17 de Setiembre de 2017

 

“Cortar la mano a los ladrones”, otra promesa incumplida del presidente Cartes

Históricamente, la corrupción ha sido la enfermedad política del Paraguay. Tras la defenestración del dictador Alfredo Stroessner, los paraguayos y paraguayas creyeron que en democracia sería posible combatir con eficacia tan maligna forma de Gobierno. Sin embargo, veintiocho años después, con una Constitución democrática, hasta ahora la sociedad paraguaya no ha podido avanzar un milímetro en ese campo. Ocho presidentes han pasado desde entonces por el Palacio de López, sin que ninguno de ellos diera muestras efectivas de liderazgo para combatir la endémica corrupción en la administración pública. La lección que la ciudadanía ha recogido es que sin una consumada voluntad política del presidente de la República, no puede haber remedio efectivo ni sustentable contra el mal de la corrupción. Obviamente, para desempeñar esa dura tarea, el primer mandatario tiene que tener coraje y un empeño visionario a toda prueba. El ejemplo del pueblo brasileño nos demuestra que ese flagelo no es imbatible. ¿Tendremos alguna vez esa clase de presidente de la República? Claro que sí. Ya lo tuvimos en el pasado.

Históricamente, la corrupción ha sido la enfermedad política del Paraguay. Tras la defenestración del dictador Alfredo Stroessner, los paraguayos y paraguayas creyeron que en democracia sería posible combatir con eficacia tan maligna forma de Gobierno. Sin embargo, veintiocho años después, con una Constitución democrática, redactada al amparo de la más amplia libertad por un Poder constituyente multipartidario, hasta ahora la sociedad paraguaya no ha podido avanzar un milímetro en ese campo.

Ocho presidentes han pasado desde entonces por el Palacio de López –uno de ellos ilegítimo (Luis Ángel González Macchi) y dos de ellos forzados a dejar el cargo antes de completar su mandato (Raúl Cubas Grau y Fernando Lugo Méndez)–, sin que ninguno de ellos diera muestras efectivas de liderazgo para combatir la endémica corrupción en la administración pública, aunque invariablemente todos, sin excepción, prometieron hacerlo. En el mejor de los casos, ensayaron implementar instituciones enderezadas a coadyuvar en la erradicación del fatídico maleficio, sin resultado efectivo. Unos, con intención sincera, pero ineficaz; otros, sin ninguna voluntad política para efectivizarla. 

En retrospectiva, la lección que la ciudadanía ha recogido es que sin una consumada voluntad política del presidente de la República no puede haber remedio efectivo ni sustentable contra el mal de la corrupción. Se necesita un jefe de Estado que no esté inmerso en esa lacra y persiga implacablemente a los grandes y pequeños ladrones de las jerarquías gubernamentales, de arriba abajo, demostrando de esa manera a la sociedad civil que la función pública puede y debe ser desempeñada con transparencia y responsabilidad.

Obviamente, para desempeñar esa dura tarea el primer mandatario tiene que tener coraje y un empeño visionario a toda prueba. ¿Tendremos alguna vez esa clase de presidente de la República? Claro que sí. Ya lo tuvimos en el pasado, en los duros tiempos en que, como el Ave Fénix de la leyenda, la Nación renacía de entre sus cenizas tras la Guerra contra la Triple Alianza. Así, han pasado a la historia Manuel Franco y Eligio Ayala, por citar a dos grandes estadistas con esas características. 

En nuestros días tenemos el ejemplo de lo que sucede en Brasil. Una nación tradicionalmente sumida en el pantano de la corrupción política, que con la firme vara de la justicia y la decidida voluntad colectiva de las élites de la sociedad civil, está empeñada actualmente en drenar ese pantano, buscando convertir al país continente en la potencia mundial que tiene derecho a ser por sus condiciones favorables, algo que nunca hasta ahora pudo alcanzar precisamente por culpa de la endémica corrupción política que siempre lastró su progreso, y que en la última década del gobierno izquierdista de Lula da Silva hizo metástasis en sectores empresariales y comerciales del país, precipitando una aguda crisis política que culminó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, discípula de aquel. 

