Hoy, como ayer, los buitres están siempre preparados y dispuestos a lanzarse sobre la Constitución Nacional para destriparla como si fuese una carroña. En efecto, la institucionalidad de la República ha venido recibiendo fuego cruzado de parte de políticos impresentables y corruptos, quienes desaprovecharon y desaprovechan las posibilidades que ofrece la democracia duramente conquistada para buscar el bienestar de los habitantes. Porque, dígase lo que se diga, más allá de las especulaciones políticas urdidas a posteriori por tirios y troyanos, el golpe militar que derrocó al régimen dictatorial de Alfredo Stroessner en la noche del 2 y 3 de febrero de 1989 es un hito que marca un antes y un después en el marco existencial de la azarosa vida política del Paraguay.
En efecto, ese acontecimiento no solo tiene la particularidad de haber marcado el fin de la más larga dictadura que acogotó a la nación desde su independencia sino que, al amparo de la libertad restituida a la ciudadanía, hizo posible que esta ensayara la aún inconclusa transición hacia un genuino sistema democrático de Gobierno que hasta ahora no puede consolidarse. Esto, a causa de los recurrentes intentos de regresión autoritaria por parte de algunos gobernantes y sus lacayos que se han turnado en el poder desde el fin de la dictadura hasta el presente, destacándose en tal sentido los ambiciosos Nicanor Duarte Frutos, que ya va por su segunda tentativa de pisotear la Constitución pretendiendo jurar como senador electo cuando tiene que ser vitalicio, y Horacio Cartes, que también pretende lo mismo, luego de intentar primeramente conseguir la reelección presidencial vía una enmienda inconstitucional, abortada a costa de la vida de Rodrigo Quintana, joven liberal asesinado por la policía en un atraco a la sede del partido.
Desde el mismo nacimiento del Paraguay como nación independiente, y hasta el fin de la inicua guerra de exterminio de la Triple Alianza, la nación paraguaya vivió bajo la permanente asechanza a su independencia e integridad territorial por parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata y del Imperio del Brasil. Tras la hecatombe de Cerro Corá, los vencedores nos impusieron como burla post mortem un Gobierno constituido por paraguayos “legionarios” que les habían servido como baqueanos para arrasar el país. Tras el retiro de las últimas fuerzas de ocupación brasileñas en junio de 1876, continuó la inestabilidad política, con asonadas y cuartelazos, teniendo como actores políticos tanto a exlegionarios como a héroes que habían defendido a la nación, descollando entre estos últimos el general Bernardino Caballero. Se fundaron los dos partidos políticos tradicionales, el Partido Liberal y la Asociación Nacional Republicana, o Partido Colorado, en cuyas filas pasaron a militar tanto exlegionarios como excombatientes de la guerra, con preponderancia de estos últimos, hasta llegar a la revolución de 1904, que llevó de vuelta al poder al Partido Liberal. En vez de buscarse la paz, se sucedieron golpes de cuartel y revoluciones hasta la eclosión de la Guerra del Chaco, y continuaron después, con cambios de inquilinos en el Palacio de López. El entonces general y presidente de la República, José Félix Estigarribia, derogó en 1940 la Constitución de 1870, sustituyéndola por una de corte fascista.
Lo políticamente remarcable es que en sus 69 años de vigencia, la Constitución de 1870 –impuesta por los vencedores de la Guerra de la Triple Alianza– nunca fue observada. Contrariamente, en dicho lapso, fue campantemente ignorada, sea mediante la fuerza o de los nefastos “pactos políticos”. Con este eufemismo se disfrazaban las sistemáticas violaciones de la misma mediante acuerdos entre gallos y medianoche de líderes colorados y liberales confabulados para burlar a la ciudadanía. Vale decir, en el lapso de referencia, nunca hubo democracia en Paraguay, ni bajo Gobiernos liberales ni colorados.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La autocrática Constitución del presidente José Félix Estigarribia tampoco tuvo mejor suerte que la de 1870 en cuanto a instaurar la democracia en nuestro país. Por el contrario, sirvió como instrumento para la consolidación de la dictadura del general Higinio Morínigo, quien sucedió a Estigarribia tras su trágica muerte, desembocando en la sangrienta revolución de 1947 y la subsiguiente inestabilidad política hasta el golpe de Estado del 4 de mayo de 1954, protagonizado por el general Alfredo Stroessner, que depuso al presidente Federico Chaves. En 1967, el dictador reemplazó la Constitución de 1940 con otra, supuestamente democrática, pero que en lo esencial era tanto o más represiva que la promulgada por el mariscal Estigarribia. Instrumento político con fachada democrática electoralista que oprimió al pueblo paraguayo por más de una generación y que hasta hoy es recordado con amargura por quienes vivieron bajo su yugo.
Con esto, la actual Constitución, promulgada por un Poder Constituyente democráticamente elegido en 1992, al amparo de la libertad restituida el 2 y 3 de febrero de 1989, es la primera Carta Magna en toda la historia del Paraguay, desde su independencia, que pese a los bemoles de los intentos de regresión autoritaria por parte de algunos presidentes y expresidentes de la República y de las antidemocráticas “listas sábana” que impiden a los ciudadanos “elegir”, nos garantiza un marco democrático de libre convivencia ciudadana. Con un cuarto de siglo de vigencia, ha permitido que nazcan y disfruten de sus derechos humanos y políticos generaciones de paraguayos y paraguayas, al tiempo de resarcir espiritualmente a aquellos que sufrieron persecuciones y torturas luchando por sus derechos civiles contra el oprobioso régimen stronista.
Este auspicioso panorama, sin embargo, es tiroteado frecuentemente por políticos de la calaña de los Cartes y los Duarte Frutos, cuya mentalidad es regida por las Constituciones más fascistas que ha tenido el Paraguay. No pueden adecuarse a los nuevos tiempos sino buscan apelar a la fuerza bruta para lograr sus propósitos.
Vistas nuestra experiencia y la acechanza de estos francotiradores contra la Ley Suprema, los ciudadanos y las ciudadanas deben permanecer en vigilancia activa. A toda costa debemos preservar la irrestricta vigencia de la Constitución Nacional, oponiéndonos resueltamente a todo intento de violarla, como ya ocurriera el 31 de marzo pasado para evitar la enmienda inconstitucional, y de nuevo ahora con otros atajos perversos para atentar contra la democracia.