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El diputado Édgar Acosta, expresidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), y el gerente general de Yguazú Cementos, Matías Cardarelli, plantearon que se actualice la Ley 3099/06, promulgada por el presidente Nicanor Duarte Frutos, que obliga a las empresas físicas o jurídicas que se dediquen a la fabricación de cemento a utilizar materias primas semielaboradas (clínker) de origen nacional. La ley se opone al art. 107 de la Constitución, que garantiza “la competencia en el mercado” y prohíbe la “formación de monopolios”. Además, resulta curiosa porque la propia INC se veía obligada a importar clínker cuando sus hornos de Vallemí dejaban de funcionar por falta de fuel oil.
El monopolio a favor de la INC, resuelto por un Congreso populista e implantado por un Poder Ejecutivo de igual índole, se habría originado a raíz de la intención de la firma Concret-Mix, propiedad del empresario paraguayo José Bogarín (+), de instalar en la zona de Vallemí una planta de producción de cemento a partir de la molienda de clínker importado, de menor costo que el producido por la INC en su obsoleta planta. A tal efecto, la empresa Concret-Mix habría obtenido la promesa del presidente Raúl Cubas de que la ANDE extendería una línea de transmisión de 66 kV hasta el asiento de la planta para accionar los molinos de clínker, y las instalaciones complementarias para la producción y comercialización de cemento, a partir de la materia prima semielaborada importada: el clínker, cuyo costo de producción podría ser hasta la mitad más barato que el de la ineficiente INC.
Dado que en aquel entonces el consumo de cemento pórtland a nivel país era considerablemente inferior al actual, la competencia de Concret-Mix hubiera arruinado a una de las gallinas de los huevos de oro con la que se enriquecían los gobernantes de turno y los políticos desde los tiempos de la dictadura stronista. Para impedir que ello sucediera, los consejeros del presidente de la República se hicieron los pillos, convenciéndole de que no se le podía negar al sector privado el derecho de montar una fábrica que daría trabajo a centenares de personas, pero sí obligarle a comprar clínker de la INC, a precio prohibitivo. Así, el cemento le resultaría tan caro, o más, que el producido por la deficitaria empresa estatal, con lo que esta se salvaría del colapso. A tal efecto, el presidente Duarte Frutos impulsó la aprobación de la ley referida, que estableció el inconstitucional monopolio de la INC.
La irritante ironía es que con el paso del tiempo la inconstitucional medida pasó a regir solo para las empresas privadas, pero no así para la pública. En efecto, ante la creciente demanda de cemento en el mercado de la construcción y la incapacidad de producir suficiente clínker en su vetusta fábrica de Vallemí, la misma INC se vio en la necesidad de importarlo regularmente de países vecinos a fin de satisfacer la creciente demanda.
En verdad, resulta mayúsculo el daño que ocasiona a la economía del país esta nefasta ley proteccionista, concebida a contramano de las normativas del Mercosur y de la Organización Internacional del Trabajo, a la cual está adherido el Paraguay. Tenemos hoy el cemento más caro de la región y sufrimos su recurrente escasez, lo que nos obliga a importarlo. Y conste que en el Alto Paraguay hay materia prima de primera calidad, suficiente para mil años de consumo nacional, según la estimación de expertos.
Para que haya un mayor crecimiento económico, el Gobierno debe impulsar políticas públicas favorables a las transformaciones estructurales, económicas y jurídicas que aseguren un marco atractivo para la inversión extranjera directa, sin la cual el país seguirá dependiendo de la producción y exportación de commodities. Debe facilitar el dinamismo económico del sector privado, que es el que produce la riqueza. Sin duda, puede intervenir en la economía, pero solo para subsanar las fallas del mercado o nivelar el campo de juego en pro de la libre competencia y nunca para favorecer a algún sector en perjuicio de otro. No se debe intentar crear y modelar mercados por decretos.
Por esta razón, el próximo Gobierno tendrá la ardua tarea de restaurar la confianza de la gente en las instituciones públicas. Entre las muchas urgencias que esperan la atención de las futuras autoridades está la derogación de la nociva e inconstitucional Ley 3099/06, creadora de un anacrónico monopolio del suministro de clínker a favor de la INC, que como peso muerto lastra el auge de la construcción en nuestro país.