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Ayer se reanudó el juicio oral y público que tiene como protagonista al senador Víctor Bogado (ANR), presunto autor de un delito de estafa y cómplice de su exniñera Gabriela Quintana en otro de cobro indebido de honorarios. Hoy, el Senado concluirá el juicio político del contralor general de la República, Enrique García, acusado por la Cámara Baja de haber cometido los delitos de producción de documentos no auténticos, uso de documentos públicos de contenido falso, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, aparte de haber desempeñado mal sus actuales funciones.
El legislador Bogado –imputado por el Ministerio Público en octubre de 2013 y desaforado un mes después– logró impedir durante cinco años y cinco meses (!) la apertura del juicio, mediante el ejercicio abusivo de su derecho a la defensa. Si los senadores tardaron un año en iniciar el juicio político del contralor –la acusación inicial de marzo de 2018 fue ampliada tres semanas antes– se debió quizá a que así podían extorsionarlo, a que no habían pactado quién lo sustituiría o a ambas deplorables razones. Esta semana, pues, podría ponerse fin a la impunidad de la que los susodichos han venido gozando durante tanto tiempo, para escarnio de la ciudadanía. La justicia y la decencia exigen que no sigan deshonrando sus respectivos cargos, pero hay indicios de que el optimismo podría resultar fallido.
En lo que atañe al senador chicanero, no fue ninguna sorpresa que al abrirse el juicio oral y público se haya allanado a los cinco incidentes relativos a las pruebas, planteados por los defensores de su exempleada doméstica, ni que el suyo haya presentado una excepción de inconstitucionalidad contra el art. 2° de la Ley N° 700/96, para que la coprocesada no sea considerada funcionaria pública por haber sido contratada por Itaipú Binacional. El Tribunal de Sentencia podrá resolver los incidentes, pero no así la excepción, que compete a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Hasta tanto esta no se expida sobre la chicana interpuesta, no podrá dictarse un fallo que, según lo ha demostrado el Ministerio Público, solo puede ser condenatorio. Como no hay plazo para que los ministros se pronuncien, el juicio, que deber terminar hoy, bien podría prolongarse sine die.
Si a ello se suma que los miembros del tribunal aún pueden ser recusados, es improbable que la sentencia sea inminente, con lo cual se corre el riesgo de que la causa prescriba. Por eso mismo, los agentes fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz habían logrado que se anticipe la apertura del juicio, prevista inicialmente para el 24 de junio. Iniciada el 15 de abril, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta ayer, supuestamente por recargo de trabajo.
En verdad, sería escandaloso que prescribiera el proceso por haber durado más del doble de los años de prisión que corresponden a los delitos atribuidos al impresentable senador. Por supuesto, también sería indignante que saliera absuelto si, por ejemplo, se admitiera una absurda excepción de inconstitucionalidad que, entre otras cosas, no condice con el art. 104 de la Carta Magna, que incluye entre los funcionarios o empleados públicos a los de las binacionales.
En cuanto al destino del contralor García, todo indica que la mayoría de los senadores no está dispuesta a destituirlo como se merece o, al menos, para que pueda ser juzgado en el fuero penal. O sea que el órgano encargado de velar por el patrimonio público seguiría en manos de quien ya perdió toda autoridad moral para exigir que le rindan cuentas. No sería sometido a la Justicia, pese a que el Ministerio Público lo imputó por dos graves delitos que habría perpetrado para simular haber apelado un laudo arbitral que condenó a la Municipalidad de Asunción, de la que era asesor jurídico, al pago de 3,6 millones de dólares.
A esos presuntos hechos punibles se sumaron luego los de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, con base en un informe que la Seprelad acercó a la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, en mayo de 2018. Según el mismo, entre 2012 y 2017, García depositó en bancos más de 4.600 millones de guaraníes, habiendo declarado ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) que en ese lapso tuvo un ingreso de “solo” 1.520 millones. Dicho informe acaba de ser ampliado con el dato de que una firma inmobiliaria creada en 2016, de la que el contralor es uno de los dos socios, posee un inmueble valuado en dos millones de dólares y un capital suscrito de mil millones de guaraníes, aunque declaró ante la SET estar “sin movimiento”.
Sería muy interesante conocer el contenido de las declaraciones juradas de bienes y rentas de García, es decir, del mismo que se niega a revelar el de quienes ejercieron los más altos cargos públicos en los últimos años. Si él puede ser chantajeado por los senadores, también estos pueden ser víctimas de igual canallada, con la mera insinuación de que podría dar a conocer sus declaraciones o dar cuenta de que no las presentaron. Tampoco debe olvidarse que los senadores tienen allegados en diversas entidades públicas, que les estarían muy agradecidos si, a cambio de su voto, García no fuera tan exigente con ellos en materia de auditorías. También deben atenderse criterios “políticos” como el del senador Stephan Rasmussen (PQ), según el cual la destitución de García debería ser precedida por la renuncia del subcontralor general, por el hecho de ser colorado. Si a todo ello se agrega que el enjuiciado tiene estrechos vínculos con el senador Dionisio Amarilla (PLRA), en cuya compañía y en la de su colega Blas Lanzoni (PLRA), visitó hace un par de noches el departamento de la senadora Zulma Gómez (PLRA), seguramente para tratar asuntos de Estado, puede inferirse que García tuvo muchas cartas que jugar. En suma, es probable que la Contraloría General de la República continúe dirigida por un presunto delincuente.
Por de pronto, si hay algo que celebrar es que al cabo de largos años se haya abierto el juicio oral y público del chicanero contumaz, que votaría en favor de García si pudiera dejar el banquillo de los acusados, y que este haya sido finalmente sometido a juicio político, aunque más no sea para que se evidencie, una vez más, la calidad moral de los legisladores que soportamos.