Todo indica que el proyecto metrobús va a constituir la más trágica estafa que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) haya cometido hasta ahora contra el pueblo paraguayo. El crédito para el financiamiento parcial del citado proyecto fue concedido por el banco con base en un anteproyecto fraudulento, diseñado en escritorio, sin correspondencia con la realidad física del trayecto que iría a recorrer y convenientemente engarzado con el atractivo cliché de una supuesta “modernidad”.
Una de sus características más emblemáticas era que su material rodante estaría constituido por trolebuses movidos con electricidad, abundante y barata en el país, en vez del contaminante diésel. Su traza imaginaria arrancaba del mercado central de San Lorenzo y remataba en la estación terminal ubicada en la plazoleta del antiguo puerto de Asunción, desplegándose a lo largo de la Ruta 2 “Mariscal Estigarribia”, la avenida Eusebio Ayala, la avenida Pettirossi y calles del microcentro hasta el final del trayecto.
Así, con un disfraz de proyecto de alta conveniencia pública, dado lo precario y obsoleto del sistema de transporte público de pasajeros existente en el área metropolitana, el proyecto del metrobús fue presentado por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) como la panacea para contrarrestar tan deficiente servicio público. Obviamente, a falta de un correcto estudio de factibilidad previo, el anteproyecto del metrobús presentado al BID fue un vergonzoso remedo de lo que debería de ser un proyecto ejecutivo de ingeniería responsablemente elaborado.
Contra sus propias normas, el BID dio rápido trámite a la solicitud de crédito para la financiación del descabellado proyecto. Pero lo hizo imponiendo sus condiciones, ante la certeza de que, al no contarse con un proyecto ejecutivo en regla, la mayor parte del crédito sería gastado en “consultorías”; el rubro en el que habitualmente medran altos funcionarios corruptos del organismo financiero internacional. Con el señor Eduardo Almeida como representante del banco en Paraguay, estaban dadas las condiciones para una arrebatiña por los millones de dólares del crédito, habida cuenta de su desprolijo desempeño en igual función en Haití, en la década pasada.
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Este contubernio de los funcionarios del BID con burócratas concusionarios del MOPC no tardó en manifestarse: antes siquiera de que el convenio de préstamo fuera aprobado por el Senado, ya el señor Almeida autorizó un desembolso de cinco millones de dólares del mismo para gastos de reconversión del barrio San Jerónimo, aledaño al puerto de Asunción. Este delito fue perpetrado durante la administración del presidente Fernando Lugo, siendo titular del MOPC el señor Efraín Alegre.
En cuanto a la implantación del proyecto, después de cinco años de idas y venidas, de cambios y recambios, tanto de itinerario como de la clase de material rodante, finalmente las autoridades del MOPC y del BID han decidido que dicho material rodante va a ser, otra vez, buses convencionales movidos a diésel, en vez de trolebuses como en un principio estaba previsto. ¡Una mentira más puesta en evidencia! También se llamó a licitación y se adjudicó al conglomerado empresarial portugués Mota-Engil el contrato para la construcción de un tramo intermedio del proyecto, el fácil, desde el Campus de Universidad Nacional de Asunción (UNA) hasta la calle General Aquino, en una extensión de 11,4 kilómetros y a un costo de US$ 53 millones.
Aun cuando el crédito destinado a la construcción del metrobús ascendía en un principio a US$ 167,8 millones, el viceministro de Obras del MOPC, ingeniero Juan Manuel Cano Fleitas, había señalado, en oportunidad de anunciar la licitación de únicamente el tramo central del mismo, que ello obedecía a que solo había dinero disponible para construir dicha extensión de línea y que se vería después de dónde sacar el resto. Esto debe ser así, pues resta indemnizar a los 947 propietarios de inmuebles y 853 comerciantes que van a ser afectados por la construcción de dicho tramo. Estos se oponen firmemente a que se implemente la construcción, pues, con toda razón, temen que no sean resarcidos como corresponde por las pérdidas que van a sufrir con la construcción de la línea del metrobús. La misma implicará la eliminación total de los espacios de estacionamiento de los locales comerciales ubicados sobre la vía, restricción que implicará la muerte de todos ellos.
Además del perjuicio económico, social y ambiental que va a provocar esta obra en la extensión prevista, también va a producir como daño colateral una significativa reducción de la velocidad del tráfico a lo largo del trayecto, debido no solo a la obstrucción de una parte de la calzada, sino además al incremento de semáforos reguladores del tránsito que, de unos 25 existentes actualmente, pasarán a más de 47.
Llama también poderosamente la atención la reticencia que han tenido el BID y las autoridades paraguayas para el necesario diálogo con los miles de potenciales perjudicados por los futuros trabajos de construcción de la vía.
Este es el momento en que se anuncia el inicio de los trabajos. Sin embargo, hasta ahora el MOPC no tiene resuelto el problema de las afectaciones, habiendo prometido que lo tendría listo en el pasado mes de setiembre. Por su parte, los directores del BID que visitaron recientemente nuestro país se han marchado de vuelta a Washington sin haberse interesado en absoluto en el drama económico, social y ambiental de los afectados por la obra alentada, primero, y financiada, después, por ese banco.
A este paso, con su indiferencia, se han comportado como cómplices de las autoridades involucradas en el desprolijo proyecto. Los paraguayos y las paraguayas deben interiorizarse de este emprendimiento y manifestarse públicamente para evitar esta nueva comilona de los recursos que pertenecen al pueblo.