Descarados

Los legisladores paraguayos, tanto senadores como diputados, manejan los recursos públicos asignados a su institución como si fuese dinero caído del cielo y, más que eso, como si fuese su propio dinero. Mas no solo el dinero sino también los puestos, los cargos, los privilegios y las canonjías que, en virtud de la autonomía institucional que les concede la ley, poseen la facultad de distribuirlos como se les antoje.

El caso específico de la diputada liberal “llanista” María Carísimo, que alquiló su voto al oficialismo cartista, es muy ilustrativo; debe servir como modelo y fiel fotografía del político que ingresa a esa profesión con el solo objetivo de enriquecerse y nada más que para eso, sin detenerse ante ningún obstáculo ni sentir ningún escrúpulo.

La susodicha metió en las planillas del Poder Legislativo a sus tres hijos, una nuera, un sobrino y una nieta. Solo esta parte de su parentela succiona a las arcas del Legislativo alrededor de 40 millones de guaraníes por mes. A esto habría que agregar los beneficios que percibe la propia diputada, cuyo salario es de 32 millones de guaraníes mensuales. Sin embargo, aquí no acaba la cuestión, porque otros parientes, que sumarían una docena, estarían repartidos en puestos de la administración pública, en el Instituto de Previsión Social, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en la Presidencia de la República, en la ANDE y en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El caso de María Carísimo no es una anomalía aislada. El parasitismo en la función pública se halla tan extendido que ningún organismo estatal puede crecer en funcionalidad y en eficiencia porque toda su savia es chupada inmisericordemente. Las campañas electorales, los votos en las sesiones legislativas y otros favores se pagan con puestos públicos, de manera que, con este sistema, ningún político en el poder tiene que pagar nada de su bolsillo.

Pero véase lo que implica esto en el campo de los legisladores. Cada senador y diputado percibe –como la Carísimo– un salario de alrededor de 32 millones de guaraníes mensuales, equivalente a 18 salarios mínimos. Esta cifra es neta, vale decir, no incluye los adicionales para asesores y otros servicios, gastos de representación, traslados, viáticos, ni el vale de cinco millones mensuales para combustible de sus vehículos particulares. Además, hacen viajes de placer a costa de Juan Pueblo, porque no son más que eso, ya que no aportan nada al quehacer legislativo. Según publicaciones de prensa, solamente en el mes de junio pasado los diputados viajeros gastaron casi 140 millones de guaraníes.

Y esto es sin cuantificar la carga que agregan los seguros médicos y odontológicos de primer nivel que se asignan a sí mismos, así como los costos que representan sus guardias policiales, choferes y otros empleados que perciben sus salarios de fuentes públicas. Y, por supuesto, las autoridades de ambas Cámaras reciben otro adicional más, solamente por serlo.

Los legisladores paraguayos no solamente son generosos consigo mismos y con sus familiares y allegados, sino también con los funcionarios de sus respectivas Cámaras, otorgándoles concesiones que los van convirtiendo en privilegiados de la función pública, compitiendo con sus pares de la ANDE, de las binacionales Itaipú y Yacyretá y otras instituciones estatales.

Entonces, la repartija, la prebenda, la actitud pródiga que asumen los políticos –particularmente, los legisladores– con los recursos públicos, es lo que hace que tanta gente inútil y mediocre, que no tiene manera de progresar con su trabajo y su inteligencia, opte por pugnar por esos cargos, dedicándose activamente a la política, degradándola a los ojos de la ciudadanía y convirtiéndola en una profesión de baja calidad y ninguna ética.

El asunto de la carísima parentela de la diputada Carísimo constituye, por sí mismo, otra grosera exhibición de injusticia e inequidad que se ventila en el seno del Congreso, en el que tantos escándalos ya surgieron. Y, de seguir el rumbo de los anteriores, el caso acabará olvidado después de que exploten otros “affaires” similares. Recuérdese el caso de José María Ibáñez y sus “caseros de oro”, en el que él y su esposa están acusados por estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicio de contenido falso y cobro indebido de honorario, expediente cuya audiencia preliminar fue impedida cinco veces por sus defensores, llevando el caso ya casi tres años, sin que pueda llegar a juicio oral.

No cabe duda de que la mayoría de los legisladores considera que los fondos públicos y otros recursos, como los empleos estatales, son bienes que les pertenecen como si fuesen privados, vista la facilidad con que se ponen de acuerdo para dilapidarlos a su antojo y conveniencia. El año pasado, una oportuna reacción ciudadana impidió que estos desfachatados obsequiaran a su funcionariado un triple aguinaldo, con lo que hubiesen contentado a unos centenares y excitado la protesta de cientos de miles que se hubiesen considerado, y con razón, injustamente discriminados.

Lo que estos dispendiosos parlamentarios olvidan –o no les interesa recordar– es que, si se les votó (por la trampa de las “listas sábana”), fue para que protegieran los intereses del país, y no para que se sirvan de sus cargos y votos para arrogarse remuneraciones que no merecen o para distribuir graciosamente entre sus allegados privilegios especiales que no son éticos, justos ni lícitos.

Personas como la diputada Carísimo y sus colegas Ibáñez y Víctor Bogado –que también fue acusado de tener una “niñera de oro” y prestanombres para manejar sus cuantiosos bienes– deben ser tenidos muy en cuenta y deben recordarse sus nombres porque seguro aparecerán de nuevo en las futuras “listas sábana”, ya que, no sería sorprendente que intenten continuar libando las mieles de la función pública electiva que tantos beneficios les provee sin tener que trabajar ni dar nada a cambio, excepto negociar sus votos.

Ya poco puede esperarse de nuestra sometida Justicia para poner en vereda a estos descarados que lucran con los recursos del pueblo. Solo resta la sanción moral que puedan darles los ciudadanos y las ciudadanas manifestándoles su repudio allí donde los encuentren, y, por supuesto, negarles sus votos en las próximas elecciones.