La auditoría interna dispuesta por el nuevo defensor del Pueblo, Miguel Godoy Servín, ha revelado que su antecesor, Manuel Páez Monges, durante sus trece años de lamentable desempeño, incurrió en presuntas graves malversaciones y en derroches mayúsculos. El hecho de que un comisionado parlamentario, que tiene la noble misión constitucional de precautelar los derechos humanos, canalizar los reclamos populares y profesar los intereses comunitarios, haya malgastado más de 110 millones de dólares indemnizando muchas veces a quienes no fueron víctimas de la dictadura, y viajando con suma frecuencia al exterior para asistir a seminarios irrelevantes, muestra hasta qué punto de degradación moral se puede llegar cuando la conducta en el ejercicio de un cargo público está regida por la codicia desaforada.
Parte de lo que acaba de revelarse ya fue denunciada el 18 de septiembre de 2012 ante el Ministerio Público por la delegada del organismo, Norma Ferreira, según la cual Páez Monges había autorizado el pago de varias indemnizaciones “a sabiendas de que los expedientes contenían documentos adulterados y testigos falsos”, causando al erario un daño patrimonial de 4.160 millones de guaraníes. Huelga apuntar que la agente fiscal Liliana Alcaraz, en cuyas manos cayó el expediente, nada hizo al respecto, tanto que el nuevo defensor del Pueblo solicitará que ella no intervenga en una nueva denuncia a ser presentada. Si al Ministerio Público le importó un bledo que Páez Monges se haya prestado a las maniobras fraudulentas, acaso estimulado por una participación en los beneficios, la Contraloría General de la República omitió verificar, aunque sea en forma aleatoria, el funcionamiento de lo que se habría convertido en una repugnante industria para hacer dinero bajo el manto de los derechos humanos, y en la que incluso participaron, según la reciente auditoría interna, algunos torturadores de la dictadura, que llegaron al colmo de embolsar entre 140 y 230 millones de guaraníes, ocupando el lugar de sus pobres víctimas. Aparte de que se perjudicó al fisco por la violación de la letra y del espíritu de las leyes N° 838/96 y 3603/08, entre otras, allí se escarneció miserablemente la conciencia moral del país.
Ni el Congreso ni la Contraloría vieron lo que ocurría en un órgano encabezado por un exintendente del stronismo, que jamás se había ocupado de los derechos humanos. La Contraloría solo realizó un examen especial de la ejecución presupuestaria durante los dos primeros cuatrimestres de 2015, constatando que se abonaron salarios por más de 87 millones de guaraníes a funcionarios y contratados que no habían registrado ni su entrada ni su salida del lugar de trabajo, que se pagó a una confitería 18.395.000 guaraníes por bienes y/o servicios recibidos por un valor de solo 6.148.000, y que se pagaron en exceso 8 millones de guaraníes por obras realizadas en la sede de la Defensoría, que “se cae a pedazos”, según el nuevo comisionado parlamentario.
“Minucias” similares, repetidas a lo largo de los años, debieron de costar mucho dinero a los contribuyentes, sin que desde luego deba excluirse que se hayan cometido malgastos mucho mayores en cuanto a contrataciones y a pagos al personal.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El presupuesto vigente de este órgano tan inoperante asciende a 10.770.082.161 guaraníes. El flamante defensor ya pidió a la Cámara de Diputados la friolera de 24.000 millones de guaraníes adicionales para comprar motos y vehículos, así como para estimular al personal aumentando su salario. Entre quienes no ganan ni siquiera el mínimo legal habrá muchos planilleros, así que la mejora salarial podría lograrse prescindiendo de esos parásitos, incorporados en mala hora por obra y gracia del prebendarismo reinante. El abogado Godoy Servín halló, según sus propias palabras, “funcionarios anestesiados por la falta de compromiso, que venía de la misma cabeza”. Páez Monges percibía 25.258.900 guaraníes mensuales, incluidos los gastos de representación. La ampliación presupuestaria solicitada también afecta a pasajes y a viáticos, ya que de los más de 109 millones de guaraníes previstos para este año solo se dispondría hoy de 300.000 guaraníes. Aunque parezca increíble, el nuevo defensor informó que cada año se realizaban 170 viajes al exterior, así que se entiende que la Comisión Bicameral de Presupuesto haya sugerido que quienes nada hacen por la ciudadanía reciban el próximo año solo 3.338.000 guaraníes para conocer el mundo.
Tras la infame gestión de Páez Monges, cuyo mandato ya había vencido en 2008, cabe exigir que el Ministerio Público cumpla con su deber de dar trámite a la denuncia efectuada por su reemplazante, para que tanta deshonestidad sea castigada por la ley como corresponde y no ignorada como tantas otras que caen en el ámbito de dicho organismo de control. También se impone que la ciudadanía reclame que la Defensoría esté a su servicio para justificar su existencia, y que la Contraloría también audite las indemnizaciones, en especial aquellas otorgadas pese a la oposición de la Procuraduría General de la República.
Los vergonzosos hechos que salieron a la luz ameritan que los ciudadanos y las ciudadanas salgan a las calles a exigir que los facinerosos que se aprovechan de los organismos estatales sean barridos de ellos y vayan a parar a la cárcel, porque el simple anuncio de “vamos a investigar” por parte del Ministerio Público, sin resultado posterior alguno, no les mueve ni un pelo a los bandidos.