Semanas atrás, la ciudadanía compartía por las redes sociales la denuncia que hizo un conocido aficionado a la pesca deportiva, Patrick Kemper, respecto a la frustración que experimentó cuando se disponía a ingresar al río Salado pero su plan fue impedido por la maraña de redes de malla fina instalada en la embocadura de dicha arteria fluvial. La trama de las redes llegaba a apenas unos cinco centímetros de diámetro, suficiente para ocasionar una masacre incluyendo de peces pequeños, provocando un daño irreparable a nuestra fauna íctica. Se comprende así que nuestros anteriormente generosos ríos se muestren hoy avaros con los pescadores, debido a la pesca comercial depredatoria. Como puede apreciarse por la denuncia del señor Kemper, los irresponsables depredadores no respetan el tiempo necesario para la reproducción normal de los peces, que son capturados en contravención a los tamaños reglamentarios fijados por la ley.
Otro factor que va minando de a poco las especies pesqueras del país es la contaminación de los ríos y arroyos por efecto de los efluentes cloacales e industriales tóxicos, y los desechos sólidos de todo tipo vertidos impunemente en los cursos de agua. A este respecto, la reciente gran mortandad de peces en el río Confuso es una muestra palpable. Las redes sociales también muestran con frecuencia la lamentable agonía de enormes y valiosos peces, como el surubí, que se acercan como mareados a las costas y son liquidados hasta con escopetas y lanzas por los ribereños. En los últimos días se ha registrado mortandad en Puerto Antequera y Villa Oliva, según pobladores.
Deplorables espectáculos cuyos responsables están impunes, porque no se sabe de medidas ejemplares aplicadas tanto a pescadores que depredan los peces como a empresas contaminadoras de los cauces.
La Ley Nº 799/96, “De Pesca”, y el Decreto Nº 15487, que la reglamenta, son las normativas que supuestamente deberían regular todo lo concerniente a la actividad pesquera del país. Lamentablemente, como también sucede con muchas otras leyes, al final se reducen a letras muertas, ya que por su falta de aplicación caen en saco roto.
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La Secretaría del Ambiente (Seam), que a través de la Dirección de Pesca y Acuicultura es la autoridad bajo cuya competencia recae la aplicación de las disposiciones legales, no termina de salir de su modorra, siendo incapaz de impedir el ejercicio abusivo del derecho a la pesca.
El Art. 12 de la ley mencionada prohíbe el transporte, comercialización y posesión de los peces cuyas medidas se encuentren entre 30 y 80 centímetros de longitud. De ahí que los ejemplares capturados cuyas dimensiones sean menores a las citadas en el cuerpo legal deban ser devueltos al agua en forma inmediata y sin causarles daño alguno, lo cual, sin duda, no piensan hacer los propietarios de las mallas de tan reducidas dimensiones que minan nuestros ríos.
Pero aún más, esta misma norma, en su Art. 14, menciona la explícita prohibición de realizar pesca con redes en las desembocaduras de los ríos, teniendo en cuenta que esta práctica priva a los cursos hídricos de poder contar con la abundancia y variedad de especies de peces, que en el caso del río Salado, afluente importante del lago Ypacaraí, tiene una enorme significación biológica relacionada con la recuperación de este espejo de agua de gran valor turístico.
La depredación registrada en el Salado y otros cursos de agua conlleva además una cuestión social, que resulta hasta irónica si se considera que quienes resultan más perjudicados con la brutal depredación de los ríos y arroyos son los mismos pescadores que tienen en esa actividad su fuente de ingresos. Están pateando contra su propia olla, como se dice popularmente.
La Seam no puede esgrimir excusa alguna para justificar el incumplimiento de tareas tan sencillas y elementales que le competen, entre ellas, el monitoreo de los cursos de las aguas para comprobar el uso correcto de los mismos. Y, además, concienciar a los que viven de la pesca comercial de que la actividad pesquera está muy emparentada con el concepto de sustentabilidad, para que la misma sea duradera.
La pesca furtiva, como también la contaminación de las aguas, seguirán en el descontrol a menos que la Seam salga de su inoperancia institucional, se disponga de veras a velar por el patrimonio natural del país y aplique con firmeza las normativas para evitar el vaciamiento de nuestros ríos y arroyos.