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En cierto sentido, es razonable que el Poder Ejecutivo haya promovido una reforma tributaria para que los contribuyentes de siempre desembolsen 300 millones de dólares más cada año. Hay que cumplir con la ley que limita el déficit fiscal admisible al 1,5% del producto interno bruto, para evitar la tentación de tapar los agujeros con endeudamientos –como ha ocurrido durante el Gobierno de Horacio Cartes– o con emisiones monetarias inorgánicas. Pero, para los políticos en el Gobierno, también se debe cumplir con la clientela o los grupos organizados, que consideran una suerte de delivery el Presupuesto nacional, al que asaltan con todo tipo de reclamos, sean supuestas reivindicaciones o demandas de más privilegios, a los que gobernantes y legisladores responden invariablemente hundiendo cada vez más la mano en los bolsillos de Juan Pueblo.
Se dirá que hay mucho margen para reducir el gasto público sin acuciar una vez más a los contribuyentes, pero la verdad de las cosas es que, de hecho, esa opción resulta ilusoria. Las habituales sobrefacturaciones no desaparecerán del día a la noche, lo mismo que los malgastos múltiples ni las subvenciones diversas. Ni las demandas de la clientela, como la del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que el año pasado hizo aprobar a los legisladores un subrepticio aumento, pasando inclusive por encima del Ministerio de Hacienda.
Nuestro país sufre una cultura político-administrativa signada por el clientelismo, en la que es difusa la distinción entre los patrimonios público y privado, lo que no favorece a la austeridad. Todo el mundo se cree con derecho a sacarle una tajada indebida al Presupuesto. Al fin y al cabo, el Estado sería una entelequia a la que se le puede robar o exprimir sin que ello genere sentimientos de culpa que podrían surgir cuando la víctima es de carne y hueso. Quien se apropia del dinero estatal o lo obtiene apelando a medidas de fuerza, hasta puede hacerlo con la conciencia tranquila, porque no estaría dañando a nadie en particular.
Apenas tienen vigencia efectiva las leyes que deberían impedir que el fisco sea desangrado, pues quienes deberían aplicarlas también están inmersos en la misma sociedad que solo en los últimos tiempos está empezando a repudiar con vehemencia esas prácticas aberrantes. Las normas contra el nepotismo o el enriquecimiento ilícito son violadas, sin mayores escrúpulos, por los mismos legisladores que las sancionan. Es decir, por quienes otorgan generosos aumentos de sueldos a miles de sus funcionarios y realizan innecesarias visitas oficiales al exterior, con todos los gastos pagados por sus pobres electores.
Hace poco, los médicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social arrancaron al Poder Legislativo un sistema jubilatorio de privilegio, poniendo en riesgo –más de lo que ya está– la Caja Fiscal. Los odontólogos y los bioquímicos del sector público acaban de lograr también su equiparación legal, siendo de temer que se vayan sumando otros grupos profesionales.
En otro caso, como ya es tradición, la Coordinadora Nacional Intersectorial reclama, violando la “ley del marchódromo”, que el Estado –léase el contribuyente– pague las deudas de los campesinos y apoye la agricultura familiar con diez millones de dólares. Con toda certeza, cuanto hoy consigan volverán a exigir el próximo año, de acuerdo a unas reglas del juego tácitas entre los que pagan y los que cobran. Sus compatriotas que no labran la tierra nada tienen que decir, porque el dinero público es como un maná que cae del cielo sobre quienes lo exigen con el puño en alto y las banderas desplegadas. Incluso las víctimas de la dictadura son indemnizadas por todos, sin necesidad de que demanden antes a quienes las torturaron. Conste que el art. 106 de la Constitución dice que la responsabilidad estatal es solo subsidiaria, en el caso de los delitos cometidos por los funcionarios en el ejercicio del cargo, y que son estos quienes deben responder con sus bienes por los daños causados.
Los tanteos para hacerse con el dinero público se presentan de las más diversas formas, como el que aparece como un intento de “invertir” 1.100 millones de guaraníes en el stand de Petropar en la próxima Expo. Ese precio ya estaba en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, pero, tras la publicación del caso por la prensa, la titular del ente petrolero, Patricia Samudio, dijo que fue un error, negó que ella tenga participación en el asunto y aseguró que se manejaba un proyecto de solo unos 400 millones de guaraníes.
De esta siniestra modalidad no escapan los jefes y consejeros de entes autónomos y autárquicos, como el Instituto de Previsión Social (IPS), que gustan de conocer el mundo a costa de los aportantes. Por ejemplo, entre 2015 y 2019, el actual ministro de Hacienda, Benigno López, y el presidente de la entidad previsional, Armando Rodríguez, así como los consejeros Juan Torales, Edsel González, Miguel Ángel Doldán y Julio César Velázquez gastaron más de 578 millones de guaraníes de los asegurados del IPS en concepto de viáticos. Sin contar las pérdidas multimillonarias con las licitaciones amañadas y los sobrefacturaciones.
En suma, el Estado funciona como un autoservicio y ha llegado el momento de renovar el stock, apelando a los proveedores registrados. Ampliar la base tributaria, reduciendo la economía informal, afectaría intereses bien representados, por ejemplo, en la Subsecretaría de Estado de Tributación y en la Dirección Nacional de Aduanas. La cuestión es seguir tirando del carro de una manera cómoda, es decir, impulsar una reforma tributaria –vulgo “impuestazo”– para exprimir aún más a los contribuyentes conocidos, aunque la economía se halle en una fase depresiva. Hay que tapar los agujeros provocados por la corrupción, el prebendarismo, el despilfarro y el populismo, sin correr el riesgo de despertar la ira de sus beneficiarios. El Estado sigue siendo la gran “vaca lechera” de la que se sirven muchos avivados, a costa del trabajo de la gente de bien. Por tanto, lo que el Paraguay necesita no es tanto una reforma tributaria, como una de tipo moral, que alcance tanto a gobernantes como a gobernados.