La integridad moral y el coraje profesional del juez federal Sergio Moro, quien tiene a su cargo el proceso judicial del escándalo de la petrolera estatal Petrobras, es un ejemplo de liderazgo y voluntad política para arremeter contra la corrupción en el más alto nivel nacional. Mediante su gestión, se comprobó que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y por lo menos cuarenta parlamentarios, incluidos siete ministros del gabinete, se beneficiaron con unos US$ 3.200 millones en sobornos pagados por Petrobras, en un fraudulento esquema calificado por el citado juez como de “sistemática corrupción”. A propósito, hace pocos días la Policía Federal brasileña encontró más de 33 millones de reales (US$ 10,57 millones) en cajas y maletas en una vivienda de Salvador, en el estado de Bahía, utilizada aparentemente como búnker para guardar dinero mal habido por Geddel Vieira Lima, exministro del presidente Michel Temer. 

En la actualidad, en nuestro país, bajo el gobierno del presidente Horacio Cartes se está dando el mismo tipo de escándalo sistémico de corrupción que en Brasil. Allí el antro de corrupción fue la gigante petrolera estatal Petrobras, que con sus prospecciones de petróleo y gas administraba un colosal capital operativo del que se aprovecharon poderosos empresarios de la construcción civil, como Marcelo Odebrecht y otros, para acceder a contratos con el Gobierno brasileño y extranjeros mediante pago de sobornos a políticos y altos funcionarios. 

Aquí, la plata dulce del fisco destinada a inversión pública la concentró Cartes en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con una asignación presupuestaria de unos US$ 700 millones por año. Dinero obtenido mediante préstamos internacionales y de fondos provenientes de la colocación de bonos del Tesoro, deudas que deberán ser pagadas por las actuales y futuras generaciones de contribuyentes paraguayos. Obviamente, aquí tampoco faltan “Odebrechts” paraguayos que, ni cortos ni perezosos, se han abalanzado sobre la piñata administrada por el ministro Ramón Jiménez Gaona según la misma regla de juego prevaleciente en la petrolera estatal brasileña. Vale decir, contratos dudosos para la construcción de obras de infraestructura que permiten pensar también en la circulación de incentivos bajo cuerda para la claque gobernante. En tal sentido, cabe recordar que, con la tácita complicidad de altos funcionarios del MOPC, los beneficiados con los contratos se agencian para arbitrar a como dé lugar modificaciones del proyecto de ingeniería contractual para, a renglón seguido, presentar su solicitud de aprobación de los mayores costos resultantes. 

De esta manera es como la mayoría de las obras viales ejecutadas bajo la actual administración del MOPC han tenido aumento de costo con relación al presupuesto contractual original. Llamativamente, casi todas ellas justo hasta el máximo del 20 por ciento permitido por la Ley de Contrataciones Públicas, incluido el correspondiente a “la peor herencia” recibida por el ministro Jiménez Gaona, según sus propias palabras: la autopista Ñu Guasu en sus dos tramos componentes.

Esta sucinta referencia a la irregularidad de gestión que caracteriza a la administración del ministro Ramón Jiménez Gaona, y que ciertamente no es un “circo mediático” montado por nuestro diario, sino una realidad contablemente comprobable, es al solo efecto de llamar la atención de la ciudadanía acerca de cómo una administración pública poco clara rebaja la credibilidad ciudadana en la transparencia que predica el Gobierno en cuanto a su gestión, pero que es desmentida en los hechos. 

Pero eso no quiere decir que la corrupción no pueda combatirse en nuestro país. El ejemplo del pueblo brasileño nos demuestra que ese flagelo no es imbatible, por más que venga de arriba hacia abajo. Con tal premisa en mente, la ciudadanía debe centrar su esperanza en que alguna vez tengamos de nuevo un presidente de la República honesto como los citados más arriba. La histórica oportunidad podría darse en las elecciones generales de abril de 2018, si las y los votantes paraguayos eligen un primer mandatario con integridad moral y liderazgo político proactivo capaz de impulsar el drenaje de nuestro pantano de corrupción, como lo están haciendo nuestros hermanos y hermanas de Brasil. 

 
 

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