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Como era de temer, el Gobierno saliente está dando los últimos manotazos para que sus miembros y sus socios del sector privado terminen de llenarse los bolsillos. Quieren aprovechar estos últimos meses para sacarle el máximo jugo al dinero público, aunque ello implique dejar un “campo minado” –al decir de quien encabeza el equipo de transición gubernamental, Juan Ernesto Villamayor– a las autoridades venideras y un agujero negro en el erario. No se trata solo de nombramientos o decisiones políticas que se tuvieron que dejar a cargo del entrante presidente de la República, sino también de multimillonarias licitaciones que están en curso. Es más, hasta habría quien pretendió despedirse de un Ministerio llevándose a su casa un soborno de lo más jugoso, según se publicó del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite.
La impaciencia por llenarse las faltriqueras con una celeridad mayor a la habitual empezó con la derrota del precandidato presidencial cartista, Santiago Peña, en las elecciones internas del coloradismo, pero se aceleró en las últimas semanas ante la sucesión en puertas. Los tripulantes quieren dejar el barco del “nuevo rumbo” en condiciones de navegar en aguas tranquilas, que les permitan gozar de una jubilación dorada, confiando en la impunidad que les garantizaría una Justicia sometida al poder político y al económico.
Contrariamente a lo que está sucediendo de la mano del propio presidente Horacio Cartes, el 22 de abril de 2013, él mismo pidió al jefe del Poder Ejecutivo de entonces, Federico Franco, que en los cuatro meses siguientes fueran suspendidas las licitaciones “que no afecten la sostenibilidad” de la administración del país. Un mes más tarde dijo estar desesperado porque “la caja está vacía y la saña con que llevan lo que no es de ellos es impresionante”. Ahora resulta que no está haciendo lo que reclamó a su antecesor y que también sus subordinados son sañudos, según se desprende de ciertas escandalosas iniciativas apresuradas que mueven a pensar que también es “impresionante” la carga que van acumulando los que están en el barco que zarpará del Palacio de López donde estuvo anclado los últimos cinco años.
Uno de sus tripulantes es Óscar Ramón Portillo, presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) desde el último 8 de marzo, un allegado al impresentable Basilio “Bachi” Núñez –exasesor de Horacio Cartes–, quien busca consumar, casi bajo el mismo formato, el fracasado negociado que allegados al presidente Cartes intentaron instalar ilegalmente en un predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en la zona primaria de la Aduana de Ciudad del Este. Este abortado intento involucró a la gavilla esteña de los Zacarías Irún, con la intervención del hoy prófugo Darío Messer (“hermano del alma” de Cartes), del infaltable Emilio “Tiky” Cubas, primo del ministro Leite, del empresario israelí Simón Falic y hasta del exdiputado Elio Cabral, hoy comisionado por la Presidencia de la República a la Dirección Nacional de Aduanas, de la que fue expulsado en 2010 por mal desempeño de funciones. Y bien, la Conajzar acaba de llamar a toda prisa a una nueva licitación, a ser resuelta a inicios de julio, para la concesión por 25 años de un casino en el Alto Paraná, con una inversión mínima de 50 millones de dólares. Por supuesto, esos mismos sujetos quieren dejar todo “atado y bien atado”, cuanto antes, aprovechando sus estrechos lazos con el poder.
Otra llamativa decisión de la Conajzar fue la de ampliar por 10 años, sin llamado a licitación, los permisos de explotación del casino Carnaval S.A., de Encarnación, y del Hotel Casino Acaray, de Ciudad del Este. Las respectivas licencias de ambas empresas vencen recién en 2025, es decir, dentro de siete años. Ante la grosera improcedencia de estas ampliaciones, y las consecuentes críticas, el Gobierno se vio forzado a revocar las resoluciones.
De repente, también a la ANDE le “urgió” adjudicar contratos por un valor total de unos 50 millones de dólares para la construcción de subestaciones en San Lorenzo y Villa Elisa, así como para la ampliación de la de Itauguá. No puede esperar hasta el 15 de agosto, como si la provisión de energía eléctrica fuera a colapsar en este corto tiempo, en el caso de que antes de esa fecha no concluyeran las respectivas licitaciones. Aquí hay mucho dinero público en juego y, evidentemente, se trata de presentar a la futura administración de la empresa estatal unos hechos consumados.
Tal vez los llamados a licitación ya habrían estado “programados”, pero también lo estaba el cambio de Gobierno. Puede pensarse que tanto apresuramiento solo puede responder al deseo de los convocantes de cumplir con el compromiso asumido ante potenciales oferentes, a cambio de incentivos, es decir, de un suculento mordiscón al dinero público.
También hay una llamativa licitación de última hora del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por valor de 80 millones de dólares, si bien los responsables la justifican con la necesidad de mantener el stock de medicamentos y que varios de ellos se están agotando.
Pero a estas sospechosas licitaciones y ampliaciones de plazo se suman algunas burdas maniobras que fueron denunciadas en los últimos días, como un supuesto pedido de coimas al frigorífico Concepción para permitirle el reinicio de sus operaciones de exportación tras el escándalo del contrabando que le atribuyeron las autoridades gubernamentales. Según el senador Juan Carlos Galaverna, en el pedido de una coima de 500.000 dólares habría estado involucrado nada menos que el ministro Leite. Si bien el titular del frigorífico, Jair Antonio de Lima, negó que haya pagado coima, el extitular de la Asociación Rural del Paraguay y del Senacsa, Carlos Trapani, insistió en una denuncia similar, inclusive ante la Fiscalía, y aseguró tener testigos.
En fin, atendiendo cuanto ha salido a la luz y lo que podría estar ocurriendo entre cuatro paredes, el Gobierno venidero tiene que revisar con máximo cuidado todas las decisiones tomadas por Horacio Cartes, por los ministros y los más altos funcionarios en los últimos seis meses de gestión, y dar a conocer al Ministerio Público el resultado de las auditorías para que los eventuales culpables vayan a la cárcel. Será la única manera de que el desempeño del próximo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sea creíble.