El nuevo ministro de Educación y Cultura, Enrique Riera, tendrá ante sí una tarea descomunal, dado el calamitoso estado en que el sistema educativo se halla desde hace mucho tiempo. A nuestro criterio, debe continuar y profundizar ciertas medidas de indudable conveniencia adoptadas por la doctora Marta Lafuente, su antecesora.
La primera de ellas es insistir en la despartidización de un ministerio del que, en los últimos 60 años, los politicastros de turno se han servido para que sus allegados obtengan “rubros” como docentes ineptos y sueldos como funcionarios superfluos: los primeros no multiplican el conocimiento sino la ignorancia, y los segundos privan de recursos que deben ser destinados directamente a la enseñanza. Que los maestros y las maestras deben ser designados según sus méritos y aptitudes, es una obviedad que no se había tenido en cuenta, al menos desde los tiempos de la dictadura. Los resultados están a la vista: muchos niños y jóvenes son incapaces de escribir correctamente y hasta de comprender lo que leen.
Si bien el peso del carnet partidario disminuyó en los últimos años, es de esperar que, cuanto antes, desaparezca definitivamente de la educación pública. Sin embargo, esa necesaria liberación de la influencia de los mandamases de turno es insuficiente, pues ocurre que los concursos públicos de oposición realizados para acceder a cargos directivos y de enseñanza suelen revelar la muy deficiente preparación de la generalidad de los educadores. Esto significa que de los Institutos de Formación Docente (IFD) egresan maestros y maestras que carecen de las habilidades pedagógicas requeridas para ejercer el magisterio como corresponde. Evidentemente, habrá que quebrar el círculo vicioso, de larga data, que supone que quienes enseñan en los IFD fueron antes las víctimas de una pésima educación pública, que luego contribuyen ahora a reproducir.
Hace falta educar como se debe a los educadores para que no perjudiquen a los alumnos con su incapacidad pedagógica. Si los estudiantes secundarios tienen motivos para protestar, también deben de tenerlos quienes pretenden enseñar más tarde; es necesario que su formación inicial sea adecuada y que realmente sientan vocación por la enseñanza.
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Por supuesto, no todo depende del salario, que puede y debe ser mejorado: es imprescindible que los educadores enseñen no solo con el entendimiento, sino también con el ejemplo y el corazón, identificándose plenamente con su noble labor. Las periódicas huelgas ilícitas en busca de mejoras salariales evidencian que los maestros y las maestras sindicalizados anteponen sus reivindicaciones a las necesidades de los educandos, a quienes utilizan como rehenes. La exministra hizo lo que correspondía al descontar los salarios de los huelguistas por los días no trabajados, y al destituir a los sindicalistas planilleros que, en vez de enseñar, se dedicaban a violar la ley. Es de esperar que el doctor Riera resuelva lo mismo en casos similares, y que no trate de ganarse el favor de las organizaciones gremiales a costa de la educación.
En cuanto a los funcionarios que se limitan a cobrar sus sueldos porque no tienen nada que hacer, Marta Lafuente se desprendió de un millar de ellos asumiendo, desde luego, que sería objeto de la inquina de sus respectivos padrinos. Fue una medida elogiable, que deberá ser continuada para destinar más fondos a la educación y menos a la burocracia inútil. El nuevo ministro deberá tener el mismo coraje y seguir aliviando la carga presupuestaria que implica el personal excedentario. Debe resistir la tentación de obtener el aplauso de los politicastros de siempre, manteniendo a sus prohijados con el dinero público o, lo que sería peor, incorporando a otros.
También conviene que refuerce considerablemente la fiscalización de las obras de infraestructura educativa, que los intendentes y los gobernadores deben levantar con los recursos del Fonacide: aquí el control del MEC fue insignificante, lo que contribuyó, sin duda, a que la malversación estuviera en el orden del día. El ministerio debe esforzarse por acompañar de cerca todo lo relacionado con la infraestructura educativa; no debe confiar demasiado en que las autoridades locales cumplan con su deber de administrar con honestidad y eficiencia el dinero público destinado a ella.
Evidentemente, Enrique Riera no podrá levantar de su postración a la educación en lo que resta del actual período gubernativo, ya que los problemas son gravísimos, en diversos ámbitos. Los resultados de la marcha ya iniciada no serán inmediatos. Se necesitarán varios años para que la calidad de nuestro sistema educativo mejore sustancialmente de modo a evitar que se repita, por decir lo menos, los resultados de los recientes informes de competitividad del Foro Económico Mundial, que ubican al Paraguay en los últimos lugares entre 140 países evaluados. Para lograr eso, es muy necesario que desde el MEC se convoque también a la sociedad civil en pleno para convertir a la educación en una obsesión de todos y no solo del Gobierno y de los docentes, protagonistas centrales del enorme esfuerzo que debe realizarse por el bien de las nuevas generaciones.
Esperamos que el cambio en la nueva cúpula ministerial continúe con las correctas iniciativas tomadas por la doctora Lafuente y sean sostenidas en el tiempo, pues es mucho lo que hay que cambiar para tener la educación que merecen nuestros niños y jóvenes.