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Las publicaciones de prensa sobre una licitación pública del Instituto de Previsión Social (IPS), fraguada para beneficiar a dos empresas de seguridad del famoso exdiputado José Chamorro, fueron seguidas por un presunto intento de soborno al periodista Juan Carlos Lezcano, y una orden del presidente Mario Abdo Benítez para “suspender” la inminente culminación de la corruptela. Esta última secuela debería conllevar, si tuvieran una pizca de vergüenza, las renuncias del presidente del Instituto, Armando Rodríguez, y de los miembros del Consejo de Administración, Edsel González (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), Julio César Velázquez (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Miguel Ángel Doldán (empleadores), Juan Torales (trabajadores) y Roberto Brítez (jubilados). Pero a estos indiferentes directores les importa un bledo que hayan sido desautorizados por quien cometió el error de nombrarlos, a partir de ternas propuestas por las entidades o instituciones representadas, porque no debían estar “bajo sospechas en ninguna circunstancia, bajo ningún proceso turbio que pueda existir”, como ahora reconoce Armando Rodríguez. Sin embargo, al estallar el escándalo, este había sostenido que “nosotros no tenemos ninguna razón para parar” (la licitación), restando importancia a las irregularidades denunciadas por otras empresas. Ni a Rodríguez ni a los consejeros les preocupó que la firma Security Service Technology S.A. (SST) haya sido denunciada por no pagar el seguro social de sus trabajadores, pese a los descuentos mensuales de sus salarios.
La designación de Rodríguez para su actual cargo es responsabilidad exclusiva de Mario Abdo Benítez. Las de los consejeros Edsel González y Julio César Velázquez tuvieron que haber sido sugeridas, según la Carta Orgánica, por los ministros de Salud Pública y Bienestar Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, respectivamente. Rodríguez y González llegaron al IPS de la mano del actual ministro de Hacienda, Benigno López, cuando este presidía su Consejo de Administración; Velázquez recibió su prebenda gracias a algún importante favor político hecho al Presidente de la República. O sea que, de hecho, todos ellos fueron nombrados por sí y ante sí por quien ahora debe de estar muy arrepentido por tamaño despropósito.
Como señalamos en un editorial anterior, poco puede esperarse de los consejeros que representan a instituciones del Estado porque provienen de lugares donde imperan la corrupción y la impunidad. Pero era de esperar otra cosa de los consejeros que representan al sector privado. Lamentablemente, no se han distinguido por defender el dinero de sus representados. Llama la atención que las organizaciones a que representan –las entidades empresariales, los sindicatos, los jubilados– nunca les hayan exigido explicaciones ante la corrupción y el pésimo servicio reinantes en el IPS. Esta previsional es un antro de dejadez, mal servicio y negociados, lo que, aparentemente, les tiene sin cuidado. Estos consejeros actúan más como empleados del ente, sin duda porque se sienten bastante cómodos en sus poltronas, sesionando una vez a la semana y cobrando un salario neto de 32 millones de guaraníes mensuales, sin importarles en absoluto que los asegurados sufran carencias y maltratos. De modo que no resulta insólito, ni mucho menos, que los señores Miguel Ángel Doldán, Juan Torales y Roberto Brítez hayan prestado su acuerdo a un oscuro negocio que estuvo a punto de consumarse. Quienes propusieron sus nombramientos deben asumir la culpa que les corresponde.
Los gremios empresariales, sobre todo, suelen denunciar en voz alta las fechorías perpetradas en la función pública, pero no parece preocuparles cuanto ocurre en el IPS ni, en especial, lo que hacen o dejan de hacer sus representantes en el Consejo que, por cierto, cuenta con la friolera de 69 “asesores” asalariados. Sería interesante conocer qué papel cumplen estos numerosos “consultores” y sus respectivos currículos.
El consejero Miguel Ángel Doldán habría sido propuesto por la Asociación Rural del Paraguay; el eterno representante de los trabajadores Juan Torales por las principales centrales sindicales, mientras que en la ficha del mudo consejero Roberto Brítez, por los jubilados, aparece “S/profesión”, pese a que un consejero debe poseer una “reconocida versación (...) en Ciencias Médicas, Económicas, Financieras, Administrativas o de Seguridad Social”, según la Carta Orgánica.
En fin, mientras que al menos los verdaderos dueños del IPS no procuren estar bien representados en su Consejo, la entidad seguirá en manos de los impresentables del aparato estatal, confabulados con los del sector privado, ante la indiferencia o la complicidad de quienes deben velar por sus intereses.
Lo que ocurre en el IPS es lo acostumbrado también en otras entidades estatales. No hablemos ya de las binacionales. En muchas de ellas funcionan verdaderas asociaciones ilícitas para delinquir, con las que hay que barrer para limpiar el rostro de nuestro país, que sigue figurando en los primeros lugares en las encuestas internacionales de corrupción.