Además de los injustificados beneficios que se autoasignan –como su “jubilación de oro” a los diez años de ejercer como “representantes” del pueblo al que explotan–, los legisladores no se cansan de practicar el prebendarismo a costa del contribuyente, del sentido común y de la Ley de Administración Financiera del Estado (LAFE). Aumentan sueldos del personal público y crean nuevos cargos por propia iniciativa, sin importarles un bledo el incremento de los gastos corrientes así generado. Sacrifican las inversiones para alimentar mejor a sus respectivas clientelas e incorporan a nuevos presupuestívoros que no prestarán ningún servicio a la población. En una palabra, hacen lo que les da la gana con el dinero de todos.
Tras el escándalo que estalló en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde 86 funcionarios lograron aumentos salariales mediante su “gestión personal” ante el Parlamento, ahora resulta que los beneficiarios del intolerable procedimiento ascienden a 2.123 miembros del personal de 36 órganos estatales. Entre ellos figuran el propio Poder Legislativo, con 82 avivados; la Presidencia de la República, con 165; y –todo un récord– el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con 537. Los incrementos obtenidos –que en algunos casos llegaron al 251%– costarían en total unos doce mil millones de guaraníes anuales.
El ministro de Hacienda, Benigno López, dijo ignorar los motivos del disparate, limitándose a señalar que “los aumentos en el Congreso están dentro de sus atribuciones”. La observación es tan cierta como la de que el Poder Ejecutivo tenía la facultad, que no ejerció, de vetarlos en tiempo oportuno. Conste que el mismo ministro calificó de “incentivo perverso” la maniobra que consistió en reducir otras partidas para no superar el déficit fiscal del 1,5% del Producto Interno Bruto. Felizmente, el 20 de febrero emitió la Resolución N° 130, ordenando no liquidar temporalmente el salario de quienes recibieron un aumento salarial sin el respaldo de un concurso público.
Como si fuera poco, la Comisión Permanente del Congreso citó al ministro López para que brinde detalles acerca de los aberrantes incrementos, ¡aprobados por el propio Poder Legislativo! O sea que los integrantes del órgano presidido por el diputado Antonio Buzarquis (PLRA) no saben por qué sus colegas o ellos mismos creyeron oportuno concederlos, aunque no hayan estado incluidos en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación. ¡Increíble! Esta es la seriedad de nuestros parlamentarios y esta es la autoridad de la que goza el Ministerio de Hacienda, al que el art. 18 de la LAFE califica de canal exclusivo del Poder Ejecutivo en sus relaciones con el Legislativo, pese a lo cual es puenteado por las autoridades de los otros órganos y ¡hasta por los funcionarios! Más aun, incluso el propio Presidente de la República fue lisa y llanamente ninguneado por sus subalternos, empezando por la mismísima Secretaría de la Función Pública (SFP), para cuyos funcionarios no había pedido ninguna mejora salarial, aunque ¡igual la obtuvieron 31 de ellos por su propia cuenta! La ministra Cristina Bogado emitió un dictamen para justificar el aumento recibido, que el ministro de Hacienda halló comprensible, porque considera que “ellos (los de la SFP) son parte del proceso. Ellos son los que se aumentaron también. No van a decir que está mal”. Por su parte, la ministra sostuvo que su colega actuó de “muy mala fe” al filtrar el dictamen, lo que revela que ella quiso mantenerlo en secreto. Ambos dependen directamente del jefe del Poder Ejecutivo, de lo que se desprende que el equipo gubernamental no se destaca por su cohesión.
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Pero los despropósitos no terminan aquí. Como bien se sabe, el prebendarismo, tan nocivo para quienes deben financiar a una vasta clientela política, se refleja sobre todo en la creación de cargos inútiles para la ciudadanía. Abundan, por ejemplo, los “jefes de Gabinete” en organismos de medio pelo, o jefes de ascensoristas, o jefes de fotocopias. No importa que estos después vegeten en los pasillos, como ocurre en el Ministerio de Educación y Ciencias, donde unos 300 funcionarios esperaban últimamente hacinados en los corredores ser reubicados ilegalmente –porque tampoco son necesarios– como “comisionados” en otras instituciones. La enorme mayoría de ellos figuran en la planilla de sueldos como “docentes”. Así se rifa alegremente la plata del Estado, aportada por la gente que verdaderamente trabaja.
Los propios irresponsables congresistas crearon para este año 3.743 puestos adicionales, de modo que ahora hay 301.926 en toda la Administración Pública, entre los que se incluyen 2.659 en el Poder Legislativo, es decir, 79 más que el año pasado. Es fácil imaginar que la gran mayoría de los enchufados en el Congreso no hace absolutamente nada, salvo deambular por los pasillos o charlar con los colegas, si es que asisten a su lugar de “trabajo”. Lo mismo acontece, por cierto, en gran parte del aparato estatal.
Esta patética situación es el resultado inevitable del manejo presupuestario, insensato desde el punto de vista administrativo, pero comprensible en términos de la deprimente mentalidad de nuestros “políticos”. Ni al Congreso ni al mismo Poder Ejecutivo les interesa lo que al respecto opine la SFP, encargada por la ley de formular la política de recursos humanos del sector público, considerando los requerimientos de un mejor servicio, así como de una gestión eficiente y transparente. Es más, la propia SFP está metida en el menjunje que comentamos. Nada se respeta a la hora de crear cargos para dar el costoso disfraz de funcionarios a los recomendados que tienen la suerte de ocuparlos.
El ministro de Hacienda anunció que “probablemente” el Poder Ejecutivo deje vacantes los nuevos cargos creados tan mañosamente, lo que sería una decisión laudable, aunque solo aplicable con respecto a los 1.783 creados dentro del mismo. Pero nada indica que el manejo presupuestario vaya a mejorar. El Ministerio de Hacienda no termina de imponer el orden dentro de sus filas, siendo ignorado por las autoridades de las entidades del propio Poder Ejecutivo, las que son ignoradas, a su vez, por los respectivos subordinados, como quedó demostrado. Urge poner fin a tamaño desbarajuste. Es preciso hacer valer la LAFE y la Ley de Responsabilidad Fiscal ante la infame coalición de quienes aspiran a desviar los ingresos tributarios hacia los bolsillos de la clientela política. Mientras esta engorda, seguirán faltando medicamentos en los hospitales, infraestructura en las escuelas y caminos transitables en diversos puntos del país. Debe ponerse fin al robo presupuestario de todos los años.