Mientras el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) se debate en medio de una alarmante precariedad por la falta de camas, insumos, reactivos, entre otras carencias, los hospitales públicos y privados, así como los centros asistenciales comunitarios, siguen recibiendo a innumerables pacientes aquejados no solo de la enfermedad del dengue, sino también de otras dolencias transmitidas por el mosquito “Aedes aegypti”, como chikunguña y zika. Este insecto maldito no da tregua y encuentra ambiente propicio en los lugares de inundación, donde existe una total desidia respecto al tratamiento de basura, que en contacto con el agua no solo se descompone, originando olores nauseabundos, sino que, además, se constituye en caldo de cultivo para la aparición de nuevos criaderos de mosquitos, favoreciendo finalmente que la situación vaya de mal en peor. Y en este caso no solo cabe responsabilizar del problema a las autoridades, sino también a los propios damnificados, a quienes con frecuencia se los ve sentados panchamente mientras sus hijos juegan en medio del basural circundante, que ellos muy bien podrían haber acondicionado en algún lugar hasta que pasara el camión recolector.
Datos emitidos por el Ministerio de Salud dan cuenta de que en el año 2015 fueron confirmados alrededor de 17.000 casos de dengue. A pesar de ello, se habla de un subregistro cuyas cifras apuntan a más de 60.000 casos.
Con relación a los reportes de enero de 2016, solo los centros asistenciales de Capital y Central mencionan un promedio de entre 200 y 300 personas atendidas diariamente por síntomas de la enfermedad. Estamos, así, ante una nueva epidemia de dengue que reclama de las autoridades gubernamentales que se hagan eco de la alarma epidemiológica a nivel país. Romina Morínigo Fernández, joven horqueteña de 22 años, se ha convertido en una nueva víctima del dengue, y, así como ella, otros también han sucumbido; lo peor es que la población seguirá su curso de padecimientos y muchos más sufrirán las consecuencias de la enfermedad.
Lamentablemente, ante la apremiante situación, y como siempre ocurre, se actúa a última hora y a los tumbos, teniendo en cuenta que la cartera de Salud, hoy a cargo del ministro Antonio Barrios, así como otras tantas instituciones del Estado, se han caracterizado por “apagar incendios”.
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Desde todo punto de vista, una decisión inteligente en materia sanitaria es y será siempre la prevención, y más todavía cuando se trata de la salud de las personas.
Es necesario que la enfermedad del dengue y las inundaciones que han obligado a miles de compatriotas a dejar sus hogares sirvan para realizar una sana reflexión y, luego, emprender una acción conjunta a nivel país, ya que sin duda estamos frente a una responsabilidad compartida. En efecto, buena parte de los problemas que plantea el dengue son achacables a la desidia y falta de prevención de las autoridades, pero el resto de la responsabilidad corresponde a la ciudadanía, que debe cambiar su hábito de convivir con la suciedad y otros factores que contribuyen a la propagación del mosquito vector, el Aedes aegypti.
En consecuencia, la lucha para evitar que esta enfermedad continúe matando gente debe provenir tanto de las autoridades como de una ciudadanía consciente de sus derechos pero también de sus obligaciones.