El ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, aseguró recientemente que la Cancillería nacional desconoce que la petrolera estatal venezolana PDVSA haya presentado una demanda por US$ 500 millones contra el Paraguay ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París, por la deuda de Petropar. “Nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial”, expresó el canciller, alegando que eso está en el marco de Petropar y PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Irónicamente, dijo que se enteró del caso por publicaciones de nuestro diario, al que calificó de paso como siendo “el nuevo corresponsal oficioso de la demanda de PDVSA”.
No debe sorprender la renuencia del canciller nacional a tocar el delicado asunto de la deuda de Petropar con PDVSA, habida cuenta de que el presidente Horacio Cartes no ha movido un dedo para impulsar una investigación al más alto nivel institucional de la República a fin de esclarecer los entretelones de esa descomunal estafa contra los intereses del Estado perpetrada bajo las administraciones de los expresidentes Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo.
Una cosa es clara: la deuda contraída por Petropar con PDVSA por la provisión de derivados de petróleo existe y hay que pagarla. Lo que no está claro para la gente es qué hicieron ambos gobernantes con la plata que recibieron de la venta al contado del combustible y que no utilizaron para pagar la deuda, como correspondía.
Ambos exmandatarios están ahí en carne y hueso, vivitos y coleando. Extrañamente, hasta ahora no han sido molestados en absoluto por alguna investigación judicial. Tanto es así que hasta tienen la desfachatez de buscar atajos de “certeza constitucional” que les posibiliten presentarse de nuevo como candidatos a presidente de la República. Orondamente se han limitado a decir que ellos actuaron correctamente y que “allí están los papeles”. ¿Qué papeles? Los papeles que están allí y que ahora se nos vienen encima son los de la deuda.
La situación abre la puerta para sospechar que la fortuna que piensan gastar en sus próximas campañas electorales bien pudiera provenir de la falta de pago de la deuda, por lo que ambos, con papeles en la mano, deben arrimar a donde corresponda un pormenorizado informe de por qué se originó tan cuantioso compromiso incumplido con la petrolera estatal venezolana.
Tiene que llegar la hora de que el pueblo vote para Presidente de la República a un candidato que se comprometa realmente a poner fin a la costumbre de los funcionarios de robar a mansalva, ya sea para financiar después la compra de una banca en un órgano electivo, para intimidar a fiscales, sobornar a jueces o hasta para financiar una campaña presidencial.
Decimos esto, porque el rol del Estado es mantener a raya el crimen y prevenir que el mismo se convierta en una amenaza a la autoridad y los ciudadanos. Lamentablemente, tenemos una justicia lenta, corrupta e ineficiente en la que la noción prevaleciente es la impunidad para los poderosos, quienes pueden hacer lo que quieren, perseguir a quienes los denuncian, robar al Estado y hasta matar, sin consecuencias. El frágil sistema político que tiene nuestro país ha abierto la puerta a una cultura de ilegalidad para robar al Estado. Las débiles fronteras que existen entre prácticas ilegales e informales permiten la difusión del crimen organizado. Con la “narcopolítica” en auge, corremos el riesgo de tener el peor escenario político que existe: un gobierno elegido democráticamente que ha sido financiado por el crimen organizado y penetrado por la corrupción que crean las condiciones para posteriores ineficiencias convirtiendo al país en un “Estado fallido”.
Desde hace más de un cuarto de siglo en libertad, los gobiernos que han sucedido al dictador Alfredo Stroessner no se han preocupado por consolidar las instituciones democráticas que garantizan la honestidad en la función pública y la responsabilidad de los gobernantes ante el pueblo soberano que los consagró en el poder para servir al bien común. Así, Juan Carlos Wasmosy prometió hacer progresar al país “cincuenta años en cinco”, pero en la práctica hizo todo lo contrario: lo atrasó con una administración corrupta cuyo peor resultado fue la debacle financiera que afectó la economía nacional y dejó en el desamparo a millares de ahorristas que, confiados en la promesa del Gobierno, depositaron sus ahorros en los bancos fraudulentamente quebrados con indudable complicidad gubernamental.
Tras el efímero gobierno de Raúl Cubas, asumió de facto el de Luis Ángel González Macchi, quien en un año de gestión despilfarró US$ 400 millones del empréstito obtenido por Cubas de bancos de Taiwán, dejando ricos a connotados políticos colorados, liberales y encuentristas que sirvieron en su gobierno. A este le siguió el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, quien prestamente se dejó seducir por el canto de sirena del “socialismo del siglo 21”, impulsado por Hugo Chávez con los petrodólares cuya falta actualmente hambrea al pueblo venezolano. Con la gorra bolivariana puesta, obtuvo del Mandatario venezolano como prebenda política la provisión a crédito de combustible derivado de petróleo por parte de PDVSA a Petropar, origen de la abultada deuda cuyo perentorio pago hoy demanda el gobierno de su sucesor, Nicolás Maduro.
Como nuestro diario advirtió repetidamente en su oportunidad, la compra a crédito era totalmente injustificada, pues tales productos se comercializan al contado en el mercado local.
Este enigmático entendimiento comercial con el Gobierno venezolano fue consolidado por su sucesor, Fernando Lugo –otro admirador del autoritario gobernante venezolano–, quien recientemente declaró muy suelto de cuerpo que él recibió de su antecesor una deuda de US$ 265 millones de Petropar con PDVSA, que su gobierno no incrementó, aunque tampoco amortizó. Esta explicación nada aclara acerca del meollo del asunto. Si Lugo no incrementó la deuda, ¿quién lo hizo, para que actualmente la misma ascienda a unos US$ 300 millones? Una vez más estamos ante eso tan común en el Paraguay: se perpetra un delito pero no hay delincuentes.
Esta deuda la tienen que aclarar al pueblo los responsables que la contrajeron. En tal sentido, el presidente Horacio Cartes, como representante de todos los paraguayos y paraguayas, tiene la responsabilidad política de impulsar una investigación para esclarecer qué hicieron los expresidentes Duarte Frutos, Lugo y eventualmente Franco, con los US$ 300 millones reclamados inicialmente por PDVSA y aumentado a US$ 500 millones en la demanda interpuesta por el Gobierno venezolano contra el Paraguay en el CCI de París. En caso contrario, el nombre del actual Primer Mandatario también quedará pegado a este escándalo de succión de las arcas públicas que hoy arrastra el nombre de nuestro país por el mundo.