El año pasado la mayoría de las corruptelas cometidas en las licitaciones fue obra de los gobiernos municipales, en el marco de la inversión de los recursos del Fonacide en infraestructura educativa y almuerzo escolar. En realidad, desde la promulgación de la Ley Nº 4758/12 esos recursos vienen siendo objeto del robo sistemático cometido por intendentes y concejales municipales ladrones en connivencia con particulares previamente digitados, que sobrefacturan sus ofertas. Muchas veces, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ni siquiera es informada de los llamados a licitación.
La triste experiencia enseña que, en este como en tantos otros casos, resulta ilusorio esperar que la Junta Municipal controle en verdad a la Intendencia. Raras veces toma en serio su atribución de juzgar la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria, tal como lo hizo la de Ciudad del Este cuando en 2017 rechazó la presentada por su intendente Sandra McLeod de Zacarías, pues no habría justificado el uso de unos 145.000 millones de guaraníes. Y bien, la jefa comunal fue “blanqueada” por el complaciente Tribunal de Cuentas, Segunda Sala –integrado por los abogados Arsenio Coronel, Amado Verón y Rodrigo Escobar–, al que recurrió basándose en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le había dado competencia exclusiva para revisar las cuentas de esa Municipalidad.
En este deplorable episodio no intervino, pues, la Contraloría General de la República, como no lo hace en los casos que afectan a aquellas entidades públicas que promovieron una acción de inconstitucionalidad para escapar a su auditoría. Esta institución, cuando puede ejercer su rol constitucional realizando algún “examen especial”, tampoco se muestra muy diligente, so pretexto de falta de recursos humanos y materiales. Asimismo, cuando comunica al Ministerio Público la presunta comisión de algún delito, la denuncia queda allí congelada. Conste que los agentes fiscales deben actuar de oficio cuando se enteran, por cualquier otra vía, de la presunta comisión de un delito de acción penal pública. Hasta la fecha, nunca una autoridad municipal electa ha sido condenada por actos de corrupción, es decir, ninguna ha sido responsabilizada personalmente con sus bienes –como corresponde– por los daños causados a la Municipalidad, tal como lo prevé la propia Ley Orgánica Municipal (LOM). Actualmente están procesados diecisiete exintendentes, pero ningún concejal ha sido tan siquiera imputado.
Ante tanto descontrol institucional, solo resta que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan su derecho de controlar de cerca a sus respectivas autoridades municipales y de participar en la gestión comunal, de acuerdo a la LOM. En las localidades pequeñas y medianas, sobre todo, es fácil saber si alguna obra fue o no realizada y, en caso afirmativo, en qué condiciones. Tampoco puede dejar de generar sospechas en los vecinos que el intendente y los ediles estén incrementado llamativamente sus respectivos patrimonios, visibles a simple vista. De hecho, la sociedad civil organizada puede y debe evaluar su desempeño de un modo más inmediato que la Contraloría y más allá de los documentos, cuyo contenido puede ser totalmente falso.
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La LOM establece que la Municipalidad está obligada a brindar toda información pública que haya creado u obtenido. Asimismo, dispone que las sesiones plenarias de la Junta Municipal sean públicas, que el orden del día sea publicado en murales un día antes y que las organizaciones ciudadanas puedan participar en las sesiones de las Comisiones Asesoras, aportando su opinión.
Es necesario, entonces, que los vecinos aprovechen las posibilidades que les ofrece la ley para controlar no solo a los intendentes, sino también a los concejales. Las municipalidades son un buen coto de caza de los corruptos, como bien lo sabía el impresentable hoy exsenador Jorge Oviedo Matto cuando en 2015, con todo desparpajo, reveló a los precandidatos a ediles de Asunción por su Partido Unace las posibles fuentes de ingresos ilícitos: “No es el sueldo ahí; ahí es barrido y limpieza, empresa encargada de recolección de basura, compra de útiles para oficina, compra de uniformes para los funcionarios de la Municipalidad, el que provee el combustible...”.
Todas estas decisiones suponen un proceso licitatorio que muchos intendentes y ediles desean realizar entre cuatro paredes, ocultándolo a los vecinos y a los órganos de control del Estado. Para impedir que derrochen o se enriquezcan ilícitamente y para desenmascararlos ante la opinión pública, conviene que la ciudadanía, incluidos los concejales que se sientan ignorados por sus pares o por el jefe comunal, apelen a los medios de prensa, formulando denuncias bien fundadas.
La difusión oportuna de algún despilfarro aprobado puede incluso impedir que se consume, como aquel de la compra de uniformes y zapatos para funcionarios de la Municipalidad de Asunción, cancelada tras la reacción ciudadana. En el interior no es imprescindible que se recurra a los medios de comunicación de alcance nacional, ya que también las radios comunitarias pueden actuar como voceras de los vecinos, siempre que estén al servicio de ellos y no de las ambiciones políticas de sus propietarios. Más aún, ellas tienen el deber de reflejar con prontitud y detalle las inquietudes de la gente del lugar, así que pueden ser un excelente instrumento de lucha contra la corrupción.
Dado que, por obvias razones, los funcionarios públicos bandidos odian la transparencia, revelar a tiempo sus canalladas puede evitar que se salgan con la suya. Si ya acaeció el hecho punible, la prensa –local o nacional– expondrá a la luz sus fechorías y obligará al Ministerio Público a cumplir con su obligación de perseguir a sus autores, cómplices y encubridores. Por tanto, es muy importante que los vecinos se interesen primero en lo que el Gobierno municipal haga o deje de hacer y que después den a conocer los desafueros de sus miembros por todos los canales a su alcance. El silencio solo beneficia a quienes defraudan la confianza ciudadana, dando pie a que sus atropellos continúen y se multipliquen.