Un problema de fondo que carcome a la administración del Estado es que ninguno de los organismos creados con la finalidad de ejercer controles sobre la administración de recursos públicos consigue cumplir su misión con eficacia. O están en manos de amigos, o de corruptos o de ineficientes. O bien sus posibilidades de acción encuentran mil obstáculos, entre ellos algunas decisiones judiciales que las entorpecen. Otra modalidad de los administradores corruptos para mantenerse impunes es la recurrencia al amiguismo y al partidismo de algunos senadores, diputados y altas autoridades que están siempre dispuestos a “ayudar” al correligionario, aunque esté en falta y haya cometido delitos.
Más de sesenta intendentes se reunieron el miércoles pasado con la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados para tratar de convencer a sus miembros de que no autoricen intervenciones de las municipalidades bajo sospecha de mala administración “sin respetar el debido proceso”, según dijeron. Además, reclamaron “garantías” y pidieron que no se provoquen destituciones. En resumen, cualquier cosa menos enfrentar los controles, las auditorías y las intervenciones, si fuera el caso. Parece que estos intendentes, al estilo del diputado liberal Carlos Portillo, no se creen “gente común”.
Presidió esta delegación de munícipes “preocupados” María del Carmen Benítez, intendenta cartista de Ybycuí y esposa del diputado Tomás Rivas, imputado por hacer figurar a tres empleados suyos como funcionarios de la Cámara de Diputados. La misma ostenta también el título de presidenta de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, la famosa Opaci, una ONG que actúa como si fuese un organismo público y se enriquece ilegalmente con dinero proveniente de la prestación de un servicio que no le compete en ningún sentido, como es la concesión y renovación de licencias de conducir.
¿Qué les intranquiliza a estos intendentes, en su gran mayoría cartistas? Simplemente, que se intervengan sus administraciones y se averigüe qué hicieron con los fondos provenientes de Fonacide, de Itaipú y de las fuentes tributarias regulares. Hay personas para ellos impertinentes, que desean saber cuánto de todo eso gastaron en las campañas electorales, cuánto se metieron en los bolsillos y cuánto repartieron entre los prebendados. Que esto se investigue debe, en efecto, inquietarles mucho.
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Entre sus mejores argumentos figura que las intervenciones a las municipalidades deben estar precedidas por un dictamen favorable de la Contraloría General, lo que es cierto; pero sucede que muchos de los intentos de ese organismo son torpedeados por los que van a ser sus objetos de investigación, como ocurrió recientemente con la Municipalidad de Ciudad del Este, donde un intento de auditoría de la Contraloría de la gestión de la cuestionada intendenta Sandra McLeod de Zacarías está firmemente frenado con base en un muy discutible fallo de la CSJ.
Los intendentes amenazados de intervención quieren evitarla a toda costa. Es comprensible, porque tienen mucho que ocultar y no es el momento de perder la mamadera. Podrían resultar destituidos y hasta, eventualmente, imputados y procesados judicialmente, ellos y sus recomendados, ahijados, planilleros, operadores electorales y toda la gente supernumeraria que metieron por la ventana en sus administraciones.
Como se puede apreciar en iniciativas como estas, inequívocamente dirigidas a presionar sobre los diputados para que no resuelvan intervenciones para administraciones comunales con tufo fraudulento, lo que persiguen es simplemente esto: la impunidad. Y, para darle a su actitud una apariencia de corrección, emplean como pretextos, entre otros recursos retóricos, unos cuantos resortes efectistas como el principio de la presunción de inocencia, una conquista del Derecho moderno dirigida a proteger a las personas contra las arbitrariedades y que, al igual que muchas otras similares, es desvirtuada y empleada también para proteger a los bandidos. La cuestión ahora es cubrirse las espaldas ante esta especie de primavera judicial a la que estamos asistiendo y que es de esperar no se quede por el camino.
Esto es lo que fue a hacer a la Cámara de Diputados la gavilla de intendentes encabezada por la presidenta de Opaci e intendenta de Ybycuí. No les agrada la transparencia y les tienen terror a las intervenciones porque pueden dejar al descubierto sus trapisondas.
Entretanto, se informa que, a estas alturas del año, restan todavía unas 19 intendencias que no rindieron cuentas del destino asignado a royalties de Itaipú. Otras catorce tampoco dan cuenta de lo que recibieron de Fonacide. Algunas rendiciones fueron rechazadas. Por lo demás, hay un número elevado de municipalidades cuya intervención está siendo solicitada y otras que ya están en marcha.
La Contraloría tiene que meter una mano más enérgica en el control de los Gobiernos locales. No les vale a los intendentes invocar la autonomía municipal cuando están gastando fondos recibidos del Estado. El que administra dinero ajeno tiene la obligación de ser honesto y eficiente, y, por sobre todo, de rendir cuentas adecuadamente.
Es de desear que la Cámara de Diputados desoiga la impertinente petición de este grupo de intendentes que quieren abrir el paraguas antes de que caiga la lluvia de la Justicia sobre sus sospechosas administraciones.