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Ningún ciudadano que desee el bien para su patria puede renunciar al diálogo. Más importante aún es que los encuentros se produzcan en las altas esferas del poder, toda vez que lo conversado y resuelto conduzca a soluciones valederas para el país. En otras palabras, estas reuniones no deben constituir meras fachadas para llevar agua a determinado molino o desviar la atención de algún tema urticante para las autoridades de turno.
La llamada “Cumbre de Poderes” que se reunió ayer a iniciativa del presidente Cartes recuerda las que solía convocar el expresidente Nicanor Duarte Frutos –con titulares de poderes o de partidos políticos– cada vez que el agua de algún problema coyuntural le llegaba al cuello. En aquellos momentos, Duarte Frutos empleaba estas reuniones como maniobras de distracción, pero abusó tanto de ellas, que acabó diluyéndolas en la nada, en el olvido que produce el “vyrorei”, y los dirigentes de los partidos rehusaron concurrir a nuevas convocatorias.
No obstante, hay que mantener el optimismo confiando en que esta iniciativa del presidente Cartes, aunque aparenta ser similar a aquellas otras, no tenga el mismo triste final. Ojalá que las metas que se expusieron como justificativos –el combate a la pobreza, el desarrollo económico con inclusión, la conectividad con el mundo y el fortalecimiento institucional para afianzar la democracia– sean algo más que simple palabrería y se materialicen en proyectos específicos, al menos uno concreto para cada ítem, con títulos claros, cronogramas previstos, financiación razonable y organización capaz de ejecutarlos honestamente.
Cabe cuestionarse, sin embargo, si es necesario que el jefe del Ejecutivo se junte con los otros dos jefes estatales para comprometerles a acompañar sus ideas, proyectos y emprendimientos, cuando que cae de suyo que tienen que hacerlo por fuerza, por la naturaleza jurídica que define la interdependencia de los Poderes dentro de todo Estado democrático y el nuestro entre ellos. Esta duda hace que tampoco quede del todo claro por qué estos presidentes tienen que suscribir compromisos formales para llevar adelante tareas en forma coordinada, si así deben hacerlo de todas maneras, porque es el modo de gobernar que está establecido en la Constitución y que constituye una obligación natural para todos ellos.
Pero no pequemos de puntillosos ni pesimistas; pensemos más bien que, si al Poder Judicial le corresponde crear las condiciones básicas para una administración de justicia que asegure la estabilidad y la predictibilidad para las inversiones de capital que nuestro desarrollo necesita, para el cumplimiento de las reglas económicas, para el respeto a la propiedad y a los compromisos asumidos, es preciso reconocer que su rol en el progreso y éxito de los mejores proyectos del Ejecutivo es verdaderamente fundamental. Desde luego, si lo cumple sin necesidad de “Cumbre de Poderes”.
Del mismo modo, admitamos también que, si de la sensatez y patriotismo de senadores y diputados depende que el Congreso no se convierta en lastre para iniciativas del Ejecutivo destinadas al bien común, al supeditar sus aprobaciones o rechazos a las pequeñas manipulaciones de la politiquería de cocina, a la compraventa de votos, al tráfico de influencias, etc., entonces nadie puede dudar de que también el Poder Legislativo tiene un papel principalísimo en el éxito de las buenas políticas públicas.
En la ocasión de esta “cumbre”, cada jefe de Poder expresó su opinión acerca del evento en el que estaban participando, pronunciando frases protocolares, bien conocidas por repetidas, carentes de verdadero sentido práctico. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia hubiera aprovechado la oportunidad para dar a conocer cuáles son los planes que debatieron y aprobaron en el seno del Poder Judicial para mejorar los servicios de justicia y para combatir la corrupción y la impunidad, por ejemplo. El presidente del Congreso hubiese relatado cuáles son las reglas de juego político a las que se van a atener para considerar cada uno de los proyectos que el Presidente de la república les remita, referente a los puntos acordados.
Si la firma que cada jefe de Poder estampó al pie del documento suscrito en la ocasión está destinada a servir efectivamente de algo, ¿en qué momento y de qué manera se las hará valer? Para esto, solo hace falta que cada Poder del Estado cumpla fielmente su cometido, sin dejarse llevar por influencias y politiquería.
El desarrollo socioeconómico, que incluye intrínsecamente la erradicación de la pobreza, no se va a lograr con jueces ineptos, deshonestos o timoratos, porque son estos los que crean el estado general de inseguridad y de incertidumbre que impide que los inversores escojan nuestro país como lugar para instalarse, además de atemorizar y hasta ahuyentar a los inversores locales y fortalecer la economía informal, la evasión tributaria y otros males.
Tampoco va a ayudar a ese desarrollo el predominio en el Congreso de un conjunto de legisladores dedicados a la maniobra, a la extorsión política y los negocios particulares, o que se dejan amedrentar por cualquier grupito de manifestantes reunidos para vociferar sus pretensiones particulares y egoístas. El país requiere legisladores con sentido de patriotismo y coraje, con personalidad, firmes en sus convicciones y seguros de seguir sus caminos trazados, y no marionetas populistas que se mueven al vaivén de los acontecimientos coyunturales, tratando de agradar a mayorías circunstanciales, a la búsqueda del voto que les atornille en sus cargos y privilegios.
Con esta clase de gente no habrá desarrollo socioeconómico ni combate contra la pobreza que triunfe sino todo lo contrario: esta se perpetuará porque le conviene al estado de cosas que tanto beneficia y privilegia al grupo que tiene asida la manija del poder fáctico.
Es de esperar que este encuentro de las más altas autoridades no sea más de lo mismo, y que sirva para revertir la escasa fe que la ciudadanía tiene en las “cumbres”.
A su vez, la ciudadanía toda debe estar atenta a ver cómo se comportan y si cumplen con lo que firmaron quienes componen la “Cumbre de Poderes”, para en caso de que así no sea se los reclame. La ciudadanía viene a ser como OTRO PODER, y se debe hacer escuchar a través de todos los medios a su alcance ejerciendo efectiva y prácticamente su derecho a la libertad de expresión.