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Al día siguiente de que el presidente Mauricio Macri asumiera el cargo, se hicieron presentes en las oficinas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) de la ciudad de Posadas unas 200 personas que dijeron ser funcionarios de la misma, pero que jamás habían concurrido a trabajar, aunque cobraban jugosos salarios. Los que sí trabajaban quedaron desagradablemente sorprendidos, pues ignoraban que, durante más de una década, el corrupto director ejecutivo argentino de la entidad, arquitecto Óscar Thomas, fanáticamente alineado al régimen kirchnerista, los había mantenido a sueldo sin tener que concurrir a trabajar, sino apenas para cobrar sus abultados salarios. Estas personas, comúnmente denominadas “ñoquis” en la Argentina, formaban parte de la clientela política mantenida a costa de la EBY en la provincia de Misiones y también, en menor cantidad, en la de Corrientes. Se trataba de familiares y parejas de reconocidas figuras políticas de ambas provincias, y con seguridad sucedía lo mismo en la sede central de la EBY en Buenos Aires.
Para nosotros, los paraguayos y paraguayas, no fue sorpresa el incidente ocurrido en la sede de la EBY en Posadas, acostumbrados como estamos desde siempre a ver cómo las entidades binacionales vienen siendo utilizadas por nuestros Gobiernos de turno como caja política para sostener a una vasta clientela de haraganes que cobran sin trabajar, entre la que se incluyen presidentes y miembros de seccionales coloradas de la capital y del interior, familiares de ministros de la Corte Suprema de Justicia, de legisladores y gobernadores departamentales, de jueces y fiscales, y hasta amantes y niñeras de algunos de ellos.
Últimamente, nos toca ver también el otro lado de la moneda, consecuencia de nuestra veleidosa política: los despidos de muchos de estos privilegiados “planilleros”, como nosotros denominamos a los vividores que cobran plata del Estado sin trabajar, por el simple pecado de no alinearse a las arreadas que practica la dirigencia colorada oficialista en apoyo al delfín escogido por el presidente Horacio Cartes para sucederle en el Gobierno de la República.
Obviamente, el costo del sostenimiento de la vasta clientela política de “ñoquis” y “planilleros” en la EBY, así como de la parte del león consignada a la libre disposición de los directores de ambas márgenes bajo el eufemismo de “gastos socioambientales”, es una bicoca comparado con los miles de millones de dólares que se embucharon los directores y consejeros, y sus patrones de turno, durante las tres décadas que duró el desprolijo proceso de construcción y puesta en marcha del complejo hidroeléctrico binacional.
Difícilmente alguien podría haber imaginado en su momento que el monumental emprendimiento hidroenergético binacional de Yacyretá, acordado con gran expectativa hace casi medio siglo por los Gobiernos de Paraguay y Argentina para beneficio mutuo de ambas naciones, iría a convertirse en un antro de corrupción, por obra y gracia de una administración en la que desde un comienzo los representantes de una y otra margen se han confabulado para fungir más bien como cómplices para delinquir a expensas de los intereses de sus respectivos países, antes que como socios obligados a precautelarlos con honestidad y patriotismo. Tanto esto fue así que el expresidente argentino Carlos Saúl Menem, en su primera y única visita al sitio como jefe de Estado, con cruda franqueza lo calificó de “monumento a la corrupción”, como desde entonces quedó conocida la EBY.
Con el telón de fondo de la feroz corrupción que campea a lo largo del moralmente hediondo historial de la EBY, y de la que son responsables las autoridades de ambas márgenes que se han turnado en curuvicar la administración de la misma y los gobernantes que la han consentido por complicidad u omisión, no es de extrañar que los presidentes de Argentina y Paraguay, Mauricio Macri y Horacio Cartes, estén empeñados en lograr lo que sus predecesores no pudieron gracias a la oportuna oposición del Senado de la República del Paraguay: blanquear el monumento a la corrupción, convalidando todas las fechorías cometidas en su administración por los directores y consejeros argentinos, ciertamente, pero con la presta y solidaria connivencia de sus pares paraguayos, siendo ambos Gobiernos responsables finales de la dilapidación.
Como sostiene el ingeniero Orlando Valdés, presidente de la Asociación de Ingenieros del Sector Eléctrico Paraguayo (Aisep), el Acta de Entendimiento recientemente firmada por los mandatarios de ambos países, con la supuesta finalidad de ordenar la administración y finanzas de la EBY, en verdad tiene como objetivo blanquear las irregularidades jurídicas y administrativas cometidas por las autoridades de ambos países, en particular, las correspondientes a los últimos 20 años. “Necesitan blanquear lo que hicieron y adjudicar lo más rápido posible las obras a empresas amigas. Es como un cáncer que va a hacer metástasis con las nuevas obras”, dijo el presidente de la Aisep, al tiempo de recomendar que el Congreso rechace el acuerdo de marras y se ordene una auditoría profunda de los estados contables y los criterios utilizados para establecer los números que figuran en los balances.
Esta es la tercera vez que, por iniciativa del Gobierno argentino y con la aquiescencia del nuestro, se busca legitimar las reiteradas violaciones del Tratado de Yacyretá. La primera se dio durante los gobiernos de Andrés Rodríguez en Paraguay y de Raúl Alfonsín en Argentina, con las tres Notas Reversales firmadas en Buenos Aires, el 9 de enero de 1992, por el embajador paraguayo Dido Florentín. Dos de ellas fueron aprobadas por el Senado paraguayo. La referida a la modificación del Anexo C del Tratado –la más lesiva a los intereses del Paraguay– fue rechazada por suerte tres años después, tras el fin del gobierno del general Rodríguez.
El segundo presente griego del Gobierno argentino se dio bajo la administración del presidente Néstor Kirchner, cuando era presidente del Paraguay Nicanor Duarte Frutos y director de la EBY el actual titular de la misma, el ingeniero Ángel María Recalde, fanático impulsor del fatídico “Preacuerdo Técnico”, que el presidente Duarte Frutos no tuvo otra opción que retirarlo para no sufrir el chasco de su inminente rechazo en el Congreso.
En esta tercera oportunidad, una vez más, los senadores paraguayos tienen la obligación de demostrar valor moral y patriotismo, honrando la dignidad de la República con el rechazo in limine de la nota reversal que recoge los términos del Acta de Entendimiento firmada por los presidentes Cartes y Macri, por ser, sin duda alguna, altamente lesiva para los intereses superiores del pueblo paraguayo.