El nuevo ministro de Educación y Cultura, Enrique Riera, desea que los recursos del Fonacide que deben destinarse a obras de infraestructura educativa sean temporalmente centralizados por razones de emergencia, es decir, que sean gestionados por el organismo que él encabeza y no por los gobiernos departamentales y municipales, tal como lo dispone el art. 4° de la Ley N° 4758/12. La centralización pretendida implicará volver a un viejo modelo de gestión que no sirvió para que los centros educativos estén bien construidos y equipados, sino para que los burócratas capitalinos, tan ineptos como corruptos, manejen deficientemente el dinero público.
Lo que nunca funcionó bien durante décadas no funcionará mejor ni siquiera para paliar una situación de emergencia que, por cierto, ya existía antes de la promulgación de la citada ley. Sencillamente, el Ministerio es incapaz de atender a los 4.800 colegios y escuelas distribuidos en 250 municipios, como lo demuestra el hecho de que, según el Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas (Sinadi), hasta el año pasado había realizado la inspección técnica de solo el 1,4% de ellos. Si no puede cumplir a cabalidad con ese deber, sería necio agregarle el de realizar los procedimientos de contratación de obras públicas.
Como tampoco la gestión de los gobernadores y de los intendentes ha sido eficiente y honesta, se entiende que se pretenda restarles esa competencia legal. Pero la solución propuesta, sin embargo, no es la más conveniente, ya que de lo que se trata es de controlar mucho mejor el empleo de los fondos. Los resultados logrados hasta ahora por la administración descentralizada fueron deplorables no solo porque el Ministerio no controló la realización de los trabajos como debía, sino también –y sobre todo– porque a los docentes, a los padres de los alumnos y a estos mismos les importó un bledo que los gobernadores y los intendentes manejaran los recursos a su antojo, con la complicidad de los concejales departamentales y municipales. ¿Ignoraban que las autoridades locales habían recibido dinero público para que la enseñanza se impartiera en instalaciones apropiadas? No es creíble, pero a estas alturas es de suponer que ya están mejor informados y que, en consecuencia, podrán controlar a quienes desvían recursos en perjuicio de la educación pública.
Sin duda alguna, la ciudadanía local es la que mejor puede supervisar el desempeño de los gobernadores y de los intendentes que el lejano Ministerio. Lo que hace falta, nomás, es que los pobladores de cada municipio y de cada departamento vigilen de cerca el empleo del dinero público, considerando que está en juego nada menos que la educación de sus hijos. Es de absoluta necesidad que sean conscientes de la importancia de que el dinero de todos no sea despilfarrado y de que denuncien públicamente a los corruptos o incapaces.
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Nuestro diario ha venido sosteniendo que los problemas locales pueden ser mucho mejor solucionados sobre el terreno, mediante la participación de vecinos atentos a la gestión de las autoridades. No hay que esperar que todo se resuelva en Asunción. Por de pronto, es alentador que, en el acuerdo homologado hace unos días por el Poder Ejecutivo, los estudiantes se hayan comprometido a participar activamente en el control de los recursos del Fonacide. Es de esperar que, junto con los respectivos pobladores, sepan cumplir con ese importante compromiso.