La señora Lucía Duarte de Garcete preside una fundación que dice prestar asistencia sanitaria y educativa a las Fuerzas Militares, comandadas por su marido, el general de ejército Luis Garcete. Como funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional, está comisionada desde abril de este año en la Agrupación de Defensa Ambiental, que depende directamente de la máxima autoridad institucional, es decir, de su cónyuge. Allí percibe como auxiliar administrativa 3.500.000 guaraníes mensuales, pero en realidad hace oficina en la sede del Comando de las Fuerzas Militares, donde dirige una organización no gubernamental (ONG) y tiene como secretarias a una teniente y a una sargento. O sea que la señora tiene su sede donde no debe y cobra por lo que no hace, sin que ello, además, le impida dedicar una parte de la jornada laboral a sus asuntos privados. ¿Cómo explica la dueña de la Fundación Nuestra Señora de la Asunción (FUNSA) que ella opere en una entidad pública, valiéndose de sus recursos humanos y materiales? Se limita a invocar un decreto que, en el caso de existir, sería desde luego ilegal. Esta “activa” funcionaria tiene también antecedentes en materia de planillerismo, ya que cobraba sueldos de los Ministerios de Educación y Cultura y de Defensa Nacional mientras residía en el Brasil desde 2008 hasta 2010.
Desvirtuando los objetivos genéricos de esas entidades, muchas ONG han sido creadas en los últimos años exclusivamente para que sus directores vivan a costa de los contribuyentes, pero normalmente no se instalan en un organismo estatal, partiendo justamente de su carácter “no gubernamental”. De ser ciertos los dichos de la esposa del comandante de las Fuerzas Militares, también las fundaciones María Auxiliadora (Ejército), Virgen de Loreto (Fuerza Aérea), Stella Maris (Armada) y San Jorge (Caballería) se valdrían de bienes públicos, así como de oficiales y de suboficiales que están de hecho subordinados a la esposa de un alto jefe militar.
Se sabía que hay soldados y choferes militares que prestan servicios domésticos a sus jefes y a sus familias, pero no que sus cónyuges despachen los asuntos de sus respectivas fundaciones allí donde mandan sus maridos de uniforme. Además de confundir indebidamente los ámbitos público y privado, esa práctica implica que los comandantes violan el art. 14 de la Ley N° 1115/97, que en su inciso h) obliga a los miembros de las Fuerzas Armadas a “abstenerse de hacer uso del cargo o jerarquía para obtener facilidades personales de cualquier naturaleza o para encaminar negocios particulares o de terceros”. Al permitir que sus cónyuges instalen sus ONG en recintos castrenses están violando la taxativa prohibición, sin que les sirva de excusa que ellas brinden una “asistencia social”. No está de más recordar que el art. 18 de la misma ley dice que “la violación de los preceptos, de los deberes o de la ética militar son más graves cuanto más elevado sea el grado de quien los infrinja”. Las instalaciones militares son bienes afectados a un servicio público y como tales deben ser respetados.
Tampoco los oficiales, suboficiales y soldados pueden ser apartados de las funciones propias de su cargo y grado. Es obvio que solo deben recibir órdenes de sus superiores jerárquicos, entre quienes no se incluyen sus respectivos cónyuges. Si el personal militar no puede, en ningún caso, servir bajo el mando de otro de inferior antigüedad, según el art. 105 de la ley citada, mucho menos puede servir bajo el de un particular. ¿Cuál sería la sanción aplicable en caso de que un militar desobedezca a la esposa del comandante? Ninguna corresponde, porque la orden impartida por la misma será manifiestamente ilegal.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lo que ha venido publicando nuestro diario en relación con las actividades de la esposa del comandante de las Fuerzas Militares y el uso que realizaba del personal militar es denigrante para los uniformados, que están –o deben estar– al servicio “de la patria”, como gustan decir los propios jefes castrenses. La señora Lucía Duarte de Garcete hasta se dio el lujo de pasar revista a tropas formadas, según denuncias que recogió nuestro diario y que se evidencian en una fotografía. Esa práctica es reservada solo para los altos jefes y dignatarios, por lo que es de imaginar el triste sentimiento de impotencia que habrán sentido en esas ocasiones los militares que sufrían el escarnio.
En su proclama del 2 de febrero de 1989, el general Andrés Rodríguez invocó la “defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas”, que habían sido agraviados por el dictador durante décadas. Costó mucho restablecerlos, y la opinión pública ha venido reconociendo que las Fuerzas Armadas es uno de los estamentos que mejor se han adaptado a los tiempos democráticos. Pero por lo visto continúan vigentes algunos bolsones que recuerdan aquellas épocas nefastas. En este caso, se acentúa la gravedad cuando es el propio máximo jefe militar quien apaña tan oprobiosas prácticas.
Esta situación que se viene publicando –y de la que el general Luis Garcete es responsable– pone en ridículo a los uniformados y, por extensión, al propio Presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Las instituciones militares deben ser preservadas de toda influencia extraña para que se fortalezcan y se constituyan en verdaderos garantes de nuestra democracia.