Acertadamente, la Cámara de Diputados ha resuelto postergar el estudio del proyecto de ley sobre armas de fuego presentado por el diputado Amado Florentín (PLRA). El motivo aducido por el proyectista como causal de la postergación de su estudio por un par de semanas es supuestamente la discrepancia de criterios existentes entre la Dirección del Material Bélico (Dimabel) –el órgano de control estatal de armas– y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que nada tiene que ver con el asunto, por ser su misión institucional enteramente diferente a la de aquella. Con referencia a la oposición de la Dimabel a su proyecto de ley, el diputado Florentín dijo desconocer el motivo.
Lo que sí hay que conocer es que, de convertirse en ley este desatinado proyecto, va a afectar a 7 millones de habitantes de la República. En el país deben existir centenares de miles de armas de todos los tipos: escopetas, revólveres, rifles, carabinas, pistolas, fusiles que los abuelos usaron en la Guerra del Chaco, etc., etc. Tradicionalmente, cada ganadero del Paraguay tiene en su estancia varias armas. De diez campesinos paraguayos, nueve tienen un revólver. Es fácil imaginar entonces el catastrófico impacto que esta “ley del miedo” va a causar a la gente en el caso de ser aprobada. De hecho, va a ser una ley de cumplimiento imposible, y por tanto inservible para la sociedad, que tendría que recorrer un vía crucis para tratar de cumplir sus difíciles disposiciones, engorrosas y burocráticas. ¿Cómo hará una persona de Bahía Negra, de Pozo Hondo y de otros lugares remotos del país para registrar su arma? Los menonitas, por ejemplo, tienen miles de armas de caza en el Chaco.
Una ley tiene que ser, antes que nada, útil para la sociedad; debe ser clara, fácil de cumplir y no onerosa. Todo lo contrario de esta que están por sancionar. Además, debe imprescindiblemente establecer un plazo de seis meses para el blanqueo general de todas las armas que no estén registradas. Hay que facilitar al ciudadano a cumplir con ella así como está. Esta va a ser más bien una formidable mina de corrupción para las autoridades encargadas de hacerla cumplir: los policías y los militares. Por supuesto, los bandidos van a continuar teniendo sus armas tranquilamente; los contrabandistas, ídem. A los traficantes de armas les importará un bledo porque simplemente les aumentará un poco la coima a las autoridades a las que hoy ya están coimeando. Es decir, que esta ley de armas va a joder al ciudadano honesto que quiere estar en la legalidad y va a facilitar condiciones para que la corrupción tenga otra importante fuente para la coima y el soborno.
De hecho, tanto aquí como en otros países los delincuentes que asaltan y matan en lugares públicos no tienen permiso de portación y tenencia de armas de fuego, ni muestran predisposición alguna para tenerlas. Les va a dar igual que el proyecto de ley del diputado Florentín sea aprobado o no. Vale decir, si se convierte en ley no va a servir para mejorar la seguridad pública. Como dice el conocido penalista César Beccaria, “el que desea cometer un delito no pide permiso para utilizar armas, mientras que la víctima se encuentra en desventaja manifiesta si la obligan a estar desarmada. Las leyes que prohíben o dificultan la tenencia y portación de armas de fuego tienen el contradictorio efecto de desarmar a quienes no están inclinados a cometer crímenes. Leyes de este tipo hacen las cosas más difíciles para los asaltados y más fáciles para los asaltantes. Sirven para estimular el homicidio en lugar de prevenirlo”. Este cuadro describe exactamente el escenario preconizado por el desubicado proyecto de ley del diputado Florentín.
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Cuesta creer hasta qué punto este legislador está ajeno a las tradiciones de la sociedad paraguaya para presentar semejante proyecto de ley, innecesaria, fantasiosa y atrabiliaria. El derecho a la defensa propia que tiene cada persona dentro de la sociedad nos lleva a la conclusión de que en última instancia el problema de la tenencia de armas de fuego no pasa por ser ellas potencialmente peligrosas, sino en que los malvivientes lo son. Los asesinos no reparan en leyes que prohíben el uso de armas cuando ellas existen.
Por razones institucionales y de sentido común, la oposición de la Dimabel al descabellado proyecto del diputado Florentín es pertinente. Por el contrario, lo que cuesta entender es el motivo del supuesto apoyo de la Senad al mismo. Habida cuenta de los escándalos de corrupción en que han estado envueltas ambas instituciones y otras del Estado no hace mucho tiempo con relación al tráfico y comercialización irregular de armas de guerra, cualquiera se sentiría tentado a sospechar que las raíces de la iniciativa del diputado liberal hay que buscarlas más bien en el terreno del crimen organizado trasnacional que maneja el negocio del tráfico de armas desde nuestro país, como se ha comprobado desde hace algún tiempo y que fueron denunciados en más de una ocasión por autoridades brasileñas.
En todo caso, de prosperar la iniciativa de este proyecto de ley con la aprobación por el Congreso, el presidente Horacio Cartes debe vetarla totalmente, evitando así peores quebrantos a la ciudadanía que los que supuestamente se propone evitar la mencionada normativa.