14 de Enero de 2017

 

Depredadores invaden escuela para campesinos

En el municipio de Obligado (Itapúa), un grupo de supuestos campesinos ocupó parte de un inmueble de 2.040 hectáreas, perteneciente a la congregación religiosa Sociedad del Verbo Divino, en el que está ubicada una escuela que forma bachilleres agropecuarios. La historia de las reiteradas ocupaciones que afectan al inmueble de la congregación religiosa ya lleva diez años. Es un escándalo no solo que la propietaria legítima sea agraviada una y otra vez, sino también que los estudiantes, hijos de campesinos, no puedan ser instruidos para poder ganarse el pan con dignidad.

En el municipio de Obligado (Itapúa), un grupo de supuestos campesinos ocupó parte de un inmueble de 2.040 hectáreas, perteneciente a la congregación religiosa Sociedad del Verbo Divino, en el que está ubicada una escuela que forma bachilleres agropecuarios. Los alumnos y sus padres exigen el desalojo de los intrusos para que puedan empezar las clases, y se quejan de que el Ministerio Público no haya reaccionado ante los delitos de invasión de propiedad y robo de madera, entre otros, ya denunciados el año anterior. En ese entonces, las clases tuvieron que ser impartidas bajo custodia policial debido a la tensión generada por los usurpadores so pretexto de que en la finca habría “excedentes” fiscales. Ellos lo determinaron por su propia cuenta y, por tanto, se instalaron en una heredad en la que, aparte de la escuela, existen chacras experimentales, cultivos de eucaliptos y una reserva de bosque nativo.

Así de sencillo resulta violar la propiedad ajena y, de paso, impedir que los jóvenes campesinos sean capacitados. Los sinvergüenzas, que se las dan de “campesinos” sin tierra, no se detienen ante nada: ingresan ilícitamente en inmuebles que están siendo explotados, en reservas indígenas y hasta en establecimientos educativos, como si tuvieran todo el derecho del mundo. Claro que no lo hacen para cultivar, sino para depredar los montes, vender la madera aserrada y dirigirse luego a otros objetivos, a menudo bajo la conducción de líderes que emplean vehículos y el patrocinio de politicastros regionales de todo pelaje.

La historia de las reiteradas ocupaciones que afectan al inmueble de la congregación religiosa ya lleva diez años, sin que hasta la fecha hayan sido reprimidas conforme a la ley. Es un escándalo no solo que la propietaria legítima sea agraviada una y otra vez, sino también que los estudiantes no puedan ser instruidos para poder ganarse el pan con dignidad. Son hijos de auténticos campesinos que desean verlos progresar con el trabajo agrícola bien hecho. Pero resulta que unos bribones les impiden aprender un oficio, debido a la indolencia de quienes deben cumplir y hacer cumplir la ley.

No basta con que un juez haya dispuesto un amparo policial permanente, luego de que uno de los ocupantes haya fallecido en agosto pasado, ultimado por sus compinches en el curso de una disputa por la tierra ajena. Al contrario, la patética fotografía que muestra a un agente montando guardia ante la escuela ilustra más bien la inseguridad reinante. Los alumnos y los docentes no estaban siendo protegidos de un eventual ataque terrorista, sino de la rapacidad y de la violencia de unos facinerosos, a quienes el derecho de los demás les tiene sin cuidado, y sin embargo, siguen impunes, como si solo fueran unos niños malcriados que solo molestan un poco a los vecinos.

El indignante caso resume lo que desde hace largo tiempo está ocurriendo en el campo, mientras se recolectan firmas para que alguien siga en el poder o sea privado de él. La ciudadanía hará bien en movilizarse para que se vayan a sus casas... o a la cárcel.

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