El 1 de abril entró en vigor la ley que grava con el impuesto al valor agregado (IVA) los créditos otorgados por las cooperativas y obliga a estas organizaciones intermedias a elegir a sus autoridades según el sistema de representación proporcional. Tuvo que haber regido ya desde el 1 de octubre del año pasado, pero el Ministerio de Hacienda postergó su ejecución a instancias de las cooperativas de ahorro y crédito, so pretexto de que necesitarían más tiempo para realizar ajustes administrativos. Recurriendo a una nueva maniobra dilatoria, exigieron luego que el gravamen se aplique recién desde el 1 de julio, pretensión que en buena hora fue rechazada por el ministerio. Ahora reclaman lisa y llanamente la derogación de una ley que responde al principio de igualdad, que poco incidirá en el costo de los préstamos y que permitirá a los asociados controlar mejor la gestión de sus dirigentes. En otras palabras, los directivos de las cooperativas quieren que se deje sin efecto la ley incluso antes de que se perciban sus consecuencias, las que sin duda serán beneficiosas para el país.
De entrada, es justo que todas las cooperativas paguen el IVA, al decir de Edwin Reimer, titular de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod). Estas ya vienen aplicando “voluntariamente” el tributo en todos sus productos y servicios, lo que les permite recurrir a la compensación mediante créditos fiscales y transparentar toda la cadena de pagos. La exoneración del IVA era un privilegio que impedía generalizar el impuesto para formalizar cada vez más la economía, lo que permitía que las transacciones realizadas entre el prestador y el prestatario escaparan al control fiscal. Es de pensar que el temor oculto de quienes protestan es que ahora ellas salgan a la luz.
Si bien es cierto que con el IVA se espera recaudar más, también se pretende evitar eventuales evasiones impositivas favorecidas por las lagunas en las cadenas de pago. Su impacto sobre los prestatarios equivaldrá a solo el 1% anual, según cálculos realizados por especialistas publicados en estos días. Es decir, un préstamo de 10 millones de guaraníes, a un año de plazo y a una tasa del 20%, obligaría al socio a pagar 200.000 guaraníes más, suma que resulta del 10% de IVA aplicado a los intereses de 2.000.000 de guaraníes. La moderada imposición recaerá sobre el prestatario y no sobre las cooperativas de ahorro y crédito, pero servirá al Ministerio de Hacienda para la trazabilidad de las operaciones.
Los gastos de administración y las previsiones por créditos incobrables incidirán mucho más que el IVA en el precio del dinero, como bien lo saben los dirigentes cooperativistas que se movilizan con tanta persistencia y agresividad.
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En cuanto al sistema electoral, el que estaba en vigencia permitía que las claques que controlan las cooperativas permanecieran indefinidamente mediante una simple rotación de sus miembros en los cargos, evitando así los cuestionamientos que pudieran surgir en el Consejo de Administración y en la Junta de Vigilancia. El art. 118 de la Constitución dispone que el sufragio se funda, entre otras cosas, en el sistema de representación proporcional, y el 119 establece que para las elecciones de las organizaciones intermedias, como lo son las cooperativas, rijan los mismos principios y normas del sufragio. Esta representación proporcional es de aplicación imposible cuando se vota separadamente por cada uno de los cargos en disputa. Como se sabe, este diario se opone a las llamadas “listas sábana”, pero eso no significa que deba apoyar el mecanismo que se aplicaba en las cooperativas para monopolizar el poder, distorsionando el sentido del sufragio.
Por lo demás, las cooperativas seguirán beneficiándose con la exención de todo impuesto que grave su constitución, reconocimiento y registro, del impuesto a los actos y documentos que grave los actos de los socios con ellas, del impuesto a la renta sobre los excedentes y de los aranceles aduaneros por la importación de bienes de capital. La ley que acaba de entrar en vigencia no colisiona en absoluto con el mandato constitucional de promover el cooperativismo. Lo que hace, más bien, es responder a otro que dice que la igualdad es la base del tributo, y fomentar las prácticas democráticas en la elección de sus autoridades.
Las movilizaciones orquestadas por las camarillas de las cooperativas de ahorro y crédito apuntan más bien a defender privilegios, con el argumento de que la nueva ley perjudicará a unos 1.600.000 asociados, que por cierto vienen pagando una tasa efectiva, en promedio, del 23% anual, superando en tres puntos el promedio bancario.
Es perverso mentir a la gente con el propósito de conservar posiciones de poder, que nada tienen que ver con el interés de los cooperativistas ni con el del país. El cooperativismo paraguayo necesita ser depurado de los aprovechados que se benefician descaradamente de un ideal laudable.