El viernes pasado, la ciudadanía se desayunó con una noticia proveniente del ámbito judicial que la dejó perpleja. Se trata del caso en el que un fiscal, Jalil Rachid, presentó una acusación formal contra una persona de nombre Rubén Figueredo, por “procesamiento ilícito de desechos”, en términos del Código Penal.
El acusado es un antiguo ambientalista que trabaja gratis, voluntaria y desinteresadamente, en su proyecto particular de retirar de la circulación desechos a los que se considera peligrosos agentes contaminadores, como pilas, baterías, tubos fluorescentes, tinturas, filtros, focos y productos farmacéuticos vencidos, entre otros. Para esta finalidad, hace muchos años conformó la Fundación Itá Enramada, con sede en un inmueble de su propiedad que media Asunción conoce en el barrio del mismo nombre –camino al Yacht y Golf Club– que destinó a depósito provisorio de esos desechos, hasta tanto las autoridades responsables de realizar la tarea hallen un modo idóneo para transformarlos en material inocuo.
La iniciativa tuvo el éxito que merecía, por cuanto ni el Ministerio de Salud Pública, ni la Secretaría del Ambiente (Seam) ni las municipalidades cuentan con un servicio de este tipo. La tarea asumida por este ciudadano ejemplar vino a suplir, en los límites de su modesta capacidad, la negligencia e inoperancia de los organismos públicos mencionados. Y hasta se le reconoció el mérito, por cuanto logró que la Seam y la Municipalidad de Asunción suscribieran con él acuerdos de cooperación. Aún más, ambas entidades emitieron sendas resoluciones declarando la mencionada campaña de “interés ambiental” e “interés municipal”, respectivamente, por su tremenda importancia. Solo el fiscal Rachid vio en ella un peligro potencial para la sociedad y pidió la condena de su promotor. ¡Como para no creer!
Incluso, hasta algunos juzgados y fiscalías remitieron remesas de desechos a su depósito. También colaboraron con la Fundación Itá Enramada empresas privadas, así como otras entidades estatales y cooperativas.
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De pronto, de ser Figueredo un héroe civil, un ciudadano consciente y responsable que asumió una tarea que correspondía y corresponde ser llevada a cabo por las autoridades ambientales y municipales del país, de ser un entusiasta luchador por la preservación ambiental, pasa a ser, según la acusación del fiscal Rachid, un villano peligroso que amenaza a la sociedad tan gravemente que pide para él una condena de tres años y medio de cárcel. Un tribunal, integrado por los jueces Arnaldo Fleitas (presidente), Elsa García y Víctor Medina, haciendo suya la disparatada acusación del agente fiscal, finalmente condenó al “peligroso” delincuente a dos años, con medida sustitutiva de prisión.
La acusación formulada contra Figueredo –“procesamiento ilícito de desechos”– es tan absurda que deja la duda acerca de cómo puede fundarse en ella una causa, ya que la información proporcionada por el propio acusador, habla de que lo que hacía el ambientalista era recolectar, no procesar.
De modo que a un recolector voluntario que procura sacar de circulación productos peligrosos, el fiscal lo convierte en peligroso “procesador” y pide para él una considerable condena. Rachid busca torcidamente la vuelta al caso para formular su artificiosa acusación; pero ¿cuál es el por qué de esta conducta tan pobremente profesional y tan sospechosamente interesada?
Para que el caso sea más agraviante, resulta que, mientras se acusa a Figueredo de acumular desechos peligrosos, ¿qué hicieron las autoridades cuando aparatosamente se incautaron de los recipientes depositados en la Fundación Itá Enramada? Pues, simplemente, los llevaron a otro depósito similar ubicado en Villa Hayes. De modo que lo que hacía Figueredo era ilícito, pero lo que hicieron las autoridades intervinientes –exactamente lo mismo– no lo fue.
Cuando estos sucesos tan ridículamente grotescos ocurren en el ámbito público todo el mundo se dice “algo más ha de haber detrás”. Claro, si el sentido común indica con tanta claridad que esto no puede ser así, es inevitable realizar especulaciones acerca de motivos reales, ocultos, de los que influyen detrás de las apariencias y que en este país a menudo constituyen el origen de los casos judiciales más sonados. Hay que formularse preguntas como: ¿A quién estaba molestando Figueredo? ¿A algunas empresas, a algunos capos, a algunos comisionistas? ¿Qué negociado inocentemente estaba entorpeciendo? Ya que en nuestro país, lamentablemente, con las autoridades que tenemos, y los negociados de la recolección de basuras a lo largo y ancho del país, el conocido proverbio “piensa mal y acertarás” goza de la más completa vigencia.
No es raro entonces que fiscales empujados desde las sombras por políticos inescrupulosos saquen a relucir algunos de esos ases que suelen tener bajo la manga para emplearlos cuando sirvan para el objetivo apropiado. En casos como estos, suelen recurrir a la falta de licencia ambiental, por ejemplo, noble instrumento de política ambiental que, como tantos otros, fue envilecido por la Seam, convirtiéndolo en un garrote para apalear a quien convenga o para acariciar a los amigos. ¿Figueredo no tenía licencia ambiental? Muy bien. ¿Y los depósitos del Poder Judicial, la tienen? ¿Y el depósito del Ministerio Público ya obtuvo su licencia ambiental? ¿Y las instalaciones de la Municipalidad de Asunción poseen licencia ambiental? Y el lugar adonde llevaron a depositar los envases decomisados a la Fundación Itá Enramada ¿tiene licencia ambiental de la Seam?
Este ridículo caso hace recordar la rápida condena que también aplicó la Justicia a nuestro periodista Luis Verón, cuyo “grave” delito fue denunciar el mortal y definitivo daño causado por un arquitecto a un patrimonio cultural del país.
Mientras tanto, los grandes manguruyuses políticos, como los senadores Víctor Bogado (colorado), Enzo Cardozo (liberal), los diputados José María Ibáñez y Carlos Núñez Salinas (colorados) y Milciades Duré (liberal), por citar a algunos, vienen congelando sus causas con chicanas desde hace años, con la complacencia de la Corte Suprema de Justicia.
La hipocresía, la mentira y la mala intención son defectos graves que no deberían existir en el ámbito del Poder Judicial. Es posible que un fiscal esté moralmente averiado, si se tiene en cuenta que en una camionada de miles de manzanas algunas pueden estar podridas. Pero que todo el aparato de administración de Justicia tolere que se formen causas de esta manera es alarmante.
Es de esperar que de las próximas elecciones surja un nuevo Gobierno que promueva una vigorosa moralización de la Justicia y prescinda de la escoria que hoy la integra.