El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acaba de declarar ganadora de una licitación para ejecutar un proyecto de construcción de locales para juzgados en la localidad de Horqueta a una empresa que opera bajo la razón social “Sintec”.
Esta empresa ya tenía entre sus antecedentes al menos dos casos de incumplimiento contractual conocidos. El primero, denunciado por la Municipalidad de Asunción, ocurrió en el año 2008 y se refiere a un contrato para provisión de piedra que fue deshonrado. El segundo es el affaire conocido como el de los “pupitres fantasmas”, en el que “Sintec” fue adjudicada para proveer al Ministerio de Educación y Cultura muebles escolares por un valor aproximado a un millón de dólares, asunto que se halla actualmente investigado por una fiscalía, bajo la presunción de comisión de ilícito.
La licitación a la que nos referimos compromete unos 17 mil millones de guaraníes del Poder Judicial, y la pregunta que cae de suyo de la reciente decisión del PNUD es, obviamente: ¿Por qué entre doce oferentes se escogió a esta empresa, que carga sobre sí tan pésimas referencias?
Pero no es la única interrogante que suscita esta anécdota, pues hay todavía muchas más, como por ejemplo: ¿Por qué el PNUD restringe información a terceros en las licitaciones que administra y que pertenecen al ámbito de lo público? ¿Por qué este organismo internacional no se impone a sí mismo mayores garantías de transparencia?
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¿Creerán los directivos del PNUD en Washington que por tratarse de ellos, funcionarios de un organismo internacional, los asuntos que manejan quedan fuera de toda sospecha de corrupción o malos manejos administrativos?
Pues si es así, se equivocan. Y si se cometieran delitos de corrupción en ese organismo, o en cualquier otro de su índole, no sería una sorpresa, pues en nuestro país, en el pasado reciente, salieron a luz algunos casos de desvíos ilícitos de fondos y enriquecimiento personal de directivos en otros organismos del mismo tipo, que no fueron el PNUD ni otro del grupo ONU, pero que demuestran que no hay que ser cándidos y creer en que existen administradores angelicales solamente porque tienen tras de sí el nombre de un organismo respetado.
Y hay una cuestión más: Si el PNUD cobra el 6% de los montos que administra en concepto de honorarios profesionales, o con el nombre que le pongan, significa que en el Paraguay están ganando una fortuna interesante en este concepto, pues actualmente están manejando casi una veintena de proyectos del sector público.
Solamente en este último contrato con la Corte Suprema de Justicia, el PNUD recibió 23 millones de dólares para construir y mantener en funcionamiento una unidad de ejecución del “Programa de Mejoramiento de la infraestructura edilicia del sistema judicial paraguayo”. Dichos fondos hacen parte de recursos presupuestarios propios del Poder Judicial que, al pasar a ser administrados por el organismo internacional, quedan fuera de todo tipo de control de parte del Estado. Son apartadas de sus procesos la Dirección de Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República.
Además, como se dijo, quedan excluidos los mismos participantes de las licitaciones, que se ven obligados a operar a ciegas porque el PNUD les niega acceso a la información del proceso que tenga que ver con sus competidores, ya que en las bases y condiciones de sus pliegos se establece que “todo proponente podrá solicitar aclaraciones o presentar reclamos ÚNICAMENTE al resultado de su propia evaluación y no la de los demás postores. Para mantener la objetividad del proceso, no se responderán reclamos sobre el proceso hasta que el mismo haya finalizado”.
Para mantener la objetividad del proceso, según estas reglas, hay que ocultar información una vez que se adjudicó el triunfo a un postor. ¡Increíble! Sobre todo proviniendo de un organismo internacional. En fin, allí está el caso de la empresa “Sintec” para demostrar que la transparencia es necesaria y debería ser ineludible antes, durante y después de todo proceso de este tipo, en el que están en juego el dinero y otros intereses públicos.
Aunque el PNUD se escude en un convenio internacional de asistencia técnica suscrito con nuestro país en 1977, que la Ley de Contrataciones contempla, debería tomar con mucho mayor cautela su obligación moral de fiscalizar y hacerse fiscalizar en sus procedimientos. No crean sus directivos que están blindados contra la desconfianza y la suspicacia públicas, en particular cuando no son inmunes a la posibilidad de fallar, como ahora acaba de demostrar el caso de “Sintec”.
No le suceda que mañana tenga que salir su directiva a explicar públicamente qué se hizo con el dinero que se comprometió a administrar eficiente y honestamente, que es lo que el Ministerio de Educación y Cultura
debe hacer en este momento, respecto a su caso con la empresa “Sintec” en el affaire “pupitres fantasmas”. No debería arriesgarse el PNUD a que dentro de poco se esté hablando también de los “juzgados fantasmas”.