La Justicia Electoral no deja de asombrar a la opinión pública con escándalos tras escándalos relacionados a la mala administración de los recursos que se le asignan, a la existencia de planilleros y hasta de una financiera “mau” con modalidad de usura.
Ahora se suma el hecho de que los responsables de la institución estaban atribuyendo tranquilamente gastos de consumo a los observadores internacionales enviados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), como si fuera que los agentes de dichas organizaciones hayan venido a nuestro país sin recurso alguno para cubrirse los gastos propios del trabajo de observación.
La Justicia Electoral gastó 765 millones de guaraníes supuestamente para cubrir el hospedaje y otros gastos de los observadores de la OEA, Unasur y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore). Ante el descubrimiento de que gran parte de ese monto estaba atribuido a los observadores, desde la OEA aclararon que la organización financia los gastos de sus enviados y que estos solo aceptan invitaciones de cortesía. La agencia de turismo Amitour asumió la culpa de un supuesto y poco creíble error en la confección de la factura remitida a la Contraloría.
La “aclaración” de la citada agencia de turismo señala que los gastos consignados erróneamente a los observadores de la OEA en realidad debían ser asignados a nombre de los observadores de Unasur y Uniore. No obstante, fuentes de la primera organización nombrada manifestaron a nuestro diario que ella se encarga de cubrir los gastos de sus observadores internacionales.
La información proporcionada por la Justicia Electoral carece absolutamente de confiabilidad frente a las aclaraciones de organizaciones internacionales como la OEA y Unasur, las cuales, lejos de pretender perjudicar al Tribunal Superior de Justicia Electoral de nuestro país, han demostrado en reiteradas oportunidades su voluntad de cooperar para mejorar el nivel de representación de la ciudadanía a través de la consulta electoral.
En las últimas elecciones municipales, el Presupuesto General de la Nación soportó una sangría de 21 millones de dólares para cubrir los gastos de tales eventos, lo que constituye un respetable monto, teniendo en cuenta que se trata de un país territorialmente pequeño y con relativamente escasa cantidad de electores.
Frente a revelaciones tan graves como atribuir a los observadores internacionales de organismos multinacionales gastos en los cuales no incurrieron, y todo ese inmenso presupuesto asignado a la Justicia Electoral para una de las tantas elecciones ya realizadas en nuestro país en las últimas décadas, no queda otra opción que poner en entredicho las explicaciones de los funcionarios y proveedores de la institución sobre las irregularidades detectadas ahora, además de instalar la duda, absolutamente justificada, con respecto a la forma en que se administró el dinero público en todas las anteriores elecciones.
Es hora de que el Gobierno, a través de sus tres poderes, realice una intervención a fondo en la Justicia Electoral con el propósito de sanear la institución, más aún que ahora con sus prácticas y acciones corruptas salpica hasta a miembros de organismos internacionales, desde donde sin duda alguna se irradiará una visión más negativa aún sobre la integridad de las autoridades encargadas de organizar y juzgar nuestras elecciones, y sobre el triste lugar de casi campeones de la corrupción en que nos ubican los estudios internacionales.