En un reciente editorial se apuntó que el doble control migratorio al que son sometidos los automovilistas que llegan a Encarnación, cruzando el puente que une a esa ciudad con Posadas, viola un convenio del Mercosur suscrito en noviembre de 2001 y genera serias incomodidades a los visitantes, atraídos por las ventajas comerciales que hoy ofrece nuestro país. En efecto, como se ven obligados a prolongadas esperas hasta tanto se agoten los trámites burocráticos, a uno y otro lado de la frontera se forman largas filas de vehículos, bajo un sol inclemente.
Y bien, ahora resulta que en la capital de Itapúa surgieron unos motociclistas descarados que, a cambio de una coima de hasta 150.000 guaraníes, se ofrecen a agilizar el retorno de los turistas argentinos a sus hogares, permitiéndoles que se adelanten a otros que también aguardan llegar al puente San Roque González de Santacruz. Para peor, actúan en connivencia con agentes de la Policía Municipal de Tránsito, que, en vez de ordenarlo, hacen la vista gorda ante tamaño atropello, a cambio de una participación en el sucio negocio. Su jefe, el inspector Mario Martínez, admitió haber recibido varias denuncias, pero aún estaría investigando si los delincuentes de uniforme son subordinados suyos o si pertenecen a la Policía Nacional. Por de pronto, pretende que los afectados identifiquen a los particulares malandrines que “regulan” el tránsito a cambio de dinero, en vez de ocuparse de detectar por sí mismo a los facinerosos agentes.
La operación delictiva es de conocimiento público, pero la Dirección de Tránsito de la Municipalidad encarnacena espera que la ciudadanía colabore con ella, en vez de actuar con la premura que el caso exige. Los comerciantes locales han de saber que esta desgraciada consecuencia del doble control fronterizo afecta seriamente sus propios intereses, en la medida en que puede ahuyentar el turismo de compra. Les conviene, pues, instar al intendente municipal, Luis Yd, a que intervenga la dependencia en cuestión para limpiarla de bribones y de inútiles. Es de suponer que el jefe comunal sabe que los hechos denunciados perjudican la imagen de la ciudad y, por extensión, la actividad económica y los ingresos municipales, de modo que no debe quedarse con los brazos cruzados.
También la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) tiene un buen motivo para inquietarse, si es que desea que el Paraguay sea visitado, tanto para admirar sus bellezas naturales como para adquirir productos. A los turistas no les gusta ser esquilmados y ni qué decir cuando entre sus victimarios figuran agentes de tránsito o de la Patrulla Caminera, de modo que la Senatur debe exhortar al Poder Ejecutivo a que la Dirección General de Migraciones acate el referido convenio del Mercosur para evitar, entre otras cosas, que las grandes molestias que causa su incumplimiento sean tan vilmente aprovechadas.
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Por lo demás, los propios encarnacenos harán bien en reclamar que se facilite la libre circulación de las personas entre su ciudad y Posadas, ya que ella responde al espíritu de integración regional y a la creación de empleos. Por de pronto, la actuación de los rufianes debe ser reprimida cuanto antes, de acuerdo a la ley, para que nuestros futuros visitantes se sientan seguros y los paraguayos decentes no tengan que avergonzarse.