La minuta presentada por el concejal municipal asunceno Martín Arévalo en el seno de la Junta capitalina en la cual solicita la supresión de una dependencia que allí denominan “Defensoría y Vice Defensoría Municipal”, posee fundamentos históricos y administrativos suficientemente fuertes como para que se la estudie en serio.
Por de pronto, es fácilmente verificable, atendiendo solamente la experiencia proporcionada por el paso del tiempo, que dicha oficina, creada en tiempos del intendente Carlos Filizzola con el nombre de “Defensoría Vecinal”, nunca sirvió para la finalidad que se estableció como justificativo, a saber, constituirse en el instrumento de defensa de los habitantes de la ciudad contra eventuales arbitrariedades, abusos, malos manejos administrativos o procesales de las autoridades y funcionarios de la Comuna. Es decir, quiso ser una copia en pequeño de la Defensoría del Pueblo y lo que resultó fue, en realidad, casi lo mismo, pero en sentido más negativo.
En efecto, así como sucedió con la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Vecinal (posteriormente rebautizada “Defensoría Municipal”) se convirtió rápidamente en otra oficina burocrática más para ubicar las poltronas de políticos desocupados, para exconcejales o exfuncionarios amigos o correligionarios de esos a los que hay que beneficiar con algún salario. Pero estos, a su vez, comenzaron a llenar su inoperante organismo con funcionarios y contratados sin trabajo ni futuro, esos buenos para nada que reciben prebendas en pago de sus adhesiones o servicios electorales.
Muy pronto sucedió que las bancadas partidarias comenzaron a disputarse el privilegio de nombrar a su candidato para el puesto, asunto que pareció zanjarse con una solución típicamente paraguaya: crear otro cargo; en este caso, inventaron un cargo de “vicedefensor”, de modo que así la mayoría designa al defensor y la segunda fuerza electoral al vicedefensor. No importa, por supuesto, que ninguno de los dos tenga absolutamente nada en qué trabajar ni de qué ocuparse.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los vecinos que todos los días están afectados por los diversos problemas que surgen en la existencia cotidiana dentro de la ciudad, problemas que se emplearon como justificativo de creación de esa oficina hace ya alrededor de un cuarto de siglo, han recurrido en mínima cantidad a esa dependencia. ¿Por qué? Simplemente porque muy rápidamente se dieron cuenta de que no funciona, no sirve, no actúa, no se enfrenta a las situaciones ni a las autoridades ejecutivas a las que no quiere incomodar. Es, simplemente, otra oficina burocrática donde uno puede presentar papeles y más papeles, para recibir a cambio una contraseña y se armen carpetas de archivo que van a ir a dormir a esos cajones municipales adonde mueren las denuncias, protestas y quejas.
El problema mayor es que esta inútil dependencia insume nada menos que unos 2.370 millones de guaraníes de los recursos comunales, dilapidados en salarios, instalaciones y gastos de “funcionamiento”. Un verdadero clavo para los contribuyentes asuncenos, a quienes les vendría muy bien que esos fondos fuesen destinados a tantas otras finalidades de interés general de las que tan necesitada de solución está la ciudad de Asunción.
Así como están las cosas, la tal “Defensoría Municipal” no tiene razón de existir. La Ley Orgánica Municipal atribuye a las asociaciones vecinales o ciudadanas la promoción o la defensa de sus derechos. Su Art. 66 establece: “Las municipalidades promoverán la participación de los habitantes del municipio en la gestión municipal y el desarrollo de las asociaciones ciudadanas para la realización de actividades de interés municipal, que serán reglamentados por Ordenanza, conforme a lo que establece la Constitución Nacional y las leyes que regulan la materia”.
Con esta disposición es suficiente para entender que si los vecinos pueden organizarse para promover la mejor gestión municipal, con tanta mayor razón podrán hacerlo para defender sus derechos contra la mala gestión. Es lógica pura.
Lo más lamentable es que los habitantes de Asunción que ven vulnerados sus derechos, sea por otros ciudadanos, sea por la misma Municipalidad, no tienen adónde ir a reclamar. O, mejor dicho, tienen un montón de oficinas, despachos y mesas de entrada donde presentar sus papeles, aunque con la seguridad de que nunca más volverán a saber algo de ellos.
¿A quién recurrir, por ejemplo, cuando a cualquiera se le ocurre instalar altavoces en la vía pública o para fiestas y conciertos en predios particulares, plazas, paseos, avenida Costanera o donde fuese, y se dedica a atormentar a barrios enteros por el tiempo que se le antoje o le convenga? A nadie. ¿Qué hacer cuando en esos días y horas cualquiera clausura una entrada residencial con su vehículo mal estacionado; o los que utilizan las veredas; o los que abusan de todas las maneras y violan simultáneamente media docena de reglas de tránsito o de buena convivencia ciudadana?
El hecho cierto y evidente es que, por ejemplo, la Municipalidad de Asunción no existe desde el viernes a la siesta hasta el lunes a la mañana. La ejecución de sus leyes se suspende, la autoridad se esfuma. En ese lapso, Asunción es tierra de nadie. Visto y experimentado esto, qué bien vendría el dinero que se derrocha en esa burocracia parásita e inútil como la Defensoría y Vice Defensoría Municipal para invertirlo en una oficina de guardia que trabaje los fines de semana, a la cual los vecinos asuncenos, a cualquier hora, pudieran recurrir telefónicamente en demanda de auxilio y reciban una respuesta eficiente de inmediato.
Es momento oportuno, entonces, para que los señores concejales asuncenos tomen en serio la minuta del concejal Arévalo, se decidan a eliminar la tal Defensoría Municipal y se pongan a trabajar por la ciudadanía capitalina para proteger sus derechos e intereses, que para eso fueron elegidos.