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Entre hoy, jueves, y el domingo 2 de abril, Asunción será sede de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), evento que esta entidad multilateral realiza anualmente para analizar sus operaciones y actividades, y adoptar decisiones en cuanto a políticas futuras. Como si fuera rico, el Gobierno paraguayo como anfitrión ha tirado la casa por la ventana para ofrecer el apoyo administrativo a los organizadores del evento, el que se desarrollará en las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo (COP), ubicadas en el barrio Campo Grande de Luque.
En un tiempo de exceso de propaganda para persuadirnos de los beneficios y de la benigna naturaleza de las instituciones multinacionales de crédito, no debemos dejar de señalar los efectos colaterales perniciosos resultantes de la gestión de funcionarios deshonestos de dichas instancias financieras, y a través de programas encarados por Gobiernos corruptos de países pobres como el nuestro. Esta infame colusión hace que los préstamos concedidos se tornen más bien perjudiciales y destructivos antes que promotores del crecimiento económico, y del combate a la pobreza y la desigualdad, a lo que supuestamente están destinados. El hecho de que haya bancos multilaterales y Gobiernos ladrones que engañan a la gente mediante retóricas altisonantes de crecimiento e integración económica refleja el lado oscuro de la finalidad presuntamente filantrópica que pregonan a tambor batiente. Se trata de realidades y no de simples ficciones, como le consta al propio BID que, a través de su Oficina de Integridad Institucional (OII), recibe cada año centenares de denuncias de prácticas prohibidas en actividades financiadas por la institución. Los representantes de este y otros organismos crediticios se convierten así en cómplices de funcionarios locales corruptos, en vez de velar por la buena ejecución de los créditos que llegan al país.
Es lo que ha venido ocurriendo en el Paraguay y lo que se evidencia también bajo la gestión del actual representante del BID en Asunción, el brasileño Eduardo Almeida. Casos emblemáticos de esta corrupta práctica operativa del banco en connivencia con los gobiernos de turno de nuestro país son los préstamos para el proyecto Metrobús –que nadie sabe qué inmensa fortuna terminará costando– y el último concedido al Ministerio de Hacienda para gastos generales, y no para el financiamiento de un proyecto específico de infraestructura, lo que implica que los administradores podrán gastar como se les antoje el dinero a ser devuelto por los contribuyentes, con intereses.
En el caso del Metrobús ocurre, por ejemplo, que sin siquiera iniciarse la intervención de la empresa responsable, Mota-Engil, sobre el trazado principal, el titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, ya anticipó que se evalúa realizar una ampliación del contrato. La Ley de Contrataciones Públicas contempla que los aumentos pueden darse solamente hasta el 20% del monto contractual, pero como dicho proyecto está regido por las normas del BID, no existe tope para las ampliaciones. Estas contradicciones son inaceptables.
De hecho, el BID no está exento de culpa en cuanto al financiamiento de numerosos proyectos fallidos, cuyos resultados han traicionado las expectativas de millones de personas en diferentes países, como los registrados en el pasado en Haití, precisamente bajo la administración del citado Almeida. En tal sentido, nadie mejor que las instituciones financieras multilaterales para dar fe de que el desarrollo real de un país no se compra con dinero prestado. Lamentablemente, son los primeros en incentivar el endeudamiento de los países pobres, como es el caso del Paraguay bajo la presidencia de Horacio Cartes, empeñado en endeudar irresponsablemente al país más allá de su capacidad de pago a futuro, sea a través de préstamos de los bancos o de la colocación de bonos del Tesoro en los mercados nacional e internacional.
El desarrollo de un país depende más de la adecuada y honesta administración del Estado por parte de su Gobierno, de la habilidad de su gente para ganar el control y el uso eficiente de los recursos naturales, y de su ingenio para hacer frente a sus necesidades, que del flujo de dinero prestado. Pero nada de esto les importa a los bancos. Solo quieren ganar dinero prestándolo a los Gobiernos que lo solicitan, sin atender el uso que hagan de él. En tal sentido, pareciera que los bancos –el BID, en particular– tienen el criterio de que, cuanto mayor es la cantidad de dinero que prestan a los países pobres, mayor es la posibilidad que tienen estos de reducir las desigualdades económicas y sociales de sus habitantes, cuando la realidad muestra todo lo contrario. El dinero, manejado por Gobiernos corruptos, se constituye con el tiempo en una pesada carga para los habitantes destinatarios, a quienes vuelve cada vez más pobres.
La verdad es que, como se entiende hasta ahora y como continúa siendo promovido por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID y otras instituciones financieras, el desarrollo no llega a la mayoría de la humanidad.
Esta asamblea del BID en nuestra capital es propicia para reiterar al presidente de ese organismo crediticio internacional y a sus gobernadores que nos envíen representantes honestos. Además, que los préstamos a ser eventualmente concedidos al Paraguay sean precedidos de estudios acabados acerca de la razonabilidad y sustentabilidad de los proyectos presentados por la autoridades nacionales. Los contribuyentes paraguayos no tienen por qué pagar el costo de los elefantes blancos financiados por los organismos multilaterales de crédito y que sirven tanto para la propaganda engañosa del Gobierno de turno como para el enriquecimiento ilícito de sus agentes corruptos.
De lo que se trata, en suma, es de que el BID abandone su tradicional complicidad con los ladrones, y tenga en cuenta, en primer lugar, el interés de quienes tendrán sobre sus espaldas la responsabilidad de pagar el préstamo otorgado.