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Los promotores del malhadado proyecto inconstitucional de la enmienda para permitir la reelección presidencial, que ya costó la vida de un joven demócrata, no cejan en su demencial empeño de atropellar el orden jurídico. La sangre por ellos derramada les tiene sin cuidado, pues lo único que les importa es saciar su loca sed de poder. Horacio Cartes y Fernando Lugo –los mismos que generaron el clima de violencia con su aberrante iniciativa, desoyendo todas las advertencias– tienen ahora el descaro de llamar a la concordia, como si no fueran los principales responsables del tremendo daño que se está infligiendo al país.
Como ha ocurrido en el pasado con otros presidentes, el actual también, ahora que está con la soga al cuello debido al masivo repudio ciudadano, propuso una “mesa de diálogo” entre representantes de la Conferencia Episcopal Paraguaya, los titulares de ambas Cámaras del Congreso, los presidentes de los partidos con representación parlamentaria y un enviado del Poder Ejecutivo, con el fin de “llegar a acuerdos para una democracia duradera”. Precisamente a la que, tanto él como Fernando Lugo, con su criminal insistencia están tiroteando mortalmente. Lo que tuvo que haber hecho, antes que nada, es ordenar a sus paniaguados que retiren el proyecto reeleccionista, porque la Constitución es innegociable. Ese desistimiento debe ser la condición sine qua non para un diálogo que apunte luego a restañar, en la medida de lo posible, las heridas causadas por quienes se confabularon contra el Estado de derecho. Lamentablemente, Rodrigo Quintana no podrá ser resucitado, ni siquiera invocando al papa Francisco, como lo hace ahora con todo desparpajo el presidente Cartes. Su cómplice en el atentado contra el orden constitucional, el cínico exobispo y senador Lugo, también de repente recuerda la existencia del Papa, después de haber deshonrado a la Iglesia Católica con su repudiable inmoralidad como miembro del clero.
El único camino que les resta a Cartes y a Lugo es que ambos renuncien de una vez por todas a su miserable e inconstitucional pretensión, que ya enlutó a una familia paraguaya, y no intentar engatusar a la gente con lágrimas de cocodrilo, que de nada sirven –porque nadie les cree– para borrar la sangre inocente derramada y la violencia desatada por su obnubilado desatino. Si no tienen la hombría de dar ese paso, la resistencia popular irá en aumento, se producirán más víctimas y el Gobierno se verá envuelto en una espiral represiva. Como acertadamente dijo el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, “si no se retira esta iniciativa, la crispación política y social crecerá, y podríamos tener de vuelta situaciones más violentas de las que vivimos”. Por su parte, al asegurar que el Congreso apoyará el aberrante proyecto de enmienda constitucional, la senadora Lilian Samaniego demostró que los reeleccionistas prefieren huir hacia adelante, en vez de arrepentirse del cruento camino emprendido para satisfacer una desenfrenada ambición de mando. Ella reflejó, sin duda, el deseo de quien acaba de mentar la “mesa de diálogo” para poder salirse con la suya mediante demostraciones de zalamería hipócrita. No hay nada de qué hablar mientras no se abandone ese propósito infame de aferrarse al poder o de retornar a él por la ventana.
La expresidenta de la ANR acusó al titular del PLRA, Efraín Alegre, de incitar a la violencia y de haber anunciado la toma del Palacio Legislativo, cuya protección fue abandonada por la Policía que minutos antes había empleado la fuerza bruta para, entre otras cosas, herir gravemente a quemarropa al diputado Édgar Acosta. Lo que la legisladora busca, imitando al dictador paraguayo de otrora, Alfredo Stroessner, y al sátrapa venezolano de hoy, Nicolás Maduro, es transferir la culpa a quienes se manifestaron en defensa de la legalidad.
Se plantea la cuestión de si los legisladores liberales que secundan a Horacio Cartes y a Fernando Lugo, bajo la batuta del senador Blas Llano, están arrepentidos de la absurda aventura emprendida. ¿Tendrán la desfachatez de presentarse ahora ante sus correligionarios para apoyar las declaraciones de la expresidenta colorada, es decir, para reiterar que el desgraciado proyecto de enmienda constitucional será impuesto contra viento y marea, y que el presidente de su partido fue el promotor de los disturbios frente al Palacio Legislativo? La senadora Samaniego no tuvo a bien lamentar el asesinato cometido en el local central del PLRA, de modo que no sería sorprendente que sus compañeros de ruta liberales también guarden al respecto el más despreciable de los silencios. Es encomiable que el presidente del Senado, Robert Acevedo, también liberal, haya sostenido que, antes de que se inicie cualquier conversación, el oficialismo colorado debe distanciarse del inadmisible documento presentado al Congreso. “Es innegociable el retiro del proyecto de enmienda”, sostuvo el legislador, en coincidencia con las declaraciones del intendente Ferreiro, en una actitud firme como la que deben adoptar los defensores de la Constitución ante la inconstitucional propuesta formulada por el Presidente de la República.
La Ley Suprema no puede ser objeto de ningún trapicheo so pretexto de restaurar la paz social, rota precisamente por quienes hoy se presentan como mansos corderos invocando nada menos que al papa Francisco. Aquí no caben medias tintas: solo habrá concordia mediante el respeto irrestricto a la Constitución. No existe otro camino, so peligro de seguir ensangrentando aún más el país.