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La preocupación ciudadana les tiene sin cuidado a los jerarcas de la Justicia Electoral –Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka–, que continúan derrochando sin pausa el dinero público, tanto en beneficio propio como en el de sus allegados, y en el de la clientela de los numerosos legisladores y políticos que los siguen respaldando pese a sus corruptelas tantas veces denunciadas.
El último episodio de esta serie ha sido protagonizado nuevamente por la abogada Wapenka, la misma que el año pasado cobró viáticos supuestamente por haberse trasladado al interior del país cuando, en realidad, se hallaba en el extranjero. Esta vez viajó a Elche para certificar la apertura y el cierre de las mesas receptoras de votos en los comicios internos del PLRA y transmitir por teléfono a Asunción los resultados preliminares de una votación ¡en la que solo participaron 25 de los 436 liberales empadronados!
Para cubrir sus gastos durante seis días de “trabajo”, la delegada del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) recibió 10.339.661 guaraníes, suma a la que debe agregarse el costo del pasaje aéreo, que asciende a unos cinco millones. Por de pronto, y en vista de los antecedentes, conviene que el director general de Administración y Finanzas de la Justicia Electoral, Olindo López, ordene a sus funcionarios que atiendan las fechas en que la magistrada estuvo de viaje al extranjero para que no coincidan con las de algunas reuniones en el interior del país a las que también “asistió” la magistrada. Por si acaso, la misma precaución deberían tener con respecto a Alfredo Mancuello, el director adjunto de Recursos Humanos que supervisó las votaciones en Málaga y en Madrid, en su inadmisible doble función de delegado del TSJE y del Tribunal Electoral Independiente del PLRA, así como con los funcionarios que viajaron a Buenos Aires, La Plata, Nueva York y Nueva Jersey.
En cuanto al fondo de la cuestión, que es el indignante despilfarro: no había necesidad alguna de que la susodicha y sus subordinados viajaran a España, Argentina y Estados Unidos para observar unos comicios internos en los que no se iba a elegir a candidatos para unas elecciones generales, sino a los integrantes de los organismos de un partido político que, en esos tres países, tenía un total de 8.429 empadronados. Se gastó dinero público en pasajes, en viáticos y hasta en la transmisión telefónica de resultados preliminares, como si las elecciones hubieran tenido carácter nacional. ¿Acaso no habría bastado con que funcionarios consulares, generalmente ociosos en sus oficinas, actuaran como delegados del TSJE? El hecho de que incluso una de sus altas magistradas se haya trasladado a España, donde solo tenían derecho a votar 1.521 liberales, se explica con la avivada de aprovechar la ocasión para visitar a costa del erario a su yerno y a su nieta que viven en ese país. Si el TSJE envió “misiones” al exterior para unas elecciones relativas a cargos directivos del PLRA, también debería enviarlas cuando otro partido realice las suyas, aunque sus afiliados no lleguen a cien y estén dispersos por el mundo. ¿Se imagina el lector a qué extremos de insensatez se podría llegar si el derroche prosiguiera?
La cuestión es valerse de cualquier pretexto, aunque sea ficticio, para tener un sobresueldo en forma de viáticos. Este año no habrá elecciones generales ni municipales, pero el presupuesto de la Justicia Electoral para pasajes y viáticos llega a nada menos que 4.914.370.000 guaraníes, de los cuales ya se ejecutaron hasta abril 752.750.000. La Justicia Electoral emplea esos rubros para aumentar los ingresos de sus magistrados y funcionarios y mostrar a la vez una supuesta eficiencia, aunque sea mediante actividades fraguadas. Es decir, no se trata solo de que existe un descomunal despilfarro, sino también de que se cometen delitos mediante la emisión de documentos públicos de contenido falso, como ha quedado demostrado, sin que hasta ahora los responsables hayan sido tan siquiera procesados.
Pasa lo mismo con las horas extraordinarias (13:00 a 16:00), que este año podrían consumir 10.787.990.000 guaraníes, sin que los 4.530 funcionarios ni los 2.461 contratados vayan a realizar tarea alguna vinculada con unos comicios nacionales. Por ese motivo la magistrada Patricia Blasco, presidenta hasta junio pasado del Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala, tuvo la decencia de pedir a la Dirección competente la suspensión del pago de horas extraordinarias de “trabajo” a dos subordinados, contra la opinión de sus colegas Hermes Medina y Gilberto Meza: desde enero hasta mediados de junio en dicho órgano ingresaron apenas 49 expedientes nuevos.
El malgasto y la corrupción son imputables no solo a los impresentables miembros del TSJE, sino también al Congreso y al Poder Ejecutivo, en la medida en que sancionan y promulgan un presupuesto absolutamente desmedido. Los fondos asignados a la Justicia Electoral terminan en gran parte en los bolsillos de operadores políticos, lo que ayuda a entender la extrema generosidad de los parlamentarios y la estrecha relación que siempre han tenido con los miembros del TSJE.
¿Hasta cuándo la ciudadanía que trabaja y paga sus impuestos va a seguir soportando que los políticos continúen engullendo el fruto de sus esfuerzos? Hace falta una manifestación pública enérgica y perseverante para exigir que acabe el despilfarro en las instituciones públicas.