender que eventualmente repita las trapisondas que tan mala fama le dieron en Haití.
Mientras el señor Almeida se mantenga al frente del BID en nuestro país, la ciudadanía debe mantenerse atenta a cualquier jugada en complicidad con funcionarios gubernamentales. El sistema general del BID es corrupto, tramposo. Por eso sus altas autoridades son proclives a conceder empréstitos a gobiernos corruptos de la región, quienes, dejando de lado las leyes nacionales, se avienen a aceptar las normas discrecionales del banco, para, de ese modo, con la complicidad de su representante en el país, administrar deshonestamente el dinero que a la postre tienen que pagar los contribuyentes, en nuestro caso, los paraguayos.
El que se endeuda no es el BID, es el Paraguay, por lo que el pueblo paraguayo tiene derecho a que sean las autoridades del Paraguay las que se encarguen de su administración. Así, por lo menos, después tendrá la posibilidad de pedirles rendición de cuentas en el país, mientras los funcionarios del BID que participaron de la comilona ya estarán en otro lado disfrutando el fruto de su “buena fortuna”.
Esta es una grave pérdida de la soberanía nacional que tanto los diputados como los senadores de la Nación nunca debieron haber permitido, por lo que se impone su rectificación.