El paquidérmico funcionariado del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se ha convertido desde hace años en una fuente continua de escándalos. La cuestión va mucho más allá de episodios tan grotescos como el caso del “asesor” Manuel Radice que instaló allí a sus tres esposas, con sus respectivas madres y hermanas, o el de Porfirio Torales, chofer del titular de la institución, Alberto Ramírez Zambonini, que fue el coordinador general de las inscripciones realizadas en Madrid en septiembre de 2015. El problema de fondo es el notorio exceso de personal provocado por la intromisión de los políticos de todos los partidos, de modo que la responsabilidad principal por la enorme sangría que sufre el erario no recae tanto en el TSJE como en quienes han venido sancionando y promulgando una Ley del Presupuesto General de la Nación que incluye miles de cargos que solo sirven para que los “operadores políticos” vivan a costa de los contribuyentes sin prestarles ningún servicio.
El caso de la oficina del Registro Electoral de Luque –uno de tantos– ilustra la consabida superpoblación de funcionarios y contratados: son nada menos que 221, entre los que se cuentan 42 guardias de seguridad. Es obvio que si todos asistieran a su lugar de trabajo, por así decirlo, no habría espacio para albergarlos ni tareas que encargarles, y mucho menos para la gente que llega para inscribirse.
El fenómeno del “planillerismo” en las entidades públicas tiene que ver con que hay demasiados puestos inventados para el clientelismo, como lo demuestra la circunstancia de que el desempeño de la Justicia Electoral no sea afectado por la ausencia de quienes cobran sin asistir a la oficina o permanecer en ella. Es que, simplemente, están de más.
En realidad, el abundante personal superfluo no fue incorporado por el TSJE, sino por los politicastros de todos los colores que se han valido de los fondos públicos para mantener a sus allegados y a quienes habrán de apoyarlos en las campañas electorales. Naturalmente, ninguno de estos “punteros” fue nombrado previo concurso público de oposición o contratado solo para ciertos comicios generales o municipales. En última instancia, son sus jefes políticos los que se apropian del dinero de todos para pagarles el sueldo. Ellos sugieren ciertos nombres al TSJE y este, siempre obediente, los recoge con gusto, pues al fin y al cabo la designación de sus miembros responde solo al imperativo político-partidario que conlleva el correspondiente “cuoteo”.
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La repartija proporcional de cargos está prevista, incluso, en el art. 87 de la Ley Nº 635/95, que reglamenta la Justicia Electoral: “Las designaciones de funcionarios las hará el TSJE. De conformidad a la idoneidad y, en lo posible, con la proporción de bancas que los partidos o movimientos políticos tienen en la Cámara de Senadores”. Esta norma es inconstitucional porque viola el principio de igualdad ante la ley, en la medida en que de hecho excluye que un ciudadano idóneo pueda ser funcionario si no está afiliado a una agrupación política o si lo está a una no representada en el Congreso. Desde luego, esta absurda disposición, que apuntaría a garantizar un control recíproco, pero que en la realidad sirve para distribuir prebendas equitativamente, no puede ser invocada para justificar la existencia de tantos “servidores públicos” parasitarios. Según la norma citada, la proporcionalidad debería ser respetada aunque los cargos a ser repartidos fueran los estrictamente necesarios para la Justicia Electoral. Su presupuesto de este año, en que no habrá elecciones, asciende a algo más de 497.000 millones de guaraníes (cerca de 90 millones de dólares), de los cuales unos 346.000 millones corresponden a los servicios personales (sueldos, aguinaldos, gastos de representación, asignaciones complementarias, etc., etc.).
Desde su creación, la Justicia Electoral ha venido organizando, dirigiendo y supervisando unos comicios libres y transparentes, cuyos resultados han sido admitidos por todos. No es cuestión de retacearle ese notable aporte a la estabilidad democrática, sino de llamar la atención sobre los tremendos derroches en los que incurre por obra y gracia de los poderes políticos, sin olvidar tampoco las actuaciones vergonzosas de algún miembro de su máxima autoridad, como el citado Ramírez Zambonini, hoy imputado como cómplice en una causa por cobro indebido de honorarios.
Se ha dicho que la democracia es cara, pero la nuestra es costosísima, debido a que los legisladores y presidentes de la República que se han venido sucediendo han empleado la Justicia Electoral como un coto de caza de sus organizaciones políticas, solventado incluso por quienes no forman parte de ellas. Allí, sin que la Contraloría General de la República se haya dignado intervenir seriamente alguna vez para tratar de poner freno a tanto despilfarro, se ordeña al erario hasta extremos verdaderamente ridículos.
Por propia iniciativa, el Ministerio Público debería seguir hurgando en la administración del personal del TSJE, porque con toda seguridad tendrían que ser muchos los imputados por cobrar al Estado siendo unos vulgares “planilleros”. El Congreso, por su parte, podría suprimir o fusionar una gran cantidad de cargos permanentes y reducir considerablemente, por ejemplo, la suma de más de 107.000 millones de guaraníes hoy prevista para el personal contratado. Pero, en ese sentido, poca esperanza hay de que los legisladores estén dispuestos a sacrificar su gallina de los huevos de oro, es decir, la parte del presupuesto de la Justicia Electoral que les permite alimentar a la voraz clientela política, dispuesta a “trabajar” para los politicastros que la ubicaron, mantenida con dinero del pueblo trabajador.
Solo una movilización ciudadana firme y persistente, como la que una vez ya frustró un nombramiento masivo de operadores políticos en esa misma institución, puede poner fin a este descomunal derroche.