Todo sondeo acerca de las necesidades del país registra que lo prioritario es crear fuentes de trabajo. Generalmente, este anhelo está antes que el combate a la corrupción, al mejoramiento de la educación y la salud públicas, o a la necesidad de reforzar la seguridad. Se dirá que se trata de una respuesta estereotipada, ritual, con la que el encuestado cree salir del paso sin pensar mucho, con la certeza de no proferir un disparate. No debe excluirse, empero, que obedezca a una opinión sincera, que refleja una marcada insatisfacción con las ofertas disponibles en el mercado laboral. Ello explicaría que el Partido Colorado haya escogido aquello de “Trabajo en primer lugar” como lema de su campaña destinada a elegir representantes para la Convención Nacional Constituyente de 1992, cuya función nada tenía que ver con lo que prometía el lema. Obtuvo el 55,1% de los votos, probablemente porque muchos ciudadanos habrán creído que la sanción de la Ley Fundamental conllevaría automáticamente la desaparición del desempleo, lo cual estaba muy lejos de la realidad, si bien contenía algunos principios generales sobre el trabajo.
Para que estas normas tengan el efecto deseado en el sentido del anhelo de la población, los gobiernos electos –o sus autoridades– deberían dictar leyes atinadas, que sean efectivamente ejecutadas. Sin embargo, por lo que se ve, tal no ha sido el caso, pues el desempleo abierto sigue alcanzando hoy en nuestro país el 8%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Y conste que el Producto Interno Bruto (PIB) ha venido aumentando en forma sostenida en los últimos tiempos.
En vista de esto, los Poderes Legislativo y Ejecutivo tendrían que esforzarse en impulsar medidas que apunten no solo a elevar el crecimiento económico, sino también a reducir considerablemente la desocupación. En tal sentido, resulta imperioso alentar la capacitación laboral y flexibilizar la legislación que rige los contratos de trabajo.
En lo que a la primera cuestión respecta, el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) deben hacer mucho más de lo que han venido haciendo hasta ahora para eliminar ese formidable obstáculo para la creación de empleos que supone la falta de capacitación de la mano de obra. Los recursos humanos, materiales y centros de capacitación de ambas entidades deben ser reforzados para que puedan llegar a más compatriotas de todos los lugares del país con sus cursos de formación. También es preciso que esas instituciones estén dirigidas por personas idóneas y honestas, compenetradas con la tarea tan relevante que les compete, que no hagan de ella meros instrumentos de la politiquería criolla al servicio del partido oficialista, como desde hace tantos años lo fue el SNPP.
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En este último aspecto, también el Ministerio de Educación y Ciencias tiene una importante función que cumplir, mejorando el plantel docente y el equipamiento de los colegios técnicos: los jóvenes necesitan incorporarse de inmediato al mercado laboral, para lo cual deben contar con las habilidades allí demandadas. Justamente, en lo que a ellos respecta, es de lamentar que la Ley N° 4953/13, de Inserción al Empleo Juvenil, que contempla la capacitación en el trabajo, no haya dado los frutos esperados, porque limita la libertad del empleador. Según el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Guillermo Sosa, se requiere una mayor flexibilización laboral para que las empresas brinden su primer empleo a un joven que nunca trabajó, pues temen verse maniatadas por la estabilidad laboral. Esta segunda cuestión –la necesidad de eliminar las rigideces legislativas– suele ser criticada por las organizaciones sindicales, con el argumento de que se busca la explotación.
En verdad, no se trata aquí de elegir entre la explotación y el desempleo, sino de encontrar el equilibrio justo. Los desocupados tienen derecho a trabajar “en condiciones dignas y justas”, para lo cual es necesario eliminar las barreras que los mantienen en esa deplorable situación.
Los dirigentes sindicales que ponen palos en la rueda de la flexibilización laboral no solo deben considerar a los empleados, sino también a quienes están sin empleo. Lamentablemente, estos últimos carecen de un sindicato que pueda defenderlos, de modo que solo pueden contar con que la clase política se persuada de la necesidad de adaptar las normativas vigentes a lo que el mercado laboral requiere. En tal sentido, debe permitirse la creación de empleos a tiempo parcial, tanto en beneficio de los empleadores como de los desocupados, e incluso de las decenas de miles de trabajadores informales que no trabajan ocho horas diarias ni están asegurados en el IPS. Este último punto está previsto en un reciente proyecto de ley presentado en marzo pasado por los senadores Arnaldo Giuzzio, Arnoldo Wiens, Ramón Gómez Verlangieri, Desirée Masi, Ricardo Peralta y Carlos Amarilla, “que regula el trabajo a tiempo parcial”, lo que significa que quienes se acojan a dicha modalidad no quedarán desamparados, siempre que esa entidad previsional funcione como corresponde.
Este Día de los Trabajadores es una buena ocasión para recordar, en suma, que los desocupados tienen derecho a encontrar un puesto de trabajo digno, y que para ello no solo es necesario que el PIB vaya en aumento, sino también, y al mismo tiempo, que se les transmitan las aptitudes requeridas y se flexibilice la legislación laboral. Si el Gobierno electo para el próximo periodo constitucional tiene en cuenta esta dolorosa realidad visible para todos y promueve la solución, habrá prestado un gran servicio a las 400.000 personas que no tienen trabajo en el país.