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Se rumorea que un concejal de Luque ha pedido 300 millones de guaraníes a la empresa Puma para que esta pueda instalar una estación de servicio en dicha ciudad, aunque la solicitud se haya ajustado a todas las exigencias normativas. De ser verdad, se dirá que ese delincuente no podría determinar por sí solo la decisión de una Junta Municipal de doce miembros, pero bien puede suponerse que la coima reclamada será compartida con otros ediles de la misma calaña. No se trataría aquí de que la oferta presentada esté en situación irregular, en cuyo caso suele ser el propio interesado quien toma la iniciativa de ofrecer el soborno, sino de lisa y llana corrupción por parte de funcionarios inescrupulosos.
Hechos similares al referido ya se habrán dado no solo en esta ciudad vecina a la capital sino en todo el país, desde que los actuales ediles asumieron sus cargos el 19 de diciembre de 2015. Es innecesario remontarse a experiencias de años anteriores para concluir que los intendentes no tienen el monopolio de la corrupción, pues los concejales son muchas veces partícipes necesarios en la sucia faena. En efecto, no es nada raro que también quienes deben controlar la administración municipal estén muy interesados en enriquecerse ilícitamente mediante, por ejemplo, la aprobación de licitaciones amañadas a cambio de un “vuelto”, según el eufemismo usado alguna vez por el exconcejal asunceno Yamil Esgaib (colorado), al admitir la vigencia de estas repudiables prácticas.
Al respecto, vale la pena recordar también que, en junio de 2015, el senador Jorge Oviedo Matto (Unace) expresó a candidatos de su partido a la Junta Municipal de Asunción que “no es el sueldo (lo que importa) ahí; ahí es barrido y limpieza, compra de útiles para oficina, compra de uniformes para los funcionarios, el que provee el combustible. Entre 24 (concejales) se reparten la torta. Entonces, a veces su sueldo es lo de menos; muchas veces dejan nomás ya (...), y eso les va a tocar a ustedes ahora” (las negritas son nuestras).
Ante estas públicas expresiones desvergonzadas, se puede concluir entonces que el sistemático latrocinio perpetrado con los recursos del Fonacide que manejaron las municipalidades requirió la complicidad de los concejales o, en el mejor de los casos, su negligencia culposa.
Está visto que los coimeros también sientan plaza en las Juntas Municipales y que en las prácticas delictivas a nivel municipal no hay distinción de colores partidarios sino, más bien, un espíritu de cuerpo que actúa bajo la consigna de que hay que sacarle provecho al cargo ejercido, chantajeando, haciendo la vista gorda o adjudicándose jugosos ingresos ilegales, que es lo que hicieron hace un mes los ediles luqueños para cobrar 19 millones de guaraníes mensuales desde el próximo año gracias a un aumento de cinco millones de guaraníes de sus gastos de representación, objetado solo por uno de ellos, el concejal Rubén González (colorado).
Sin perjuicio de lo que dispongan otras normas, la Ley Orgánica Municipal (LOM) prohíbe a los concejales, entre otras cosas, “recibir obsequios, propinas, comisiones o aprovechar ventajas por razón del cargo”, así como lograr beneficios originados en contratos o en otros actos en que intervengan como autoridad municipal. Pero es evidente que estas disposiciones les importan un pito al común de ellos, si es que las conocen, pues no se distinguen precisamente por su idoneidad. Pero deben saber que la LOM les hace personalmente responsables con sus bienes, según las leyes civiles y penales, por los daños que causen a la Municipalidad los actos y operaciones ilegales que autoricen, si bien no se conocen antecedentes con respecto a la aplicación de esta norma. Pero llegará el momento en que los responsables de tales perjuicios vayan a parar con sus huesos a la cárcel.
Se impone, pues, que los vecinos controlen a los ediles. Por eso, deben exigir a los presidentes de las respectivas Juntas Municipales que publiquen con anticipación el orden del día de las sesiones ordinarias, que son de carácter público, y formar asociaciones que puedan concurrir a las reuniones de las comisiones asesoras de la Junta Municipal.
La participación ciudadana, a la que apuntan estos derechos reconocidos por la LOM, es imprescindible para que los concejales se saquen de la cabeza que pueden hacer o dejar de hacer lo que les venga en gana. Se les debe hacer sentir que ellos no recibieron un cheque en blanco de los vecinos y que no fueron elegidos para servirse de los tributos municipales ni para extorsionar a nadie. Antes que confiar en la Contraloría General de la República o en la actuación de oficio del Ministerio Público, los ciudadanos y las ciudadanas deben tomarse el tiempo para observar de cerca la gestión de los ediles, algo que acaso no es muy difícil, sobre todo en las localidades pequeñas y medianas. En tal sentido, los medios de comunicación locales, sobre todo las radios comunitarias, tienen mucho que ayudar para transparentar el desempeño de las Juntas Municipales e impedir que se conviertan en una cueva de ladrones. Entre otros de los perjuicios, las coimas exigidas –por el intendente o por los concejales– desalientan las inversiones, impidiendo la creación de fuentes de trabajo en la localidad.
Está, pues, en el directo interés de los vecinos y las vecinas que esos órganos colegiados sean saneados de la nauseabunda escoria constituida por los concejales corruptos. Para ello harán bien en estarles encima para denunciar sus fechorías, en la certidumbre de que ellos, ellas y sus hijos e hijas son víctimas directas de su deshonestidad. Y, por supuesto, no votar nunca más por esos desfachatados.